Adultos mayores, los consumidores más vulnerables

El último fin de semana, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario el 25º Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, con la organización del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), siendo declarado de interés provincial por el gobernador Omar Perotti.

En el marco del 30° aniversario de la Ley N° 24.240 de Defensa al Consumidor, sobresalieron disertaciones por parte de destacados especialistas en materia de derechos de los consumidores y los nuevos avances en materia de contratos digitales, inteligencia artificial y rol de las redes sociales, entre otros tópicos de interés.

En Venado Tuerto, la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) es una de las más activas, junto a la Liga del Consumidor (Lideco), en la defensa de los derechos de los consumidores, y el referente local de UCU, José María Cónzoli, fue uno de los participantes de la actividad desarrollada el viernes 22 y sábado 23 de septiembre en Rosario. “La mayoría de los disertantes y ponentes coincidieron en alertar sobre la vulnerabilidad del consumidor, a pesar de los avances en materia legislativa. Aún hoy existe una gran desprotección, que se manifiesta sobre todo en la franja de adultos mayores a partir de la implementación de las plataformas digitales, tanto en entidades financieras como en empresas de servicios, sin la mediación de personas físicas para la atención”, resumió el congresal.

“Tenemos gran parte de la población que está totalmente desplazada en cuanto a sus derechos en estas áreas de servicios, y obligada a acudir a familiares o allegados para cumplir con sus gestiones, y esa ayuda no siempre es posible”, dijo el abogado. Y, en este sentido, agregó que “es muy importante que los derechos de los consumidores se divulguen por todos los medios para que la ciudadanía pueda acceder a ellos, asegurando un trato digno”.

Muy pocas denuncias

“Ante la denuncia, algunos casos se judicializan y otros se solucionan por la vía administrativa, por lo cual es indispensable que el funcionamiento de las oficinas públicas, por ejemplo, en los municipios, se optimice en los próximos tiempos en beneficio de los consumidores. También es importante el trabajo de las áreas provinciales correspondientes para la aplicación de las multas”, subrayó Cónzoli.

Sin embargo, admitió que las denuncias que se elevan son una minoría, que estimó en menos del 10 por ciento, y consideró que “aún siguen sorprendiendo las resoluciones judiciales avalando a los clientes en episodios de estafas bancarias, porque son muy pocas las que llegan a esas instancias de resolución, más que nada porque el usuario de esos servicios no es consciente de sus derechos y entonces no los hace valer”, razonó el referente de UCU. “Son muchísimos los casos que se escuchan en los distintos ámbitos y muy pocas las denuncias que se concretan”, aseguró, dando como ejemplo que hay personas que terminaron pagando, en onerosas cuotas mensuales, un crédito que tramitaron y usufructuaron terceros a través de su cuenta.

“Hay casos alarmantes, en el país y en nuestra región en particular, que obligan a extremar las prevenciones y diagramar campañas de difusión para que los usuarios conozcan los riesgos a los que están expuestos”, enfatizó, “sobre todo como consecuencia de las plataformas digitales, de las cuales deben hacerse cargo las entidades financieras que impusieron estas modalidades, las cuales, por otra parte, les generan un gran ahorro económico en la prestación de los servicios”.

Con buenos resultados

“La Ley de Defensa al Consumidor cumplió 30 años y tiene rango constitucional a través del artículo 42, pero a veces estas normativas se desconocen en la comunidad y tampoco se sostiene una política de Estado aplicada por los sucesivos gobiernos. No obstante -reconoció-, hay avances, como la gratuidad y la oralidad, que dieron lugar a un sistema más inclusivo y ágil. En Venado Tuerto, por ejemplo, está dando buenos resultados en primera instancia, con un trato directo entre el justiciable y el juez”.

Más adelante, José María Cónzoli sostuvo que “la repercusión mediática de algunos casos ayuda a que la población se entere de que, ante una situación semejante, puede hacer valer sus derechos” y acotó que otro fenómeno llamativo es que “muchos festejan las resoluciones judiciales favorables a los usuarios, interpretando que las sanciones a entidades financieras transgresoras son pequeños actos de justicia que se aplican a uno de los sectores más beneficiados del país en cuanto a la rentabilidad de sus negocios, más allá de los contextos”.

Como dato adicional, destacó el dirigente venadense que en las organizaciones de defensa del consumidor se están recibiendo reiteradas quejas de inclusiones caprichosas en registros como el Veraz y el del Banco Central de la República Argentina (BCRA), “que van desde la categoría de morosidad hasta la de incobrabilidad, abarcando a usuarios que jamás gestionaron un crédito, o que ya lo saldaron, y esto es muy injusto y perjudicial porque impide el acceso a nuevos créditos, por ejemplo”, acotando que dicha situación puede enmendarse a través de una instancia administrativa o bien con una acción de habeas data