El Ejecutivo de transición emitió un comunicado oficial en el que señaló que no existen pedidos pendientes ni programados para otorgar indultos o beneficios similares a personas procesadas o condenadas.
Gobierno de transición
Caso Castillo: Ejecutivo peruano cierra la puerta a un eventual indulto
El gobierno de transición encabezado por el legislador José Balcázar dejó en claro que no tiene previsto otorgar indultos ni gracias presidenciales, en respuesta a la solicitud presentada por el expresidente Pedro Castillo. La administración transitoria, en funciones hasta julio, busca concentrarse en la organización de elecciones y la estabilidad institucional en Peru.
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La aclaración busca evitar interpretaciones erróneas sobre el mandato asumido por Balcázar al frente del gobierno interino, luego de la destitución de su antecesor en el cargo.
La administración enfatizó que su agenda estará centrada exclusivamente en garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres y la estabilidad económica. Según el comunicado, no se contemplan medidas extraordinarias que alteren el curso de los procesos judiciales en marcha.
El pedido de indulto y el contexto judicial
La solicitud de indulto fue presentada por la defensa de Castillo, quien se encuentra cumpliendo una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de rebelión.
El fallo judicial se vinculó con el intento del exmandatario de disolver el Parlamento en diciembre de 2022, en un movimiento que fue calificado como un fallido golpe de Estado.
Castillo ha sostenido su inocencia y argumentado que su detención se produjo mientras aún ejercía la presidencia, por lo que, según su defensa, habría estado amparado por inmunidad.
Sin embargo, la justicia peruana determinó que su accionar configuró una ruptura del orden constitucional.
Un gobierno de transición bajo presión política
La decisión del Ejecutivo de no considerar indultos se da en un contexto de fuerte polarización política. El nuevo gobierno, liderado por Balcázar —miembro del partido Perú Libre—, asumió con el mandato de conducir la transición hasta las próximas elecciones.
Las autoridades buscan evitar que el debate sobre la situación judicial de Castillo eclipse los objetivos centrales de la gestión transitoria.
En ese sentido, reiteraron que la prioridad será asegurar condiciones para comicios transparentes y fortalecer la estabilidad institucional en el país.
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