El Congreso de Chile aprobó una ley que busca agilizar la expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular. Entre sus principales disposiciones, la normativa habilita a la Policía de Investigaciones (PDI) a solicitar una orden judicial para ingresar a domicilios con el objetivo de detener a personas que tengan una orden administrativa de expulsión firme.
Nuevas herramientas judiciales
Chile aprobó una ley para agilizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular
La normativa permitirá a la Policía de Investigaciones solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios y detener a personas que tengan órdenes de expulsión firmes. La iniciativa fue impulsada originalmente durante el gobierno de Gabriel Boric y retomada por la administración de José Antonio Kast.
La iniciativa, aprobada el martes 20 de octubre, había sido presentada originalmente en 2024 durante la gestión del expresidente Gabriel Boric y fue retomada por el actual mandatario, José Antonio Kast, quien asumió el cargo en marzo.
Según informó el Senado chileno, la nueva legislación establece que la policía podrá solicitar autorización a un juez para ingresar a un inmueble exclusivamente con el propósito de aprehender a una persona alcanzada por una orden de expulsión.
Además, los organismos públicos podrán ser requeridos para proporcionar información que permita localizar a extranjeros en situación irregular y notificarles las medidas administrativas correspondientes.
La política migratoria de Kast
La reforma se enmarca en la política migratoria impulsada por Kast, quien hizo de la expulsión de extranjeros en situación irregular uno de los ejes de su campaña electoral.
El mandatario planteó como objetivo expulsar a más de 330.000 migrantes que, según estimaciones citadas en el debate público chileno, residen en el país sin regularizar su situación migratoria.
Kast también vinculó la inmigración irregular con el aumento de la criminalidad, una postura que ha generado controversias en el debate político nacional.
Sin embargo, la implementación de su política de expulsiones enfrenta dificultades operativas y diplomáticas. Según el informe original, durante los primeros seis meses de su administración fueron expulsadas alrededor de 1.800 personas, principalmente de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
Las dificultades para expulsar a ciudadanos venezolanos
Uno de los principales obstáculos para la política migratoria chilena está relacionado con la situación de los ciudadanos venezolanos, que representan la mayor parte de la población migrante en situación irregular, según el informe.
Las tensiones diplomáticas entre Santiago y Caracas dificultaron las gestiones para concretar las expulsiones hacia Venezuela. Aunque ambos países acordaron normalizar sus relaciones en julio, ese acercamiento todavía no se habría traducido en un incremento significativo de las deportaciones de ciudadanos venezolanos.
La nueva ley busca facilitar los procedimientos administrativos y las tareas de localización y detención de personas con órdenes de expulsión vigentes. No obstante, su aplicación deberá desarrollarse dentro de los procedimientos judiciales establecidos y no elimina, por sí sola, los obstáculos diplomáticos y logísticos que condicionan las deportaciones.
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