Nuevo plenario en Diputados para reglar mecanismos de participación ciudadana

La Cámara de Diputados de Santa Fe tiene en agenda para este jueves, once temas con tratamiento preferencial, destacándose la iniciativa que apunta a reglar la llamada Participación Ciudadana, incorporada con varias figuras en la recién reformada Constitución de Santa Fe.

Un proyecto sobre la materia fue votado en el Senado a instancias de Julio Francisco Garibaldi (PS/La Capital) y fue remitido a dos comisiones de Diputados donde existen varios proyectos sobre la materia, uno de ellos de la justicialista Lucila De Ponti.

Este jueves fue citada una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constituciones y de Derechos y Garantías para analizar los ocho textos que conforman el expediente. En el interbloque de Unidos se dice que no existe acuerdo aún sobre el tema e incluso entienden que debería existir una consulta al Poder Ejecutivo. "Eso no existió al votarse en el Senado y creemos que debemos tener una opinión de la Casa Gris", señaló un diputado radical.

En el proyecto de Garibaldi avalado por el Senado se regula los mecanismos de iniciativa popular; referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato, audiencias públicas, propuestas ciudadanas y desafíos públicos.

La nueva Constitución dedica 8 artículos, del 58 al 65, a la materia. "La ciudadanía tiene el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de sus representantes libremente elegidos o de manera directa a través del ejercicio de los mecanismos que establece esta Constitución para la toma de decisiones en la planificación y la gestión de los asuntos públicos", dice en sus inicios el 58. Agrega que "la Provincia garantiza la participación amplia, los derechos políticos y la publicidad en condiciones de igualdad y transparencia".

Los siguientes artículos versan sobre el derecho de iniciativa popular para la presentación de los proyectos de ley; de someter a referéndum la sanción, reforma o derogación de leyes; la consulta popular sobre temas de interés general; el derecho de la ciudadanía a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos provinciales por grave incumplimiento de sus funciones; así como las audiencias públicas.

También la Constitución instituye un Consejo de carácter consultivo y asesor del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo "que promueve la concertación de acuerdos que faciliten la convivencia de intereses plurales y divergentes y contribuye a la definición de políticas de interés general para la provincia".

Los proyectos de ley en discusión apuntan a reglar aspectos de lo establecido por la Constitución. El de Garibaldi avalado por el Senado es un texto de 104 artículos estableciendo el reglamento para el uso de cada una de esas figuras ahora constitucionales en la provincia.

El proyecto de De Ponti es más escueto y crea la Oficina de Participación Ciudadana en el ámbito de la Legislatura de la Provincia para llevar adelante los mecanismos de participación.

Las otras iniciativas agregadas para el debate en comisión se dedican a establecer las reglas para algunos de esos mecanismos.

Por otra parte, para este jueves, Diputados tiene otros temas con preferencia, entre ellos de Natalia Armas Belavi (Somos Vida) para crear el programa provincial "Niños sin pantallas" y del socialista Joaquín Blanco para establecer tarifas especiales para la carga de vehículos eléctricos.

Impactos del cambio demográfico

El diputado provincial Rubén Galassi (Partido Socialista – UNIDOS) presentó una iniciativa para que la provincia incorpore de manera permanente los cambios en la población a la planificación de sus políticas públicas. "La baja de la natalidad y el aumento de la longevidad ya están modificando las necesidades en educación, salud, cuidados, trabajo, vivienda e infraestructura. Tenemos que tomar decisiones hoy sobre una realidad que ya está cambiando", afirmó.

"Atender a los cambios demográficos muchas veces parece una discusión sobre lo que puede ocurrir dentro de veinte o treinta años, pero los cambios ya empezaron. Tenemos menos nacimientos, vivimos en general más años, cambian los hogares y también la distribución de la población. La cuestión es cómo usamos esa información para tomar mejores decisiones en el presente", sostuvo Galassi.

El proyecto propone que la Comisión funcione en el ámbito del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y reúna a representantes de las áreas de Gobierno, Economía, Educación, Salud, Trabajo, Producción, Desarrollo Humano, Infraestructura, Vivienda, Hábitat, ordenamiento territorial y planificación estratégica, junto con organismos técnicos como el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

Su creación no implicará nuevas estructuras administrativas permanentes, planta de personal ni presupuesto propio, sino la coordinación de recursos y capacidades que el Estado provincial ya posee.

Violencia digital

La diputada Celia Arena, presidenta del bloque "Hacemos Santa Fe", presentó un proyecto de ley para actualizar el régimen contravencional de Santa Fe frente a las nuevas formas de violencia digital, con especial atención a la creación y difusión de imágenes, audios y videos manipulados mediante inteligencia artificial.

La iniciativa viene a reforzar la Ley N.º 14.471 (Ley EMA), que convirtió a Santa Fe en la primera provincia del país en avanzar con una legislación específica para abordar la violencia digital en el ámbito educativo.

El proyecto propone modificar el artículo 84 bis e incorporar los artículos 84 septies, 84 octies y 84 novies a la Ley 10.703 -Código de Faltas- para establecer sanciones específicas ante conductas que vulneren derechos personales mediante contenidos reales o generados artificialmente.

Arena remarcó que "este proyecto cierra la trilogía normativa provincial compuesta por la Adhesión a la Ley Olimpia (Ley 14.297), la sanción de la Ley Ema (protocolos y educación escolar) y esta reforma sancionatoria y reparatoria contravencional".

El objetivo es ampliar las sanciones por la difusión no consentida de imágenes íntimas e incorpora los contenidos sexuales o de desnudez creados, alterados o manipulados mediante IA y otras tecnologías de generación sintética. También sanciona a quienes usen estas herramientas, sin consentimiento, para crear o modificar imágenes, audios o videos de personas reales en contextos denigratorios o que afecten gravemente su dignidad y reputación, aunque no tengan contenido sexual.

Apunta a penar la creación y difusión de representaciones sexuales sintéticas con apariencia infantil indistinguible de la realidad, incluso cuando no correspondan a una persona identificable, así como a quienes las financien, ofrezcan o comercialicen así como la posesión consciente de este tipo de material de origen ilícito, aunque sea para uso o visualización personal.