El presidente ha repetido hasta el cansancio que privilegia la salud a la economía, para preservar la vida. Es el propio Alberto Fernández quien no incluyó en su DNU a los bancos, entre las actividades esenciales excluidas del aislamiento; es el gobierno el que no comunicó bien la ayuda social y provocó la concentración de sectores vulnerables en las calles la semana pasada.
La gestión infectada
El episodio de sobreprecios en las compras directas y en emergencia, agrava el déficit de administración. Están los sanitarias, pero no aparecen la gestión política ni la económica, y se debilita la contención social. La Casa Rosada no puede violar principios de buena administración y de respeto elemental a la dignidad y a la inteligencia.
¿Con qué autoridad ahora el gobierno nacional saldrá a controlar precios al consumidor? Horas antes de reunirse con los industriales (UIA) y cadenas de provisión (Cámara Argentina de Comercio) más la CGT, el presidente no puede ignorar que incluso quienes proveen al consumidor final tienen en la calle las amenazas de clausura y en los proveedores unos incrementos de precios que les impiden reponer productos de primera necesidad, si no es a pérdida. El desabastecimiento puede estar a la vuelta de la esquina.
Los supermercados son una frontera de alta sensibilidad social; el 2001 lo dejó en claro. La prometida mesa de concertación sólo fue citada para analizar salidas de la cuarentena. Los intendentes no son policías de comercio sino gendarmes políticos de un sistema que no es transparente y que se repliega sobre sí mismo con la excusa de la lucha contra la pandemia. Hay un virus político que la Argentina tiene inoculado desde hace mucho. Y que también puede matar.
La Casa Rosada volcó la mayor parte de sus esfuerzos de emisión monetaria, a discreción asistencialista, en el territorio inmediato de su signo político; los préstamos para nóminas salariales de empresas paralizadas no se destraban. El presidente trató a los empresarios de miserables y analiza un ideologizado nuevo impuesto para castigar a los que repatriaron capitales; toda una manera de promover más fuga en el momento en que -como nunca- se necesitan en la calle los dólares bajo el colchón. El jefe de Estado anunció controles y no descartó cuasimonedas. La inflación agradecida.
Con el Congreso cerrado, la justicia en feria y los intendentes haciendo lo que no les corresponde para controlar lo que no deben ni pueden, ¿se gestiona mejor la emergencia? La concentración del poder nunca es buena; la insostenible explicación del ministro Arroyo sobra para demostrarlo. La respuesta es más transparencia y mejor democracia.
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