Para este jueves, al mediodía, está citada la Asamblea Legislativa que componen los 19 senadores y los 50 diputados y para la tarde, las dos cámaras fueron convocadas a sesiones del período Ordinario atravesado por la actividad de la Convención Reformadora que tiene como lugar central de funcionamiento el Palacio Legislativo.
Agenda poblada para el jueves
Asamblea Legislativa y sesión de ambas cámaras en medio de la Constituyente
Amplio respaldo para validar al nuevo fiscal regional de Rosario. En la agenda de Diputados la adhesión a la norma nacional antimafias. Definen las comisiones los temarios para los recintos.
No solo el lugar físico comparten las cámaras y la convención, sino que 15 senadores y 13 diputados actuales son integrantes de la Convención Reformadora que funcionará hasta el 12 de septiembre. En el ámbito parlamentario entienden que este jueves y otro de agosto serán los únicos con actividad legislativa mientras sesione la asamblea para reformar la Carta Magna.
Para este jueves, a las 13, fue citada la Asamblea Constituyente para tratar el pliego de Matías Sebastián Merlo como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2 – con sede en la ciudad de Rosario. El pliego de Merlo no tendría mayores observaciones legislativas.
Merlo es actualmente fiscal regional de la circunscripción N° 3 con cabecera en Venado Tuerto y es interventor de la jefatura de Rosario tras la renuncia de María Iribarren al cargo. En la jornada, será entrevistado por la Comisión de Acuerdos que ahora preside la diputada socialista Lionella Cattalini.
La comisión además se reunirá con fiscales del norte santafesino y algunos de la regional local en el marco del procedimiento investigativo iniciado sobre el fiscal adjunto Leandro Benegas quien presta servicios en Vera.
En cuanto a la actividad de las Cámaras, de las reuniones de comisiones de hoy y mañana se definirá el tratamiento a llevar a los recintos. En Diputados, el oficialismo trabaja sobre iniciativas tendientes a la adhesión de la provincia a la llamada ley antimafias y a una iniciativa de ficha limpia para empresas que quieran contratar con el Estado santafesino.
La diputada Ximena Sola (Pro - Unidos) ingresó en mayo pasado un proyecto para la adhesión santafesina a la Ley Nº 27.786, sancionada el 20 de febrero del corriente año, por el Congreso Nacional en el marco de la lucha contra las organizaciones criminales.
La norma nacional tiene por objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendidas como grupos de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer delitos especialmente graves. Esta ley delimita su aplicación a delitos específicos como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, entre otros, y contempla penas más altas por la mera pertenencia a la asociación.
Para Sola "la adhesión de la provincia de Santa Fe a esta ley es fundamental, ya que no somos ajenos a la problemática de las asociaciones ilícitas criminales dedicadas a múltiples delitos como el narcotráfico. Siendo una de las provincias que más sufre el daño ocasionado por las organizaciones criminales. La colaboración interjurisdiccional y la adopción de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27. 786 fortalecerán nuestras capacidades para enfrentar y combatir eficazmente estas organizaciones".
El tema no tiene fijado tratamiento preferencial pero será clave la discusión este miércoles en la Comisión de Seguridad donde se trabaja un texto disponiendo la adhesión a la norma "en sus aspectos procesales y de colaboración interjurisdiccional". Además hace reserva de jurisdicción y deja en manos del Poder Ejecutivo las potestades reglamentarias de la norma santafesina.
El otro tema que impulsará Unidos este jueves es un proyecto de la socialista Cattalini de Ficha Limpia en las contrataciones públicas.
El artículo central de la iniciativa dispone que toda contratación que se sustancie en el marco de la ley 5188 de Obra Pública, de la ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, y cualquier otro régimen normativo provincial, deberá exigirse a las personas humanas, e integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas; a los representantes legales de uniones transitorias de empresas, como a los socios e integrantes de los órganos de administración y fiscalización de cada una de las sociedades que la componen, que participen en dichos procedimientos de selección, acreditar no contar con antecedentes penales mediante la presentación o verificación del respectivo certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
Los sujetos alcanzados por la norma deberán no haber incurrido en delitos contra la administración pública; contra el orden económico y financiero; contra las personas; contra la integridad sexual; contra la libertad y contra la propiedad, entre otros.
El proyecto ya tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y espera tratamiento en Asuntos Constitucionales para llegar al recinto donde necesitaría mayoría especial para ser tratado este jueves. "En un Estado democrático, el régimen de contrataciones de bienes, servicios y obras públicas debe tener en cuenta los tres objetivos de la democracia: el desarrollo humano, la eficiencia y la transparencia", señaló Cattalini al defender la iniciativa.
Preferencia
La Cámara de Diputados tiene solo dos temas en tratamiento preferencia, uno de los cuales divide aguas entre los diferentes espacios políticos. Es una iniciativa de la socialista Varinia Drisun que apunta a regular el ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios. Sobre la temática también ingresó un proyecto Ariel Bermúdez (Creo).
Declaraciones
En Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados se acumulan proyectos de declaraciones impulsado por diferentes espacios políticos, especialmente justicialistas y socialistas, contra decisiones del gobierno nacional que afectan especialmente a organismos estatales como Vialidad, Senasa, Inta e Inti.
En el tema Vialidad, la Comisión de Obras y Servicios Públicos que preside Dionisio Scarpin será eje central de la reunión de este miércoles donde fueron invitadas las autoridades actuales del séptimo distrito y dirigentes sindicales.
El propósito de la Comisión es unificar un texto para que sea votado este jueves en la Cámara de Diputados.
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