Dirigentes ruralistas y políticos en tribunales por cortar rutas

Los titulares de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, y las dirigentes políticas María del Carmen Alarcón y Margarita Stolbizer, se presentaron esta mañana en los Tribunales de San Nicolás para tomar conocimiento de la causa en la que están imputados de haber participado de un corte en la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro.

A los imputados se les informó que la causa pasó ahora en manos del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, confirmó Llambías a la prensa, añadiendo que están dispuestos “a colaborar con la Justicia”.

También estuvo en San Nicolás el gobernador santafesino Hermes Binner en apoyo a estos dirigentes que están procesados por el delito de “obstrucción de caminos federales”, y además se movilizaron hasta esa ciudad el piquetero Raúl Castells y militantes del movimiento Pampa Sur, que lidera la ex diputada Alarcón.

Por su parte, Buzzi se mostró “preocupado por el modo de que se está tratando el tema” del paro agrario, que “es una protesta constitucional”. Minutos antes, Alarcón denunció que hay “una persecución política” contra aquellos que defienden los reclamos del campo. También consideró que el conflicto agropecuario se “judicializó” y las imputaciones que hizo la Justicia contra dirigentes y ruralistas están enmarcadas “en un transfondo político”.

Persecución

Los dirigentes tuvieron que presentarse esta mañana en los Tribunales de San Nicolás, donde fueron recibidos por el fiscal federal Juan Murray para tomar conocimiento de la causa por el corte de la Ruta Nacional 9, ocurrido el 19 de marzo último.

“Hay una persecución a dirigentes políticos. Eso es muy claro y me están coartando la libertad de expresión pública como dirigente”, opinó Alarcón. La referente de Pampa Sur apuntó que el “gobierno de Kirchner me echó” del Partido Justicialista “por defender los intereses de la provincia de Santa Fe”.

Alarcón observó que “no hay igualdad” porque la citan a ella y dirigentes de entidades rurales, mientras que el piquetero oficialista Luis D’Elía “no está procesado en nada, cuando ha cortado miles de calles y rutas”.

En tanto, Stolbizer rechazó las imputaciones de Murray y advirtió que esta intervención judicial tiene como objetivo “intimidar a la gente para que no acompañe la protesta del campo”. “No se ha cometido delito”, recalcó Stolbizer, quien habló con la prensa en su llegada al edificio judicial de San Nicolás.

La imputación

El fiscal Murray les informó a los dirigentes que están imputados del delito previsto en artículo 194 del Código Penal. Esa norma castiga la interrupción, estorbo o molestia del transporte de personas o mercaderías con penas que van de los tres meses a los dos años de prisión, con lo cual es excarcelable.

Además, fueron citados el intendente de San Pedro, Mario Barbieri, y su secretario de Gobierno, Juan Almada; la presidenta del Concejo Deliberante de ese partido, Norma Atrip, y dirigentes de la Cooperativa Agrícola de Ramallo, el titular de la Sociedad Rural de Baradero y un concejal de Ramallo. Todos ellos están imputados de participar del primer corte de la Ruta 9 a la altura del kilómetro 150, donde se realizó una caravana y un acto el pasado 19 de marzo. También se les achaca otro corte de rutas ocurrido el 29 de marzo.

La causa se inició por orden de la Policía Distrital San Pedro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El fiscal Murray comenzó a tomar testimonios a los efectivos y a los camioneros que adujeron ser víctimas del corte de rutas, mientras recolectó las fotos y videos de medios locales.