Se cumplen 141 años de la Ley de Educación Común, gratuita y obligatoria

Cada 8 de julio, Argentina conmemora la promulgación de la Ley Nº 1.420 de Educación común, gratuita y obligatoria. Sancionada en 1884 bajo la presidencia de Julio A. Roca , esta normativa es ampliamente reconocida como la piedra basal del sistema educativo nacional.

Sin embargo, a 141 años de su implementación, un análisis profundo, como el realizado por Bernardo Carrizo y Juan Cruz Giménez, docentes e investigadores del Centro de Estudios de los Discursos Sociales (CEDIS) de la FHUC-UNL publicado en El Litoral, revela las complejidades y matices de su aplicación y alcance, especialmente en el contexto del federalismo argentino.

Un hito con profundos debates y construcción institucional

La discusión acerca de la Ley de Educación fue uno de los debates más intensos en la historia argentina. Las divergencias fundamentales se centraron en la necesidad de una Ley de Educación, su gratuidad y obligatoriedad de la escuela.

La Ley aprobada finalmente estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la Escuela Pública al alcance de todos los niños y niñas, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por Ley.

Carrizo y Giménez destacan que a partir de 1880, en coincidencia con la presidencia de Julio Argentino Roca, se produjo una acelerada y densa construcción institucional del sistema educativo tanto a nivel nacional como provincial.

Esta serie de acciones, que abordaron la educación como un terreno político, incluyó la creación del Consejo Nacional de Educación (1881), la realización del Congreso Pedagógico (1882), el establecimiento de escuelas normales y la creciente presencia de inspectores nacionales.

Todo esto culminó con la sanción de la ley N° 1420 el 8 de julio de 1884, lo que modificó sobremanera el tablero político-educativo.

El mito de la laicidad y el federalismo en debate

Una de las ideas más extendidas, y que Carrizo y Giménez ponen en debate, es que la Ley N° 1420 implementó la laicidad en toda Argentina. No obstante, la norma definía su injerencia solo para Capital Federal, territorios y colonias nacionales.

Desde la sanción de la Constitución de 1853, la administración de la educación elemental correspondió a cada provincia, lo que generó una heterogeneidad en cuanto a las regulaciones sobre el área educativa. Esta cualidad, según los autores, visibiliza uno de los rostros posibles del federalismo.

Observando más en detalle, poco tiempo después de la sanción de la ley nacional, provincias como Santa Fe, Córdoba y Salta hicieron explícita la presencia de la educación religiosa en las aulas. Del resto de las provincias, la mayoría no hacía referencia alguna, mientras que Entre Ríos y, años más tarde, Mendoza y Santiago del Estero, se inclinaron por la condición laica de la educación.

Santa Fe, pionera en educación común y diferencias con la norma nacional

En Santa Fe, hubo una férrea predisposición a abordar el área educativa que se tradujo en una secuencia de dispositivos normativos. Un primer decreto en 1866 y, pocos años después, la sanción de las leyes de educación de 1874 y 1876, antecedieron a una tercera en el mismo año de sanción de la Ley N° 1420.

Los instrumentos normativos santafesinos, desde el inicio, establecieron la obligatoriedad de la educación elemental (hoy asimilable a la primaria).

Si bien la ley santafesina, sancionada el 16 de diciembre de 1884 –casi cinco meses después de la nacional–, mantuvo ese criterio , declaró también "la necesidad primordial de formar el carácter de los niños por la enseñanza de la religión y las instituciones republicanas", respetándose las creencias de las familias ajenas al culto católico.

Este criterio expone diferencias respecto de la Ley Nacional N° 1420, que establecía la enseñanza religiosa por fuera del horario de clases. Para Carrizo y Giménez, esto demuestra que en Santa Fe no se corrobora la existencia de un "fiel espejo" respecto de los lineamientos nacionales laicos, lo cual exhibe las diferencias entre políticas estatales y la heterogénea resolución del vínculo entre los Estados provinciales y la Iglesia católica, un rostro presente al analizar la educación como campo político.

Coyunturas conmemorativas y tareas pendientes

La Ley 1.420, aunque crucial para la nación, es parte de una compleja y diversa historia educativa en Argentina. En estas líneas, Carrizo y Giménez buscan compartir impresiones sobre archivos y fuentes de la historia de la educación en nación y provincia.

Asimismo, plantean interrogantes sobre el espacio provincial que habitamos. Este año, el sistema educativo provincial de Santa Fe –a diferencia del nacional– está atravesando el 151° aniversario desde la sanción de su primera ley de Educación Común de 1874, una norma que aún es poco conocida y menos incluida en diseños curriculares de la formación docente.

Este dato, según los investigadores, parece pasar desapercibido. Poner en valor la historia de la educación santafesina se presenta como una tarea pendiente, pues ante cada pregunta, crisis e interrogantes sobre el campo escolar, se ratifica la necesidad de encontrar respuestas en la historia de la educación.

La provincia transita este año también los setenta y seis años de su última ley de educación, sancionada en 1949, lo que constituye otra tarea pendiente.