Qué propone el anteproyecto de "ley de libertad educativa” que impulsa el Gobierno nacional

El Gobierno nacional difundió este año -a través del sitio argentina.gob.ar- el anteproyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que busca reformar de manera integral el sistema educativo argentino y reemplazar la actual ley Nº 26.206 del año 2006. La propuesta, que aún no ingresó formalmente al Congreso Nacional, plantea mayor autonomía de las escuelas y de los directivos, priorizar el rol de las familias, crear “consejos de padres”, evaluación final en 5to año del secundario, cambios en la carrera docente y mecanismos de financiamiento asociados a la libre elección escolar, entre otros puntos.

Durante una charla realizada en Santa Fe, titulada “Hacia un nuevo paradigma educativo: fundamentos del proyecto nacional”, el docente, investigador y también asesor de la Secretaría de Educación de la Nación, Carlos Hoevel, sostuvo que el texto es resultado de “dos años de diálogo con las autoridades de las distintas jurisdicciones y docentes”, en el marco de políticas impulsadas por Nación como el Plan de Alfabetización y del Consejo Federal.

Hoevel describió un escenario de “crisis educativa” al hacer un repaso de los magros resultados de los alumnos en los exámenes estandarizados, habló de “escuelas desbordadas” -siguiendo lo que propone el sacerdote Zarazaga- y cuestionó el nivel de centralización del sistema. “Hace falta un cambio en las reglas de juego”, resumió Hoevel, para posteriormente pasar a explicar qué propone el proyecto con miras a desatar ese “nudo gordiano”, enfatizando que el Estado no debe “absorber” el derecho a educar, sino acompañar a la verdadera comunidad educativa -familias, docentes y directores-, que es donde realmente ocurre el “encuentro persona a persona” que define a la educación.

La exposición se realizó durante el 3er Congreso de Educación de Gestión Privada que se realizó el miércoles pasado en el Colegio Inmaculada de la ciudad de Santa Fe. Luego, el asesor del equipo educativo nacional respondió algunas preguntas de El Litoral sobre este proyecto que viene generando controversias.

-Uno de los conceptos del anteproyecto de ley, que usted desarrolló en la disertación, es la mayor autonomía escolar. ¿Qué plantea concretamente?

-La autonomía no significa que la escuela tenga que arreglarse sola, sino que hoy el Estado provincial gobierna prácticamente todos los aspectos de la escuela desde el ministerio. Un ejemplo muy claro es la elección de docentes. Actualmente se realiza a través de listados y puntajes que llegan desde la burocracia ministerial, y el director tiene que aceptar al docente que le llega.

Lo que propone el proyecto es devolverle facultades al director para que pueda participar en la elección del equipo docente, hacer entrevistas, conocer perfiles y opinar si ese docente encaja o no en el proyecto institucional. Eso no elimina los concursos docentes ni la intervención del Estado jurisdiccional, pero sí devuelve capacidades básicas de conducción. Si vamos a exigir resultados educativos, también tenemos que devolver las herramientas que permiten lograrlos. Hoy muchas veces se responsabiliza a las escuelas, pero no se les da margen real para construir equipos y sostener proyectos pedagógicos coherentes.

Financiamiento: entre necesidades reales y seguimiento del alumno

-Otro punto sensible es el financiamiento. ¿Qué cambia con el sistema que propone el proyecto?

-Hoy no hay demasiada claridad sobre cómo se distribuyen los recursos. Muchas veces una escuela estatal de un barrio de clase media, con mejores condiciones y menos alumnos por aula, recibe recursos similares o incluso superiores a una escuela vulnerable, que tiene el doble de estudiantes y más necesidades. La ley propone transparentar los costos y orientar los recursos hacia donde más se necesitan.

Por ejemplo, si queremos que un docente muy bien preparado vaya a trabajar a una escuela vulnerable con 40 alumnos, probablemente tengamos que pagarle más que a uno que trabaja en un contexto más favorable con 18 chicos. Eso requiere otra lógica de financiamiento. La idea es pasar a un esquema de “gasto inteligente” o “gasto responsable”, donde el dinero se asigne con criterios objetivos y visibles.

-El proyecto también habilita mecanismos como vouchers. ¿Cómo funcionaría eso?

