Ordenan medidas de prueba contra "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

La causa judicial que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, sumó una resolución clave en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una serie de medidas de prueba tendientes a reconstruir de forma integral la situación económica y patrimonial del dirigente, a fin de determinar si existió un incremento desmedido e injustificado en sus bienes.

La decisión del fiscal se produce luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones resolviera que la causa quede radicada en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo. A partir de esa confirmación de competencia, el Ministerio Público Fiscal impulsó la instrucción para evaluar las inconsistencias detectadas entre las declaraciones juradas del titular de la AFA y el patrimonio atribuible a su persona o interpósitas personas.

El foco en su paso por el Ceamse y sus ingresos

La investigación penal se originó a partir de una denuncia formulada por el empresario Guillermo Tofoni, en la cual sostiene que Tapia habría registrado un incremento patrimonial "injustificado" durante los años en los que se desempeñó como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), cargo que ocupó entre 2016 y 2025.

Según la presentación que consta en el expediente, la evolución patrimonial declarada ante los organismos de control presenta saltos considerables en el período analizado:

• 2017: Tapia declaró cuatro inmuebles por un valor fiscal total cercano a los $17 millones, un solo vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones (equivalentes a unos US$ 43.000 de la época), lo que fue calificado en la denuncia como un "patrimonio acotado".

• 2019: El patrimonio incorporó cuatro inmuebles de mayor envergadura: una vivienda en San Isidro de 315 m² valuada en $15 millones (adquirida mediante "venta de activos"), un departamento de 291 m² en el barrio porteño de Caballito, una casona en Ingeniero Maschwitz de 280 m² ($12 millones) y un terreno de 2.430 m² en Campana ($10,9 millones).

• 2024: Las declaraciones juradas del dirigente registraron más de $1.002 millones en depósitos en múltiples entidades bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$ 246.206 en una caja de ahorro al tipo de cambio oficial.

• 2025: Se registró una drástica variación en los activos líquidos, figurando "cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios al momento de la presentación", al tiempo que incluyó siete propiedades y flota vehicular. Entre los bienes raíz de ese año, la querella destacó dos inmuebles en San Juan que presentaron valores fiscales que cayeron en lugar de actualizarse y pasaron de la categoría de bienes propios a integrar el conjunto ganancial.

Asimismo, la denuncia subraya que para ese último periodo Tapia consignó ingresos derivados de tres vínculos laborales simultáneos —CEAMSE, AFA y la vicepresidencia segunda de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)— por un monto total superior a los $818 millones anuales, más otros $200 millones adicionales. Para la acusación, estos montos no alcanzan a justificar un incremento patrimonial estimado en torno al 1.000% en ocho años, sugiriendo además la hipotética existencia de bienes no declarados.

Batería de medidas de prueba encomendadas

Frente a los elementos expuestos en el dictamen, la fiscalía ordenó las siguientes diligencias procesales:

• Levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero: Solicitud para acceder a la totalidad de las declaraciones juradas del investigado durante el período bajo sospecha.

• Informes de organismos públicos y privados: Requerimiento formal a la CEAMSE para precisar la totalidad de las remuneraciones abonadas a Tapia desde su ingreso; a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el historial patrimonial; y a la Dirección Nacional de Migraciones sobre las salidas e ingresos al país.

• Informes al sistema bancario y Conmebol: Pedido al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para identificar cuentas, giros o giros de divisas al exterior y operaciones con criptoactivos. Paralelamente, se cursó un exhorto a la Conmebol para que certifique las funciones desempeñadas por el dirigente y la totalidad de los montos liquidados bajo cualquier concepto.

La querella y la fiscalía aguardan ahora la recepción de los informes solicitados por el fiscal Pollicita al juez Ariel Lijo para avanzar en las pericias contables definitivas sobre la situación del mandamás del fútbol argentino.