Panamá tomó el lunes el control de las terminales de Balboa, en el Pacífico, y de Cristóbal, en el Atlántico, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison Holdings; la ocupación fue dispuesta por “motivo de interés social urgente” para garantizar la continuidad operativa.
Balboa y Cristóbal
Panamá toma el control de las terminales operadas por empresas de China
El gobierno panameño asumió el lunes la administración de los dos puertos del canal tras anularse la concesión. La ocupación incluye maquinaria y software y el gobierno prevé una transición de hasta 18 meses.
Medida de ocupación
El director de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Max Florez, informó en conferencia de prensa que la autoridad “tomó posesión de sus puertos y garantizará la continuidad de la operación”, y explicó que la orden de ocupación abarca “todos los bienes muebles, lo cual incluye... grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software y demás bienes de cualquier naturaleza que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones”.
Florez añadió que el Ejecutivo emitió “un decreto de ocupación que es un una medida legal y legítima para un periodo de transición” y que la junta directiva de la Autoridad Marítima aprobaría ese mismo día un plan para la operación transitoria por hasta 18 meses, mientras se seleccionan los operadores definitivos.
Funcionamiento transitorio
El gobierno designó a Alberto Aleman Zubieta, exadministrador del canal, para liderar la transición; además, se informó que APM Terminals se hará cargo de la operación en Balboa y MSC Group administrará la terminal en Cristóbal durante el periodo transitorio.
La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, aseguró que “no habrá despidos” en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.
La decisión judicial que motivó la intervención se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional, el 29 de enero, la ley que aprobó el contrato de concesión a Panama Ports Company y anuló la prórroga otorgada en 2021, lo que dejó sin sustento legal la extensión del contrato.
PPC operó ambas terminales desde 1997, cuando el Estado adjudicó la concesión. Tras la sentencia, el gobierno anunció que avanzaría para formalizar un acuerdo con APM Terminals para gestionar provisionalmente los puertos y evitar impactos en el comercio regional y global.
CK Hutchison expresó su desacuerdo con la resolución y anunció que acudirá a un arbitraje internacional para reclamar eventuales daños o compensaciones derivadas de la terminación del contrato, sin precisar montos; la compañía también advirtió que podría demandar a APM Terminals si esta opera la concesión, mientras APM indicó que “no es parte del proceso legal”.
La disputa por las terminales forma parte, según las crónicas, de una rivalidad entre Estados Unidos y China por las rutas comerciales globales; en ese contexto, el presidente Donald Trump afirmó el año pasado que Pekín estaba “dirigiendo el Canal de Panamá”.
Antes de la intervención, CK Hutchison previsto vender los puertos a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock, pero esa operación fue bloqueada por gestiones del gobierno chino, según la información disponible.
Como consecuencia inmediata, la Autoridad Marítima informó que asumirá la administración temporal de las dos terminales y que abrirá un proceso para seleccionar operadores definitivos, mientras la situación legal entre la empresa y el Estado quedará sujeta a los mecanismos de resolución de disputas que anunciaron las partes.
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