El gobierno nacional envió este jueves a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para modificar la ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente.

Nación enmarca la iniciativa como un modo de “lograr el cumplimiento efectivo del objeto de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.

El gobierno nacional envió este jueves a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para modificar la ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente.
El mismo cuenta con el declarado objetivo de “armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales”, según consta en la iniciativa.

En el mensaje adjunto, Nación enmarca la iniciativa como un modo de “lograr el cumplimiento efectivo del objeto de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.

El proyecto establece que las partidas presupuestarias previstas en el Programa “Desarrollo de la Educación Superior” deberán ser destinadas a afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad, garantizar las condiciones laborales y salariales, asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, incrementar la inversión destinada a programas de becas estratégicas.
Según argumentó la Casa Rosada al remitir el texto al Congreso, “esta modificación procura lograr el cumplimiento efectivo del objeto establecido en la Ley 27.795, de Financiamiento a la Educación Universitaria, de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.

En ese sentido, el Ejecutivo detalló que las partidas contempladas en el Presupuesto 2026 deberán destinarse a “afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado y la formación continua; garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes y no docentes para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos de trabajo; desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital y a la formación y el fortalecimiento de la planta del personal docente y no docente; ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales; promover y profundizar la función de la extensión universitaria para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad”.

La iniciativa, compuesta por seis artículos, garantiza el derecho a la educación superior gratuita mediante un incremento de la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario. El texto prioriza a los sectores sociales más desfavorecidos, con el objetivo de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los estudiantes.
Aunque el Gobierno envió el proyecto en extraordinarias y lo agregó al temario de las mismas, no será tratado en lo que resta de este período, sino que quedará para ordinarias.