Emergencias en el inicio legislativo

El martes termina el receso legislativo y se abrirá el año para las cámaras tras un tranquilo diciembre en materia de Extraordinarias. Dos temas aparecen como ejes para las primeras semanas de febrero y tienen que ver con lo central de la agenda de enero: inseguridad y sequía. Se trata de dos mensajes del Poder Ejecutivo incluidos en el temario: una nueva ley de emergencia en seguridad pública y del servicio penitenciario hasta fin de año, y la creación del sistema provincial de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres agropecuarios.

Sobre emergencia en seguridad sorprendió el Poder Ejecutivo al incluir a mediados de este mes el mensaje cuando en noviembre y diciembre no tuvo intenciones de lograr una prórroga a la norma que tuvo vigencia hasta el último día del 2022. En los hechos, el instrumental legal reclamado es para agilizar compras y contrataciones para el área. El año pasado la oposición legislativa le facturó la demora en aplicar esos fondos para compras de vehículos, armas, chalecos y en reparar dependencias penitenciarias. La bicameral de seguimiento del tema se reunió en la semana y exigió la rendición de cuentas del último ejercicio para habilitar la discusión en las cámaras, aunque desde distintos sectores políticos se subraya que no se le puede negar un instrumento de este tipo al Ejecutivo. "De la remisión de la información depende la suerte del tratamiento" admitió un senador cercano a la Casa Gris. Habrá diálogo con el Poder Ejecutivo facilitado ahora por la salida de Ana Morel, la estricta contadora a que propios en Seguridad afirman que se paraba arriba de los expedientes y demoraba las ejecuciones. En cambio, algunas otras voces valoraban que se haya parado arriba de algunas refacciones en comisarías y cárceles con alguna sospecha de connivencia entre algún funcionario de tercera línea y la contratista.

El envío del mensaje sobre emergencia a Legislatura fue la excusa que necesitaba la oposición para reunirse y avanzar en un frente grande donde la mayor disputa en estas horas parece pasar por el nombre, paso previo a la discusión de candidaturas.

En tanto, el otro mensaje central ya tuvo aprobación de Senado y resta la discusión en Diputados donde el propio presidente de la Cámara, Pablo Farías, adelantó que habrá modificaciones. El ministro de Producción, Daniel Costamagna, se cansó de repetir que la ley de emergencia actual no va más porque -entre otras cosas- exime o difiere el pago del Impuesto Inmobiliario al titular de la tierra que hoy no es generalmente el productor agrícola. El seguro agropecuario no llegó a la Legislatura sin un guiño de las cuatro conducciones que conforman la Mesa de Enlace Agropecuario aunque las entidades de base expresaron alguna preocupación por la letra y se la hicieron saber a los legisladores que no quisieron avanzar a libro cerrado en el Senado. El trabajo parlamentario en Diputados producirá modificaciones en el texto. Un sector del radicalismo habla de obligar al Poder Ejecutivo a poner un fondo específico dentro de la ley. No habrá negativa a tratar el tema. Eso sí, en Rosario más allá de las críticas al gobierno provincial en materia de seguridad y sequía -expresadas en el documento final- y de la foto de todos unidos, algunos dirigentes pidieron acordar la política parlamentaria actual. El pedido no es menor porque en los últimos tiempos la Casa Gris aprovechó las diferencias, especialmente entre socialistas y radicales, para avanzar en la aprobación de algunas leyes claves sobre endeudamiento o bien aprobar pliegos de jueces. Y hablando de jueces, la futura alianza electoral tiene el número suficiente como para validar o impedir designaciones de las futuras autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal, discusión legislativa que se instalará entre marzo y abril, casi sobre el cierre de listas para la PASO santafesino, umbral necesario para la elección general de septiembre.