El Gobierno modificó la ley de armas: qué cambia en la tenencia, portación y control

El Poder Ejecutivo nacional oficializó una profunda modificación en la reglamentación de la Ley de Armas y Explosivos, con el objetivo de actualizar un régimen que llevaba décadas sin cambios estructurales. La medida quedó plasmada en el Decreto 306/2026 y apunta a equilibrar el control estatal con una mayor agilidad administrativa para los usuarios registrados.

Más facilidades y nuevos criterios para usuarios

Uno de los ejes centrales del decreto es la simplificación de los procesos para acceder a la tenencia y portación de armas de fuego. Según se detalla en la normativa, se busca evitar “cargas administrativas innecesarias” y adaptar el sistema a los avances en digitalización y control en tiempo real.

En ese sentido, se incorporan nuevos criterios para la evaluación de los solicitantes. Entre ellos, se mantiene la exigencia de acreditar aptitud psicofísica, no registrar antecedentes penales y demostrar idoneidad en el manejo de armas mediante certificaciones de instructores habilitados.

Además, se establecen cambios en los plazos de vigencia de las autorizaciones de portación. A partir de ahora, estos permisos podrán extenderse más allá del esquema anual que regía hasta el momento, siempre que el organismo competente evalúe que existen razones fundadas, como situaciones de riesgo personal o laboral.

La normativa también introduce una mayor intervención del Estado en la evaluación de cada caso. Será el Registro Nacional de Armas (RENAR), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, el encargado de analizar las solicitudes en función de criterios técnicos, geográficos y de riesgo.

Cambios en herencias

Otro de los puntos destacados del decreto es la modificación del régimen aplicable a las armas heredadas. Hasta ahora, los familiares debían iniciar un proceso judicial para regularizar la situación.

Con la nueva normativa, se habilita una vía administrativa más ágil que permitirá registrar las armas acreditando el vínculo con el titular fallecido, sin necesidad de una declaratoria de herederos previa.

Según el texto oficial, esta medida busca evitar situaciones de tenencia irregular y mejorar la trazabilidad de los materiales controlados, uno de los aspectos que el Gobierno considera clave para la seguridad pública.

En paralelo, el decreto actualiza la clasificación de armas y municiones. Se amplía el listado de materiales prohibidos, incluyendo ciertos tipos de munición con capacidad de generar mayor daño, dispositivos que transformen armas semiautomáticas en automáticas y armas disimuladas.

También se incorporan regulaciones específicas para dispositivos como miras nocturnas y supresores de sonido, que quedarán bajo la categoría de uso civil condicional y tendrán restricciones en su utilización, limitadas principalmente a actividades deportivas o recreativas autorizadas.

Por otra parte, se refuerza el control sobre la compra de municiones, que solo podrá realizarse con la presentación del permiso de tenencia vigente, y se detallan las condiciones para el transporte, uso y reparación de armas por parte de usuarios habilitados.

Equilibrio entre control y flexibilización

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a modernizar un sistema que, en muchos casos, generaba informalidad y pérdida de control estatal. La digitalización del registro y la posibilidad de inhabilitar usuarios en tiempo real son algunos de los avances que, según se argumenta, permitirán mejorar la fiscalización.

Al mismo tiempo, el decreto plantea la necesidad de respetar los derechos individuales, en línea con principios constitucionales como el derecho de propiedad y la libertad personal, evitando restricciones consideradas “irrazonables”.

Sin embargo, los cambios también abren interrogantes en torno al impacto que podrían tener en la seguridad pública, especialmente en lo que respecta a la flexibilización de ciertos trámites y la ampliación de permisos de portación.