Francia atraviesa este jueves una nueva jornada de conflictividad social, con una huelga nacional y multitudinarias manifestaciones contra el aumento del costo de vida, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos. Hasta el mediodía, las autoridades contabilizaron 270.000 manifestantes en más de 180 movilizaciones distribuidas por el territorio francés.
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Con 70.000 efectivos desplegados, Francia busca contener una nueva ola de protestas
La huelga nacional convocó a más de 180 movilizaciones en todo el país. Los sindicatos reclaman aumentos salariales, una mejora del poder adquisitivo y la preservación de los servicios públicos.
La protesta, impulsada por organizaciones sindicales y acompañada por estudiantes, se desarrolla en un contexto de creciente malestar por el incremento de los precios, especialmente de los combustibles, y las dificultades económicas que afectan a los trabajadores.
La convocatoria central en París comenzó después del primer balance oficial. "Nada nos detendrá. Lo único que pondrá fin a la movilización es la respuesta a las reivindicaciones", afirmó Sophie Binet, secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Los reclamos sindicales y el impacto en los servicios
Entre las principales demandas de las organizaciones sindicales figuran una actualización del salario mínimo interprofesional, aumentos para el conjunto de los trabajadores, mayor justicia fiscal y medidas para garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos.
A estos reclamos se sumaron estudiantes de liceos, que desde septiembre impulsan movilizaciones para exigir mejores condiciones de estudio.
La pérdida de poder adquisitivo, agravada por el encarecimiento del combustible y otros productos básicos, se convirtió en uno de los principales motores del descontento social. Sin embargo, el Gobierno enfrenta un margen de maniobra limitado, en medio de los esfuerzos por equilibrar las cuentas públicas y avanzar con un importante ajuste fiscal previsto para 2027.
La huelga también tuvo consecuencias en el funcionamiento de espacios turísticos y culturales de París. La Torre Eiffel permaneció cerrada al público debido a la medida de fuerza, mientras que algunas salas del Museo del Louvre no recibieron visitantes y el Museo de Orsay redujo su horario de atención.
Un amplio operativo de seguridad ante posibles disturbios
Frente a la magnitud de la convocatoria y el temor a nuevos episodios de violencia, las autoridades francesas dispusieron el despliegue de unos 70.000 policías y gendarmes en todo el país.
El Ministerio del Interior estima que entre 500.000 y 700.000 personas podrían participar de las distintas movilizaciones durante la jornada.
El operativo busca evitar que se repitan los incidentes registrados el pasado 17 de octubre, cuando se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ataques a edificios públicos y saqueos y actos vandálicos contra unos 3.000 comercios.
Las protestas de los últimos meses representan un nuevo desafío para el presidente Emmanuel Macron, cuyo mandato concluirá en mayo. La persistencia del conflicto social y los reclamos por el deterioro de las condiciones económicas mantienen bajo presión al Gobierno francés en la etapa final de su gestión.
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