Educar en clave de reforma: se escucharon propuestas para actualizar la Constitución

El 14 de julio arrancan los 40 días corridos -que se podrán prorrogar por 20 más-, durante los cuales los convencionales constituyentes electos debatirán la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, vigente desde 1962. La norma tiene un capítulo específico destinado a la educación y algunos de los artículos a modificar son los N° 109, 110, 111, 112 y 113.

En ese marco, docentes y directivos de distintos niveles educativos, estudiantes secundarios y universitarios, supervisores, miembros de cooperadoras, especialistas y referentes de organizaciones de la sociedad civil, fueron convocados el miércoles pasado al ciclo "Conversaciones para la reforma del 25" que se lleva adelante en Demos Centro Cultural y de Estudios de la ciudad de Santa Fe.

Los participantes plantearon los desafíos, ejes primordiales y hablaron de la realidad de la educación santafesina desde su experiencia, con miras a "enriquecer" el debate que darán los convencionales. "La educación debe ser una responsabilidad indelegable del Estado, que debe encargarse del financiamiento, pero con la posibilidad de incluir otros aspectos nuevos", sostuvo el convencional constituyente y actual senador por La Capital, Julio "Paco" Garibaldi.

En primer término, la abogada Carolina Nini, especialista en derecho constitucional y con un seguimiento de los procesos de reforma, brindó un encuadre normativo y político del debate: "Una Constitución no es lo mismo que una ley. Una Constitución es un pacto social que enmarca y delimita la vida institucional, social, política de un territorio dado. En este caso, de nuestra provincia".

Terminología obsoleta

La actual Constitución establece, por ejemplo, que el Estado debe proveer una educación preescolar y elemental, y puede organizar la secundaria (que hoy ya es obligatoria). Usa una terminología propia de su época, que está desactualizada o incluso es discriminatoria, como cuando habla de "educación diferencial para los atípicos", o cuando menciona el "mérito" y la "vocación" como condiciones para acceder a la educación superior.

La abogada subrayó que estas expresiones son reflejo de un momento social y jurídico que ya no responde a las realidades actuales. "El mundo cambió, las infancias cambiaron, las adolescencias también, y lo mismo el mundo del trabajo. Todo esto debe reflejarse en la norma jurídica".

En ese sentido, Nini destacó que los avances normativos posteriores, como la reforma nacional de 1994, sentaron nuevas bases que la Constitución provincial aún no incorporó. "La Constitución Nacional incluyó el derecho a la educación de los pueblos originarios, la educación bilingüe e intercultural, y reconoció con jerarquía constitucional tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", remarcó.

También resaltó que la Ley Nacional de Educación estableció que la educación es un bien social, y redefinió competencias: "A la Nación le corresponde definir la política educativa y a las provincias, organizar el sistema, gestionar las escuelas, controlar las privadas, aprobar planes y otorgar títulos. Pero nuestra Constitución provincial aún no refleja este nuevo esquema".

Por eso, sostuvo que la ley 14.384/24 que declara la necesidad de la reforma, aprobada en diciembre pasado, fue "muy sabia", al establecer que los cambios deben hacerse en función de estándares nacionales e internacionales. "No se puede reformar de cualquier manera. La ley orienta al convencional a actualizarse en base a estos nuevos marcos normativos", advirtió.

Multiplicidad de aportes

Durante el encuentro, se puso énfasis en el valor de la participación social en el proceso reforma y se escuchó las voces de los actores convocados. La mayoría de las intervenciones giró en torno a actualizar contenidos en base a las nuevas infancias, necesidades sociales y pedagógicas y con una perspectiva de derechos. Algunos de los temas que se pusieron en discusión -y que ya figuran en la ley que promueve la reforma- es prever los alcances del derecho a la alfabetización e inclusión digital. Otro es reconocer la importancia de la vinculación entre la educación y el mundo del trabajo.

La promoción de la educación ambiental fue uno de los planteos que hizo una estudiante de secundaria, quien también pidió más becas y que el boleto educativo gratuito sea una política de Estado que trascienda las gestiones.

En tanto, referentes de institutos superiores propusieron cuestiones como la necesidad de concurso docente y de reforzar la investigación, así como la posibilidad de crear un observatorio. También de abrir el debate sobre la "obligatoriedad" del nivel superior, que hoy llega hasta el secundario. "Si estamos pensando en una Constitución para los próximos 30 años, se podría analizar la obligatoriedad, que ya la tienen países como México", indicó Eugenio Fernández, subsecretario de Educación Superior de la provincia.

La inclusión de chicos y chicas con discapacidad fue otra de las temáticas que surgió en la mesa. "Hoy no hay rampas en nuestra escuela, por ejemplo", mencionó una directora, mientras otra docente consideró que la inclusión debe plantearse desde "un aula heterogénea, que entienda que la apropiación de los contenidos por parte de cada niño es diferente".

"Inclusión con equidad", "aprendizaje a lo largo de la vida", "trayectorias libres" son algunos términos que se fueron escuchando a lo largo de las exposiciones, con el fin de atender la diversidad en la escuela. Durante el intercambio, también surgieron propuestas vinculadas a la digitalización, bienestar docente, Educación Sexual Integral (ESI), educación intercultural bilingüe, reforma de los tiempos escolares, enseñanza en la virtualidad, entre otras.

Ley de Educación, una deuda

Varias veces surgió la necesidad de que Santa Fe actualice la Ley de Educación Provincial, que data de 1949. "Personalmente estoy totalmente convencido de que hace falta. Lo intentamos pero nunca logramos el acuerdo en la Legislatura. Una Constitución no establece la letra fina, todo el articulado y el detalle de los aspectos a contemplar. Una ley sí permitiría avanzar en ese sentido", indicó Garibaldi.

Por su parte, la diputada y convencional constituyente Gisel Mahmud, sostuvo que la nueva Constitución "debe garantizar la educación como derecho humano y bien público y la responsabilidad indelegable de la Provincia de ser rector del sistema educativo público y financiarlo".

La secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación, Diana Gallo Ambrosis -también convencional electa- indicó que "nosotros vamos a ir a discutir con un montón de insumos que ustedes hoy nos dejan". Y aclaró que es necesario "pensar en una educación con perspectiva de derecho y ese es el debate que vamos a dar".