Diputados abre a consultas proyectos del Ejecutivo sobre seguridad pública

Un plenario de dos comisiones de la Cámara de Diputados invitó a la Corte Suprema de Justicia y a los titulares del Ministerio Público a la reunión que se realizará este miércoles a los efectos de avanzar con la discusión de dos de los mensajes del Poder Ejecutivo sobre seguridad que están a discusión en el cuerpo.

Se trata del mensaje que versa sobre Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública que apunta a modificar varias de las leyes vigentes y dar mayor poder a la policía al momento de las detenciones, y por otro la conformación de un sistema provincial de intervención en los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos. Este último viene ya con media sanción del Senado mientras que el primero está desde el 14 de mayo en las comisiones.

El interbloque de Unidos propuso que se haga un tratamiento conjunto del mensaje sobre las herramientas entre las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. En la última sesión, se votó que también sea traten en ambos comisiones otros del mensajes del Ejecutivo: en de intervención en mercados ilícitos de celulares y otro para crear dentro del sistema de la Defensa Pública unidades especiales, para, por ejemplo, defender a efectivos de las fuerzas de seguridad.. Estos dos últimos proyectos ya tienen el aval del Senado.

Para este miércoles, las comisiones que presiden Martín Rosúa (Seguridad Pública) y Lionella Cattalini (Asuntos Constitucionales y Legislación General) invitaron, en forma separada, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa.

La Corte no ha confirmado la presencia mientras que las conducciones de los Ministerios Públicos van a asistir. Hasta el momento, en la Corte ha primado el criterio de no opinar sobre temas que luego pueden llegar a dictamen del máximo tribunal, por ejemplo, por la constitucionalidad o de los artículos.

La cita a la Corte fue cursada para las 13.30 y la respuesta institucional será elaborada en el Acuerdo semanal que se realizará este mismo miércoles en horas de la mañana. Más allá de actos protocolares o bien institucionales como la apertura de Sesiones Ordinarias, la última vez que todos los miembros de la Corte fueron a Legislatura fue para presentar postura sobre los temas que sobre la justicia debía debatir la Convención Reformadora. Luego, a pedido del Senado hubo una reunión pero en Tribunales por el tema de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo.

El plenario, después de la Corte (en caso de que asistan sus miembros) invitó al MPA. La fiscal general, María Cecilia Vranicich ya envió una nota señalando que por "compromisos asumidos con anterioridad" le impedirán asistir. Sí lo harán por el organismo, la Fiscal Coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, y el Subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznick.

Finalmente fue invitada la Defensa y su titular, Estrella Moreno Robinson confirmó su participación en el plenario.

Los diputados anticiparon que durante la reunión acordarán las invitaciones a las próximas reuniones ya sea a colegios ligados a la justicia así como a catedráticos, entre otros.

El objetivo de Unidos es discutir durante todo octubre el tema para llevarlo al recinto en noviembre, último mes de Ordinarias. Las diferencias mayores están en las Herramientas.

"En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas. la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho", dicen los fundamentos del Poder Ejecutivo.

El proyecto parte de la premisa de que no todos los contextos delictivos son equivales, por lo que introduce herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa.

El llamado Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, crea los instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos destinados a intervenir la cadena de valor de dichos mercados mediante acciones de prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional. El Ministerio de Justicia y Seguridad será el encargado de ejecutarlo.

En cuanto a las unidades especiales de la Defensa Pública, además prevé la creación de ocho cargos de Defensor Público para llevar adelante tales fines.