El gobierno federal de Brasil convocó a una reunión de emergencia en el Palacio de Planalto con el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, para analizar la operación policial denominada Contenção que dejó 64 personas fallecidas. El encuentro, previsto para el miércoles 30 de octubre, reunirá a los ministros Rui Costa, de la Casa Civil, y Ricardo Lewandowski, de Justicia y Seguridad Pública, y buscará definir medidas inmediatas tras el operativo realizado el martes 29 en los conjuntos del Alemão y la Penha.
Tras revueltas
El gobierno de Brasil convocó a una reunión de urgencia por la crisis en Río
El Ejecutivo federal citó a ministros y al gobernador para evaluar la operación que dejó 64 muertos
La operación movilizó cerca de 2.500 efectivos y, según un balance provisional, enfrentamientos con miembros de bandas criminales resultaron en un alto número de víctimas. Además de las 64 muertes, cuatro agentes fallecieron y seis resultaron heridos. Las autoridades detuvieron a 81 sospechosos y ejecutaron alrededor de 100 órdenes de arresto, en una intervención que las fuentes describen como la más letal en la historia reciente de Río de Janeiro.
El gobierno de Lula da Silva autorizó el traslado de 10 detenidos a penales federales y evaluó la coordinación entre fuerzas locales y nacionales durante la cumbre en Brasilia. En la Casa Civil se reunió el presidente interino Geraldo Alckmin junto a varios ministros para evaluar consecuencias y coordinar pasos siguientes. El gobierno federal también informó que revisará la operativa y su integración con los órganos estatales. “Río estuvo solo durante el operativo”, comentó Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.
Fricción entre gobierno estatal y federal
El Ejecutivo federal afirmó que no fue consultado ni solicitado apoyo por parte del gobierno del estado para la realización de la Operación Contenção. El ministro Ricardo Lewandowski declaró que no recibió pedidos formales del gobernador Cláudio Castro relacionados con la acción, lo que generó fricciones institucionales en plena crisis.
El gobernador responsabilizó a la gestión nacional por la falta de coordinación y afirmó que “Río estuvo solo durante el operativo”, según consignaron las fuentes oficiales. La declaración de Castro marcó el tono del encuentro en Planalto y obligó a las autoridades a analizar responsabilidades en la planificación y ejecución de la intervención.
En la reunión en la Casa Civil, el presidente interino y varios ministros evaluaron las consecuencias de la masacre y definieron que una comitiva irá a Río de Janeiro para reunirse con las autoridades locales. La visita buscará aclarar los pasos que llevaron a la operación y coordinar medidas para la seguridad y la investigación judicial.
Detalles del operativo, detenidos y repercusiones
La Operación Contenção se concentró en los barrios de Alemão y Penha, en la zona norte de Río, y se desarrolló tras más de un año de investigaciones. Las fuerzas de seguridad ejecutaron numerosas órdenes de detención contra presuntos integrantes de la organización conocida como Comando Vermelho y se enfrentaron con miembros de bandas que operan en la zona.
Entre los arrestados figuran Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, señalado como líder regional, y Nicolas Fernandes Soares, vinculado a la estructura financiera de Edgar Alves de Andrade, uno de los cabecillas del grupo. En total, las autoridades detuvieron a 81 sospechosos, según el recuento provisional que difundieron las fuentes consultadas.
Organizaciones de derechos humanos y la Comisión Brasileña repudiaron la intervención y advirtieron que la seguridad no se consigue con sangre, por lo que cuestionaron el uso de la fuerza y el alto número de víctimas. Las entidades pidieron investigación independiente sobre la actuación de los efectivos y exigieron rendición de cuentas ante los hechos.
Asimismo, cuatro agentes fallecieron durante los enfrentamientos y seis resultaron heridos, datos que profundizan la gravedad del episodio y que complican la gestión política y de seguridad en el estado. Por otra parte, la justicia deberá determinar la legalidad de las detenciones y la ejecución de las órdenes en el marco de la investigación.
El Ejecutivo federal autorizó el traslado de 10 detenidos a penales federales, señalados como presuntos líderes que desde la cárcel dirigían acciones que generaron el desorden, entre ellas bloqueos de vías y el secuestro de colectivos en la capital fluminense. La decisión busca neutralizar presuntas cadenas de mando y evitar nuevas acciones violentas.
La agenda inmediata incluye la visita de la delegación federal a Río para analizar protocolos y proponer medidas conjuntas. La convocatoria de este miércoles 30 de octubre pretende, además, responder a las críticas públicas y a las demandas de organizaciones civiles que piden claridad sobre los procedimientos utilizados en la Operación Contenção
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