Se presentó el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron el “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo pasado.

Con la presencia de Horacio Rosatti, consejeros de la Magistratura, camaristas y jueces federales y nacionales, representantes del ministerio público y de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrantes de la comisión de acuerdos del Senado, académicos, líderes de opinión, organizaciones sociales y periodistas especializados, Rosenkrantz y Lorenzetti se refirieron al espíritu y los alcances de su iniciativa.

"Nos sentimos obligados a promover la iniciativa en virtud de la necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento y ante nuestra comprobación de que ninguno de los proyectos presentados hasta hoy al Consejo, a pesar de que muchos de ellos sugerían reformas muy positivas, han llegado en estos años al Plenario", señaló Rosenkrantz y agregó: "La propuesta que hemos enviado al Consejo busca identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad. Y esa estrategia se operativiza mediante varias innovaciones".

"La propuesta que hoy presentamos es sistémica. Como toda propuesta sistémica tiene una lógica interna que puede ser modificada, abierta o subrepticiamente, con la mera alteración de algunos de sus puntos nodales. Por eso, consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales. El Consejo tiene hoy en sus manos la posibilidad de hacer que una aspiración institucional fundamental para el país que tiene más de 40 años esa idea sea de ahora en más una realidad", dijo.

Lorenzetti, en tanto, señaló que “esta es una propuesta en un momento adecuado, cuando todos pensamos que podemos trabajar en algo común. Es importante, para tener esperanzas y un proyecto en común, hacer un buen diagnóstico, porque si no hacemos una autocrítica de lo que hemos hecho o de la situación actual, no vamos a poder detectar los problemas ni las soluciones. Esta acordada tiene una primera expresión que habla de un déficit estructural. Es importante señalar que existe ese déficit estructural y, como dijo recién el Dr. Rosenkranz, no es algo que haya nacido de nuestra imaginación: es un reclamo que hemos recibido de jueces, juezas, secretarios, secretarias, abogados y abogadas de todo el país. Es un reclamo generalizado e importante, y nosotros, como cabeza de un poder del Estado, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta”.

En tal sentido, agregó: “El problema que advertimos, este déficit estructural, no se da solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también en muchos procesos de selección en las provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces y juezas en todos los niveles. Es como un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales. Entonces, la idea es llamar la atención sobre este proceso y ponernos a trabajar. El objetivo es regularizar para definir la discrecionalidad. La discrecionalidad es el tema central. Se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, discrecional, oscuro, que responda a intereses poco claros y que, además, varíe según los cambios políticos del momento, tanto en la nación como en las provincias”.

La acordada

La acordada, que lleva la firma de los dos ministros, propone una reorganización del proceso de selección de magistrados, cuyo resultado final es la terna de candidatos que se envía al Poder Ejecutivo. A través de este nuevo reglamento, el máximo tribunal propone un proyecto integral con modificaciones sustanciales basadas en la idoneidad, mérito, transparencia y trazabilidad para que sean consideradas por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de llevar a cabo los concursos.

En él se destaca que la Corte es la “cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina” y que, sin desconocer la función del Consejo de la Magistratura, el máximo tribunal debe colaborar con él, “impulsando las reformas reglamentarias necesarias para corregir disfuncionalidades sistémicas”.

Las mejoras introducidas se encuentran “orientadas a garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados”. En este sentido, se apunta a “reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”.

La acordada destaca la importancia de la evaluación de antecedentes, donde se premie “el rendimiento académico de excelencia y el mérito real” por sobre el tránsito burocrático. Se pretende garantizar, asimismo, el pleno anonimato en la prueba de oposición e introducir “reglas más claras y previsibles” para la entrevista personal.

En el acto estuvieron los consejeros de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, Santiago Viola, Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Guillermo Tamarit, Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller, secretarios y secretarias de distintas comisiones, y los exconsejeros Alejandro Fargosi, Pablo Tonelli, Adriana Donato, Jorge Yoma, Graciela Camaño y Gerónimo Ustarroz.

También asistieron el ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques y los exministros del área Germán Garavano, Mariano Cúneo Libarona y Marcela Losardo; la presidenta de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan; el ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires Daniel Soria; la presidenta del Tribunal Superior de la CABA, Inés Weinberg; los ministros del Tribunal Superior de la CABA Marcela De Langhe, Luis Lozano y Santiago Otamendi; el presidente del Superior Tribunal de Chubut, Javier Raidan, y el presidente de la Suprema Corte de Jujuy, Federico Otaola.

Mecanismos

En cuanto al proyecto, la acordada prevé la existencia de dos tipos de concursos: el anticipado (como regla) y el especial (como excepción).

En los anticipados solo podrán cubrirse 8 cargos por concurso, mientras que los especiales pueden ser simples (1 cargo) o múltiples (con un tope de 9 cargos). Los anticipados deben preverse en un “Plan Anual de Concursos Anticipados”, aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario.

La inscripción a los concursos públicos de oposición y antecedentes será continua, pública y permanente, y se efectuará mediante un sistema digital unificado. A esos efectos, se crea el legajo personal digital individual e intransferible, de actualización sencilla y permanente, cuya creación será requisito indispensable previo o simultáneo a la inscripción a cualquier concurso. El legajo será accesible para consulta por el propio interesado, por los demás aspirantes del mismo concurso y por los integrantes del Consejo, quedando garantizada la confidencialidad de los datos personales y sensibles, conforme con la normativa vigente en la materia.

La prueba de oposición escrita se divide en dos etapas: una general, de 120 preguntas sorteadas entre 2000, y de corrección automatizada, y una especial, dividida en dos partes (razonamiento e interpretación de caso cerrado; resolución de caso práctico con sentencia). Las consignas son elaboradas por un Comité de Examen y corregidas por un Jurado Evaluador. Se establece un sistema informático que garantiza el anonimato. Así, por medio del aprovechamiento de nuevas tecnologías, se garantiza la transparencia y la trazabilidad de todos los procesos de selección.

Al momento de calificar los antecedentes, se disponen diversas pautas objetivas, reduciendo la arbitrariedad. Posteriormente, se elabora un orden de mérito provisorio, convocando a una entrevista personal a los seis mejores posicionados. Allí se llevan a cabo las entrevistas, que serán públicas, transmitidas por medios audiovisuales y abiertas a la ciudadanía. A esta etapa, se le reduce la cantidad de puntaje a solo 20 puntos.

Finalmente, la Comisión de Selección presenta un dictamen con la terna de candidatos, orden de mérito y puntajes. Allí el Plenario debe citar a audiencia pública a los postulantes y aprobar o desechar el concurso.