En una jornada marcada por la tensión política y la expectativa ciudadana, el Fiscal Supremo de Perú, Tomás Aladino Gálvez, brindó declaraciones determinantes para llevar tranquilidad al proceso electoral de 2026. En un contexto de fuertes cuestionamientos por parte de algunos candidatos, el funcionario fue tajante: no hubo fraude en los comicios pasados ni existen indicios de que se esté produciendo en la actual contienda.
Proceso electoral 2026
Desde Perú descartan rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”
El Fiscal Supremo Tomás Gálvez aseguró que los incidentes registrados durante la jornada electoral, como la demora en la apertura de mesas, no representan una manipulación de la voluntad popular. Llamó a la calma frente a las denuncias de sectores políticos.
"Cosas que no necesariamente son ciertas"
Gálvez, quien encabeza las diligencias del Ministerio Público para supervisar el desarrollo de los comicios, explicó que es habitual que en procesos de alta competitividad los resultados adversos generen disconformidad. Sin embargo, advirtió que esa frustración muchas veces deriva en narrativas infundadas.
"Se trata de una justa electoral donde las personas que no son favorecidas pueden mostrar su disconformidad, y eso puede llevar a que se hable de cosas que no necesariamente son ciertas, como el fraude", señaló el Fiscal en diálogo con los medios. Para Gálvez, la institucionalidad del sistema electoral peruano se mantiene firme, a pesar de los "fantasmas" que intentan agitar ciertos sectores.
Investigaciones por demoras en Lima
El foco de la controversia este martes 14 de abril se centró en la demora de la llegada de material electoral en distritos estratégicos de Lima, como San Juan de Miraflores y Pachacámac. Estos incidentes impidieron que aproximadamente 50.000 ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto de manera regular, lo que obligó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a ampliar el horario de votación de manera complementaria.
Al respecto, el representante del Ministerio Público confirmó que se han iniciado investigaciones para determinar si hubo dolo o negligencia por parte de la empresa encargada del transporte (Gálaga) o de funcionarios de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales). "Si se impidió votar a un grupo importante de electores, eso implica la presunta comisión de un delito que se está investigando. Pero una falla logística no es sinónimo de un fraude orquestado", aclaró.
El respeto a la voluntad popular
El Fiscal Supremo hizo un llamado a la responsabilidad de los líderes políticos. Según su análisis, el sistema de actas y la fiscalización conjunta con la Policía Nacional y observadores internacionales garantizan que cada voto sea contabilizado correctamente.
Gálvez enfatizó que para hablar de delito electoral debe acreditarse el "dolo", es decir, la intención voluntaria de realizar un acto ilícito para alterar el resultado. "Hasta el momento, lo que vemos son incidentes aislados que se están subsanando", concluyó, reafirmando que la legalidad del proceso 2026 está resguardada.
La democracia peruana atraviesa una prueba de fuego institucional. Mientras las autoridades judiciales actúan para sancionar las fallas logísticas, la madurez de los actores políticos será clave para que el recuento final de votos sea aceptado como el fiel reflejo de la voluntad ciudadana, sin sombras de sospechas que debiliten la confianza en las urnas.
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