La frustración por pagar caro un teléfono celular en la Argentina es el último gran insumo usado por los estrategas mileístas. Se instalaron en el imaginario de todos los usuarios de estos dispositivos -casi todos los argentinos- gestionando una ineludible manipulación emocional al prometer un acceso más barato a terminales de última generación, a menor precio.
¿Qué hacemos con Tierra del Fuego?
El salmón y los submarinos nucleares detrás de la baja de aranceles a celulares
El gobierno promete mejor tecnología a menor costo. Pero abre el dilema del impacto socioeconómico y geopolítico en "el fin del mundo".
En la nueva era del populismo digital, la decisión de reducir impuestos y aranceles a electrónicos importados, se acompañó en redes con fotos de Mayra Mendoza y Máximo Kirchner utilizando teléfonos y computadoras de marcas que no se ensamblan en Tierra del Fuego.
La baja de precios al mercado interno es una meta de íntima relación al cambio de régimen político y económico que la Casa Rosada promueve, en el año electoral. ¿Tienen razón quienes alegan que se destruye la industria nacional promocionada en Tierra del Fuego?
Alto costo, bajo beneficio
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino ha planteado que de los 6,6 millones de puestos de trabajo asalariados privados registrados en todo el país, 36 mil son de Tierra del Fuego y apenas 6 mil corresponden a la mal llamada industria electrónica.
"Es decir, la industria electrónica de la isla genera apenas el 0,1% del empleo formal en Argentina". El régimen de las ensambladoras, mirado en el espejo de Manaos en Brasil, se promociona desde 1972,; nunca logró escalar a la producción estratégica nacional.
Según Idesa, el centro de estudios que dirige Jorge Colina, "la contrapartida" son "15 millones de familias perjudicadas por tener que pagar precios más altos por los celulares".
Soberanía
¿Qué pasa si las ensambladoras se quedan sin posibilidad de competir con los importados? La Casa Rosada les habilitó por decreto la posibilidad de vender directo a consumidores continentales argentinos, plataforma mediante. Un paliativo que provocará previsibles quejas de las cadenas comerciales.
Como compensación y para sumar a la industria del turismo del fin del mundo, la Casa Rosada deja entrever proyectos que sumen inversiones y empleo, sin necesidad de costo fiscal al resto de los argentinos.
Allí despunta un muelle en el que haga base el ARA Almirante Irizar y se ofrezcan servicios a intereses norteamericanos, ya expresados al presidente Milei por el almirante Alvin Holsey, al frente del Comando Sur de los Estados Unidos,
Con piel sensible a la causa Malvinas, los fueguinos han levantado sospechas conspirativas por la pretensión norteamericana de usar el atracadero como base para submarinos nucleares que patrullen el paso interoceánico y nodo para la provisión de insumos de flotas que prestan servicios en la Antártida.
Semejante instalación necesitaría además un sistema de comunicaciones con antenas satelitales, que recelan las posiciones militares nacionalistas en el vecindario de Malvinas.
Medio ambiente
Mientras tanto, la artillería oficialista en las redes le reclama a Tierra del Fuego que levante la restricción legal para producir salmónidos. La provincia fue la primera jurisdicción en el mundo que prohibió por ley en 2021 la salmonicultura.
Según el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, entre enero y diciembre del año pasado, el vecino país exportó 782.076 toneladas de salmón y trucha, por unos US$6.371 millones.
Si la renta es alta, el costo es controversial. El Instituto de Investigación Marina de Noruega estimó que más del 50% de las truchas autóctonas fueron infectadas con "piojos de mar" por la industria salmónica.
En Chile, el informe más reciente sobre impactos ambientales es del Centro de Conservación Cetácea; ha advertido que la captura de kril en el Pacífico sur -incluso para alimentar a la salmonicultura noruega- amenaza el equilibrio oceánico y disputa alimentos a las ballenas.
Intereses y derechos
Las alternativas laborales y sociales incluyen controversias sobre la noción de soberanía ambiental o geopolítica, en la que los fueguinos están en el centro de la escena pero no son actores exclusivos ni excluyentes.
Tierra del Fuego está en derecho de decidir su propio marco legal, pero el resto de la Argentina no puede quedar ajeno si el régimen de beneficios fiscales -exención de IVA, diferenciales de impuestos internos y aranceles- le cuesta al país entre 1.000 y 1.100 millones de dólares por año, de acuerdo a los datos de propia Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).
Eso sin contabilizar el impacto a la productividad por la tecnología cara y obsoleta, o incluso el ambiental por ir y venir con logística contaminante desde los puertos de importación hasta las factorías en el fin del mundo, y vuelta a los centros de consumo.
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