El Salvador aprobó la prisión perpetua para menores: rige para casos de homicidio, violación y terrorismo
La Asamblea Legislativa ratificó la reforma que elimina el régimen especial juvenil para delitos graves. La medida busca garantizar que los delincuentes no recuperen la libertad, en un nuevo avance de la política de seguridad.
La medida se inscribe en la política de seguridad de Nayib Bukele contra pandillas y crimen organizado. Foto: Reuters
El Salvador dio este jueves otro paso en el endurecimiento de su legislación penal. La Asamblea Legislativa aprobó una reforma que permite aplicar prisión perpetua a menores de 18 años involucrados en delitos graves, en un cambio que modifica de forma sustancial el régimen juvenil vigente hasta ahora.
La decisión se inscribe en la estrategia de mano dura que el presidente Nayib Bukele sostiene desde hace cuatro años contra las pandillas y el crimen organizado. El nuevo texto incorpora esa pena al catálogo excepcional de sanciones para menores en conflicto con la ley penal y deja sin efecto, para esos casos, el procedimiento especial juvenil que regía hasta ahora.
Qué cambia con la reforma
La modificación aprobada por el Congreso salvadoreño establece que un menor que cometa delitos castigados con prisión perpetua podrá recibir esa pena dentro del sistema penal juvenil. La reforma también redefine artículos de la Ley Penal Juvenil para permitir ese encuadre en causas por homicidio, violación y terrorismo, una categoría bajo la que el oficialismo incluye a los pandilleros.
Uno de los puntos centrales del cambio es la “inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” en estos delitos. Eso significa que, para estos casos, la lógica de protección y tratamiento diferenciado del régimen de menores queda desplazada por un esquema más próximo al derecho penal de adultos.
Prisión perpetua, pero con revisiones
La reforma no elimina por completo la revisión judicial. Según el texto difundido por la Asamblea, la prisión perpetua para menores tendrá controles periódicos para evaluar el nivel de rehabilitación y el riesgo que represente la persona condenada, con la posibilidad de una libertad controlada en determinadas circunstancias.
Ese detalle fue usado por el oficialismo para presentar la medida como una sanción extrema, aunque no totalmente cerrada. Aun así, el corazón del cambio está en haber habilitado por primera vez que menores puedan quedar alcanzados por la pena más grave del sistema penal salvadoreño.
La medida se inscribe en la política de seguridad de Nayib Bukele contra pandillas y crimen organizado. Foto: Reuters
Un nuevo avance del plan de Bukele
La ratificación de esta reforma se produjo pocos días después de que el Congreso aprobara una enmienda constitucional para permitir la prisión perpetua en El Salvador. Reuters informó que ese cambio fue impulsado por el oficialismo en un contexto de fuerte respaldo político interno a la ofensiva de Bukele contra las pandillas, pero también de creciente cuestionamiento internacional por violaciones a los derechos humanos.
La ley fue aprobada con amplia mayoría en un Congreso dominado por el partido Nuevas Ideas y sus aliados. La Asamblea destacó que la decisión busca impedir que “homicidas, violadores y terroristas” recuperen la libertad y la presentó como una garantía de seguridad para las familias salvadoreñas.
La reforma llega cuando se cumplen cuatro años de la “guerra” antipandillas declarada por Bukele, una política sostenida a través del régimen de excepción y de un encarcelamiento masivo que convirtió a El Salvador en uno de los países con mayor tasa de población presa del mundo. Reuters recordó que, bajo ese esquema, el gobierno detuvo a decenas de miles de personas y recibió múltiples denuncias por abusos y muertes bajo custodia.
En los últimos años, organizaciones de derechos humanos denunciaron el impacto de esa política sobre las familias y sobre menores de edad. AP reportó en 2024 que miles de chicos quedaron separados de sus padres por detenciones masivas ligadas al régimen de excepción. En ese marco, la nueva reforma suma otra capa de severidad sobre el sistema penal salvadoreño.