Las Delicias, el barrio santafesino que cumplió una década usurpado

Pasaron diez años de aquella mañana del 5 de abril de 2012, cuando un grupo de personas ocupó por sorpresa los chalet construidos por el Estado en barrio Las Delicias, al norte de la ciudad de Santa Fe, los que estaban casi listos para ser entregados. Desde entonces nada cambió. O sí. Porque muchos de los ocupantes vendieron en la ilegalidad las viviendas a nuevos ocupantes. Y muchos construyeron más ambientes o hicieron mejoras. Aunque alrededor no cuenten con ningún tipo de servicios ni infraestructura urbana. Es que el Estado está ausente. Se retiró ante el hostigamiento. Nunca resolvió el conflicto. Ni la gestión gubernamental anterior ni la actual. Por ello, Las Delicias es hoy una realidad incómoda.

A barrio Las Delicias se accede desde la avenida Aristóbulo del Valle al 9500, unos 100 metros al oeste. Se accede como se puede. Porque los mismos ocupantes abrieron la calle para llegar a sus hogares. Y esas calles son intransitables. De tierra, llenas de pozos, imposibles. Y sin iluminación. Los propios ocupantes les tiran piedras para tratar de emparejar el suelo. Misión imposible. Los autos van a paso de hombre. A los saltos. Y no entran taxis ni camiones repartidores.

Por ese motivo tampoco ingresan los camiones recolectores de residuos. Y los vecinos llevan sus desechos a una equina sobre Aristóbulo del Valle, en la que se acumula todo en un micro basural junto a un zanjón a cielo abierto. Foco contaminante.

Más atrás de allí, los chalet del Plan Federal de Viviendas se despliegan en seis manzanas con calles sin nombres. Se trata del Programa habitacional N° 6129. Un Plan Federal para la ciudad de Santa Fe. Ninguno de estos chalet está peor de lo que eran cuando se terminaron de levantar hace diez años. Más bien están mejor, con ampliaciones, nuevos muros, arreglos. Pese a la precariedad legal, pese a no tener escrituras, todos parecen haber progresado. Esto también se ve en los autos estacionados al frente de cada hogar.

Sin embargo estos vecinos no tienen ningún servicio de parte del Estado. Están "colgados" de la luz, con precarios cableríos que atraviesan las calles sostenidos por palos, a pocos metros de altura. Para tener agua hicieron perforaciones o utilizan interminables mangueras. Y tienen garrafas para el gas. Como no tienen escrituras ni papeles no pueden pagar ningún tipo de impuesto o servicios esenciales.

Ahora estos vecinos están preocupados porque sobre Aristóbulo del Valle están levantando un gran galpón industrial. "Por adentro de ese terreno pasan todos los cables que nos traen la luz", dice Claudia, una vecina del barrio. "Cuando terminen esa obra van a tener que sacar los cables, así que no se cómo vamos a hacer para no quedarnos sin luz".

A un costado de ese lote hay un campito con dos arcos de fútbol. Allí juega la pibada del barrio, que también va a un merendero comunitario. Después no hay nada más. Ni centro de salud, ni espacio cultural ni educativo. Nada. Lo más cercano es el Centro de Distrito Noreste, a unas seis cuadras. Es que el Estado se retiró de allí cuando los primeros ocupantes se encargaron de sacarlos "a los tiros", recuerdan hoy desde la Dirección de Vivienda.

Nuevos ocupantes

Es martes, es de mañana y hay poca gente en el barrio. Casi nadie. Una vivienda tiene un cartel de "Almacén". Allí atiende Soledad Moyano, madre de dos pequeños. Vino a vivir a Santa Fe hace tres años, cuenta. Vino desde Gral. Villegas, agrega. Hace cuatro que compró su casa y durante un año la acomodó para poder habitarla. La compró sin papeles, se entiende. No había opción.

"Nosotros queremos los papeles, queremos ser dueños de nuestras casas", dice Soledad, que confía en el concejal Juan José Piedrabuena. "Hace como dos meses que viene al barrio, se interesó en nuestra situación y va a gestionar para que nos den las escrituras", confía esta vecina.

