Argentina votó junto a los Estados Unidos e Israel por el rechazo a una resolución que califica la esclavitud africana como “el crimen más grave contra la humanidad”.

La Asamblea General aprobó por amplia mayoría un texto impulsado por Ghana que define la trata racializada como el “crimen más grave de la humanidad”. Solo tres votos fueron negativos, 52 países se abstuvieron y 123 ratificaron el focumento.

Argentina votó junto a los Estados Unidos e Israel por el rechazo a una resolución que califica la esclavitud africana como “el crimen más grave contra la humanidad”.
La resolución se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y solo tuvo esos 3 votos negativos frente a 123 afirmativos y 52 abstenciones, entre ellas varios países europeos como España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido.

El texto fue presentado por Ghana en nombre del Grupo Africano, con el respaldo político de la Unión Africana y otros bloques regionales que empujan desde hace años el debate sobre memoria histórica y reparaciones.
La oposición de parte de los representantes de Javier Milei en la ONU fue interpretada por medios internacionales como un nuevo gesto de alineamiento con Washington e Israel en un tema que, por su naturaleza, abre discusiones de reparación y responsabilidades históricas.
El corazón del documento define a “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos” como “el crimen más grave contra la humanidad”, por su escala, duración, brutalidad y consecuencias que —sostiene— todavía persisten en forma de racismo estructural y desigualdades.
"La ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital", indica el documento.
Además de la condena simbólica, el texto insta a los Estados vinculados a esa historia a avanzar en mecanismos de justicia reparadora (incluye menciones a disculpas formales y otras medidas) y reclama la restitución “pronta y sin trabas” de bienes culturales, obras, archivos y documentos a países de origen.
Estados Unidos sí dejó asentada una justificación política: su misión ante la ONU consideró el texto “problemático” y sostuvo que no reconoce un derecho legal a reparaciones por agravios históricos que “no eran ilegales” según el derecho internacional vigente en el momento en que ocurrieron, aunque reiteró la condena moral a la trata transatlántica.
Ese enfoque —condenar el hecho pero objetar el encuadre jurídico y la derivación hacia reparaciones— explica parte del mapa de abstenciones en Europa, donde varios países dijeron que comparar atrocidades históricas o jerarquizarlas puede abrir conflictos de memoria, sin desconocer el fondo del drama.