La jueza federal en lo contencioso administrativo María José Sarmiento hizo lugar a un pedido de la Coalición Cívica y el PRO, por lo que la presidenta no podrá disponer de las reservas del BCRA hasta tanto el Congreso no revise el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que creó el Fondo del Bicentenario. Pero la Casa Rosada podría apelar la decisión antes que eso suceda.
La medida judicial fue dispuesta en el marco de una causa impulsada por los legisladores nacionales Federico Pinedo (PRO), Patricia Bullrich y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica). Ayer se habían sumado los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz.
“Ordeno la suspensión inmediata de los efectos del decreto N° 2010 dictado por la Presidenta de la Nación con fecha 14 de diciembre, hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales (ley 26.122) que regulan el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para los decretos de necesidad y urgencia”, sostiene el fallo.
La sentencia fue firmada antes de las 9 de esta mañana, es decir previo a la reunión del directorio del Banco Central que tenía previsto dar los primeros pasos en la conformación del Fondo del Bicentenario.
El diputado del PRO, Federico Pinedo, afirmó que la jueza Sarmiento en su fallo “le prohíbe al Ejecutivo incautarse de las reservas del Banco Central hasta tanto pueda intervenir el Congreso y analizar en las dos cámaras el decreto de la Presidenta, como dice la Constitución”.
Para el legislador, la magistrada entendió que “en el caso no había necesidad ni urgencia, porque en el mismo decreto se indica que (la Presidenta) toma la medida para evitar problemas a mediano y largo plazo y eso es contrario a urgente”.
También analizó que Sarmiento “lo rebate al jefe de Gabinete Aníbal Fernández” quien desestimó la competencia de la Justicia en este caso y sostuvo que la jueza establece que “el que dicta la nulidad (de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo) es el poder Judicial”.
Carrera infructuosa
El kirchnerismo forzó una despiadada carrera contra el reloj, la Justicia y el Congreso para procurar la millonaria transferencia desde el momento en el que el Boletín Oficial publicó el desplazamiento de Martín Redrado y su reemplazo por el vicepresidente Miguel Pesce, un economista radical que quedó del “lado K” tras la pelea con Julio Cobos.
La estrategia oficial se basó en que los decretos de Cristina tienen plena vigencia en tanto la Justicia no los inhiba, e incluso sus efectos se consuman aún cuando luego el Congreso eventualmente pueda rechazarlos.
Sin embargo, la Justicia no sólo puso un límite a la pretensión presidencial y la encausó en el marco de los caminos previstos por la ley. Además, la Corte le ha reclamado a Cristina que justifique sus decisiones, en el marco de un planteo de Inconstitucionalidad del Fondo del Bicentenario, presentado por la provincia de San Luis y que el máximo tribunal analizará en febrero, al término de la feria.
El planteo puntano recuerda que el presupuesto nacional ya tiene previsto 28 mil millones de pesos para el pago de la deuda que además vence desde agosto, por lo que no hay necesidad ni urgencia que justifiquen el decreto.
En el trasfondo de la millonaria disputa están el uso discrecional de recursos por parte de la Casa Rosada y los entrenamientos políticos -que arrastran el marco institucional- con todo el arco opositor e incluso de porciones importantes del PJ, que incluso analizan ahora las acciones por “abuso de poder” de la presidenta.
Fuente: DyN
No le alcanzó con echar a Redrado
La justicia le impide a Cristina usar reservas del Banco Central
Una magistrada le ordenó a la presidenta que no toque la plata hasta que no se cumpla lo que la ley prevé: que el Congreso avale o rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia.
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