La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Gobierno argentino de suspender temporalmente la sentencia que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF. Esta decisión mantiene firme la condena que obliga al país a pagar unos 16.000 millones de dólares a los beneficiarios del juicio por la nacionalización de la petrolera realizada en 2012.
Revés judicial
Preska desestimó el reclamo argentino y avanza el embargo de YPF
La magistrada negó la solicitud para frenar la sentencia que obliga al país a transferir parte de las acciones de la petrolera, mientras la defensa nacional evalúa recurrir a instancias superiores y sumar respaldos internacionales para revertir el fallo millonario.
El especialista Sebastián Maril confirmó la noticia a través de sus redes sociales y detalló que, pese al revés judicial, Argentina anticipó que continuará su defensa legal en Estados Unidos, incluso llegando hasta la Corte Suprema si fuese necesario.
Entre los principales argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional. También se menciona la Declaración de Interés emitida por el Departamento de Justicia estadounidense durante la gestión de Trump, interpretada como un “apoyo” a la posición.
La negativa de la jueza llega en un momento crítico para la Casa Rosada, que busca ganar tiempo para negociar o revertir el fallo, mientras la amenaza de ejecución se hace cada vez más concreta.
Pruebas contra Argentina
El 7 de julio, el fondo Burford Capital —principal beneficiario del fallo— se opuso formalmente a la suspensión del “turnover” (entrega de acciones). En su presentación judicial incluyó la traducción de una reciente conferencia de Axel Kicillof, exministro de Economía y figura clave en la expropiación de 2012, como supuesto indicio de que el país no tiene intención de cumplir voluntariamente.
Desde la Procuración del Tesoro criticaron esta jugada, señalando que “empeora la posición argentina” ante la justicia estadounidense. Según argumentan, se busca instalar la idea de que el país actúa de mala fe, lo que podría acelerar la ejecución de la sentencia.
La situación recuerda el origen del conflicto: en 2012, el Estado argentino expropió el 51% de YPF. Posteriormente, Burford compró los derechos de litigio de las quiebras de Petersen Energía y Eton Park, que habían demandado a Argentina por no haber realizado una oferta pública de adquisición tras la nacionalización.
Tras más de diez años de proceso, el fallo desfavorable se transformó en la mayor condena internacional contra el país.
Escenarios inmediatos y estrategia oficial
Ante la firmeza de la jueza Preska, el Gobierno argentino contempla varios caminos para intentar frenar o suavizar el impacto de la sentencia. Entre ellos se destacan:
- Suspensión temporal: que Preska congele la entrega de acciones hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie.
- Garantía millonaria: que la jueza exija al país depositar una suma cautelar; de no hacerlo, podría configurarse un escenario de desacato.
- Ejecución firme: si se rechaza la apelación, Burford podría avanzar directamente sobre las acciones de YPF.
Mientras tanto, el Gobierno articula una estrategia diplomática y judicial que incluye la búsqueda de respaldos externos. Cuenta con un dictamen del fiscal estadounidense Damian Williams, que advirtió sobre el posible desconocimiento de inmunidades soberanas si se concreta el embargo. También analiza sumar amicus curiae de países que históricamente mostraron simpatía, como Uruguay y Paraguay.
La audiencia urgente convocada por la jueza será clave para definir el futuro del expediente: si Argentina logra más tiempo para revertir el fallo o si enfrenta nuevas sanciones y la inminente pérdida del control sobre YPF.
Golpe económico y político
El fallo por la nacionalización de YPF no solo representa una amenaza económica, sino que también impacta políticamente. Con un monto de condena que ronda los 16.000 millones de dólares, el caso se transformó en el mayor juicio perdido por la Argentina en el exterior.
El presidente Javier Milei y su equipo buscan atenuar los efectos del fallo y evitar que la entrega del 51% de las acciones de YPF afecte la estabilidad de la empresa y complique aún más el panorama financiero nacional.
En un contexto de restricciones externas, déficit y negociaciones con organismos internacionales, el desenlace del caso YPF aparece como una pieza clave para definir la hoja de ruta económica del Gobierno en los próximos meses.
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