Ahora son las 11.30 de la mañana. Piedrabuena sale de la Dirección Provincial de Vivienda, en San Luis al 3.100, en el centro de la ciudad. Acaba de entregar un pedido para que los actuales ocupantes de las casas pasen a ser propietarios. Todos los vecinos firmaron antes esa nota que recibió en sus manos Raúl Mendoza, el secretario privado del director del organismo, Edgardo Ragali.

"Yo me encontré con este problema caminando los barrios", dice el concejal Piedrabuena. "Y no me podía hacer el distraído. Así que escuché a los vecinos y redactamos un petitorio que ahora entregamos acá para que les resuelvan el problema".

Quieren ser propietarios

La nota dice que son familias "en estado de vulnerabilidad, sin vivienda propia" y sin "posibilidad de solventar un alquiler de una habitación". Con ello justifica "la necesidad de ejercer su legítimo derecho constitucional a una vivienda, habitando el complejo", al que describe como "abandonado, con obras paralizadas, con viviendas saqueadas e inhabitables, no siendo adjudicadas a familia alguna".

También habla el petitorio del "esfuerzo y dignidad" de los ocupantes, que "aun no cuentan con servicios indispensables como luz, agua potable, servicios sanitarios ni recolección de residuos". Y con ello justifica el pedido para que les entreguen las escrituras de las viviendas y pasen a ser propietarios.

Piedrabuena quiere que los vecinos "sean escuchados, que se desestimen las causas por usurpación y que reconozca su derecho a la vivienda digna, al acceso al agua potable, a la salud y a un medio ambiente sano". Habla de causas judicales porque aquella vez el tema excedió al gobierno de entonces y terminó en los Tribunales de Justicia.

Pero ni la Justicia pudo resolverlo. Hubo orden de desalojo. La que nunca se efectivizó. Pasaron los años. Una década. y la situación sigue igual.

Qué hizo el Estado

"El barrio sigue ocupado irregularmente desde el 5 de Abril del 2012 por grupos familiares vandálicos que manifiestan necesidad de vivienda", dicen desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Y recuerdan que en mayo de aquel año, "tras horas de negociación y hechos violentos", las trabajadoras sociales de la Dirección no pudieron relevar a las familias ocupantes. "Se pudo aportar como datos incompletos que los miembros oscilan entre los tres y seis integrantes por grupo familiar. La situación económica en su mayoría es inestable, trabajos esporádicos, changas y dependen de la ayuda del Estado".

"Predomina la ocupación compartida de familiares en situación de precariedad y la procedencia de diferentes barrios (Pompeya, La Chaqueñada y Guadalupe Norte)", dicen desde Vivienda.

Por otra parte, la Asociación Vecinal Nueva Santa Fe, Las Delicias, Dr Rene Favaloro, Altos del Valle, Guadalupe Noroeste y La Esmeralda presentaron una nota "denunciando y solicitando asistencia del Organismo Público debido a que suceden recurrentes hechos de inseguridad, así como violencia interpersonal y/o grupal, actitudes confrontativas, construcciones y ampliaciones irregulares en las viviendas, conexiones clandestinas de agua potable, presencia de basurales, faltantes de alumbrado público que genera zonas propicias a hechos delictivos", enumeran desde Vivienda.

Cómo se resuelve

Tras el pedido del concejal Piedrabuena, ahora la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo piensa realizar el relevamiento ocupacional de las viviendas, según se informó a El Litoral. Desde el organismo celebran que sean los propios ocupantes quienes esta vez lo solicitaron, como una muestra de buena voluntad, a diferencia de la histórica resistencia que pusieron.

Quizá un punto importante sea que no son los mismos ocupantes. Porque, como se dijo, muchas de estas viviendas usurpadas ya pasaron de mano en mano. Es decir que fueron vendidas.

Para poder realizar dicho relevamiento, y atendiendo a los antecedentes violentos, los representantes de Vivienda pedirán apoyo al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Dicho relevamiento se llevaría a cabo la próxima semana. Y sería el primer paso para tratar de encontrar una solución a un problema que lleva una década en Santa Fe.

Santa Rita II, la contracara

Durante aquel 2012 también había sido usurpado el barrio Santa Rita II. Eran 180 viviendas listas para entregar. La usurpación perduró durante un año y medio. A diferencia del caso de Las Delicias, aquí el Estado pudo recuperar las viviendas. Las que finalmente terminaron en manos de quienes les correspondían.