-La idea es que el financiamiento pueda seguir al estudiante. Si una escuela tiene muchos alumnos en situación vulnerable, automáticamente debería recibir más recursos porque el dinero acompaña a esos estudiantes. Eso permitiría fortalecer a las instituciones que enfrentan mayores desafíos sociales.

También puede ocurrir que una familia quiera elegir otra escuela y no pueda hacerlo por razones económicas. Supongamos una escuela parroquial con una cuota de 20 mil pesos, relativamente baja para la clase media, pero aún así inaccesible para una familia vulnerable. Entonces surge la pregunta: ¿por qué el dinero que el Estado ya destina a ese estudiante no puede acompañar la decisión de esa familia? Ahí aparecen mecanismos como vouchers, becas u otras formas de financiamiento que amplían la capacidad de elección.

Laicidad y el rol de las familias

-En la charla usted habló de idearios y de proyectos educativos vinculados a convicciones espirituales. ¿Eso incluye enseñar religión en la escuela estatal?

-En el ámbito de las instituciones privadas, además del proyecto pedagógico, tiene un ideario. En las escuelas estatales no se puede establecer un ideario religioso, por supuesto. Lo que sí creemos es que ninguna escuela funciona sin algún marco cultural o pedagógico que le dé sentido. Por ejemplo, inspirados en metodologías como Montessori u otras tradiciones educativas, si es que un grupo de padres acuerda que eso es lo mejor para sus hijos. Eso no significa enseñanza religiosa. Lo que sí tienen derecho los estudiantes es a recibir formación religiosa por fuera del horario escolar, algo que ya ocurre en varias provincias.

-¿Qué rol tendrían los “consejos escolares de padres” que propone el anteproyecto?

-La investigación internacional muestra claramente que cuando las familias acompañan el proceso educativo, el rendimiento escolar mejora muchísimo. En muchas escuelas privadas existe una relación cotidiana entre padres y escuela. En la escuela estatal eso se fue perdiendo.

La propuesta recupera una tradición que existía desde la Ley 1420: los consejos escolares. No para que los padres gobiernen la escuela, sino para que tengan una vía institucional de participación. Por ejemplo, si hay un cambio de director o una decisión importante, los padres podrían expresar su opinión. Además, muchas veces los conflictos y situaciones de violencia aparecen porque no existen canales formales de diálogo. Estos consejos permitirían institucionalizar esa relación y generar ámbitos de participación más moderados y constructivos.

“Hoy la fragmentación ya existe”

-¿Darle más autonomía a las escuelas, podría llegar a profundizar la fragmentación educativa que ya existe en el país, dividido en 24 jurisdicciones diferentes?

-En realidad creemos que sucede lo contrario. Hoy la fragmentación ya existe porque los planes y decisiones burocráticas muchas veces no llegan efectivamente al aula. Entonces cada docente termina improvisando como puede y se pierde continuidad pedagógica. Lo que plantea el proyecto es mantener contenidos mínimos comunes nacionales -que garanticen unidad del sistema- pero permitir que cada escuela pueda construir un proyecto pedagógico propio y coherente. Si el director puede formar equipos y liderar un plan institucional sólido, hay más cohesión dentro de la escuela y menos fragmentación real.

-El proyecto también incorpora un examen nacional al finalizar el secundario. ¿Por qué consideran importante incluirlo?

-Porque la experiencia internacional muestra que los sistemas educativos con mejores resultados suelen tener algún examen de cierre de la secundaria. No se trata de volver a una lógica punitiva, sino de generar un objetivo claro para estudiantes, docentes y familias.

Hoy existen pruebas censales como Aprender, que son útiles para obtener diagnósticos, pero no generan motivación porque los alumnos las responden sin preparación previa. En cambio, un examen como el ENES puede transformarse en un incentivo para estudiar, prepararse y alcanzar una meta. En Italia se llama examen "di Maturità”, ese examen de madurez, donde uno se enfrenta a una instancia más completa del conocimiento que exige una preparación especial y va a motivar a docentes, alumnos y a las familias.

Además, puede ser una herramienta importante para estudiantes de sectores vulnerables. Muchos jóvenes de sectores altos ya tienen certificaciones internacionales o trayectorias más visibles. Este examen podría convertirse en una credencial valiosa también para quienes vienen de contextos más difíciles y necesitan demostrar sus capacidades para continuar estudios superiores o ingresar al mercado laboral.