La Justicia boliviana emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, esta vez en el marco de una investigación relacionada con los bloqueos de rutas que se extendieron durante 53 días en distintos puntos de Bolivia. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz a partir de una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz y respaldada posteriormente por el Ministerio de Gobierno.
Investigación
Orden de aprehensión contra Evo Morales: de qué lo acusa la Fiscalía de Bolivia
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz dispuso una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano en una investigación por los 53 días de bloqueos que afectaron al país.
La decisión abre una nueva instancia judicial para el exmandatario, que desde 2024 permanece en la región del Chapare, donde cuenta con el respaldo de seguidores que hasta ahora han impedido que se concrete su detención. La orden se suma a otra causa judicial que también involucra a Morales.
Qué investiga la Fiscalía y por qué se ordenó detener a Morales
Según la documentación difundida por la Fiscalía y reproducida por medios bolivianos, la investigación alcanza a Morales y a otras personas por una serie de presuntos delitos vinculados con los bloqueos. Entre las figuras mencionadas aparecen alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia fue presentada a comienzos de julio por dirigentes del Comité pro Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del entonces ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Además de Morales, la investigación incluye al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Marco Argollo y al dirigente campesino de La Paz Vicente Salazar.
El caso se originó en las movilizaciones que paralizaron durante más de siete semanas diferentes corredores del país. Los bloqueos generaron problemas para el traslado de personas y mercaderías y afectaron el abastecimiento de productos esenciales.
De acuerdo con los datos citados en la denuncia, el conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos sanitarios. También se informó sobre al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían muerto por no recibir atención médica de manera oportuna.
El gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, estimó además que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos superaron los 3.000 millones de dólares.
Estos datos forman parte de los argumentos utilizados en la denuncia y de la investigación en curso. La existencia de una orden de aprehensión implica que la Fiscalía considera necesario avanzar con la investigación y poner al expresidente a disposición de la Justicia, pero no significa por sí misma que Morales haya sido condenado por esos delitos.
La diferencia es relevante para comprender el alcance de la medida: se trata de una actuación dentro de un proceso penal en el que todavía deben determinarse responsabilidades y circunstancias de los hechos investigados.
Una causa que comenzó con una denuncia
El proceso tuvo como punto de partida una denuncia presentada a comienzos de julio. La Fiscalía de Santa Cruz admitió entonces la presentación contra Morales, Argollo y Salazar por su presunta participación en las movilizaciones y bloqueos.
La apertura de la investigación permitió avanzar en la recopilación de elementos para determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los denunciados en las protestas.
La denuncia incluyó varias figuras penales, entre ellas terrorismo, alzamiento armado y delitos relacionados con la seguridad del transporte. La investigación debía establecer si existían elementos suficientes para sostener esas acusaciones y determinar la participación de cada dirigente.
La nueva orden de aprehensión marca ahora un nuevo paso dentro de ese proceso.
Qué puede pasar ahora y dónde está Evo Morales
El principal interrogante a partir de la orden es si la medida podrá hacerse efectiva. Según la información publicada, Morales permanece en el Chapare desde 2024, acompañado por cientos de seguidores que hasta el momento han impedido su detención.
Por eso, la emisión de la orden no equivale a una detención inmediata. Para que la medida tenga efecto, las autoridades deberán localizar al expresidente y concretar su aprehensión conforme al procedimiento judicial correspondiente.
El escenario también tiene una dimensión política, porque Morales continúa teniendo influencia dentro de sectores del movimiento campesino y del sindicalismo boliviano. La investigación judicial se produce después de un período de fuerte conflictividad social y política en el país.
Los bloqueos que dieron origen a la causa se extendieron durante 53 días y tuvieron consecuencias directas sobre la circulación por las rutas, el transporte de cargas y el abastecimiento. Según informes citados por medios bolivianos, La Paz y Cochabamba estuvieron entre las regiones más afectadas por la falta de alimentos, las dificultades para movilizar vehículos de transporte pesado y los problemas para trasladar pacientes.
La medida contra Morales también debe analizarse en el contexto de otras causas que lo involucran. La nueva orden se suma a otra vinculada con una investigación por presunta trata de personas, relacionada con una acusación sobre una supuesta relación con una menor de edad cuando Morales estaba en la Presidencia.
En consecuencia, el expresidente enfrenta actualmente más de un frente judicial, aunque cada causa tiene hechos, acusaciones y procedimientos diferentes.
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