Diputados terminó de escuchar objeciones a las reformas de leyes sobre seguridad en Santa Fe

Un plenario de dos comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe escuchó una serie de planteos realizados por abogados, vecinalistas y organismos de derechos humanos especialmente sobre el mensaje del Poder Ejecutivo titulado "Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública" que tiene votado un tratamiento preferencial para el jueves 29 del corriente.

"Es un retroceso y varios artículos rozan la inconstitucionalidad" dijeron varios de los profesionales del Derecho ante las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La docena de diputados presentes escuchó las exposiciones como siete días atrás lo hicieron -con mayor número de participantes- con la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, llegará el tiempo de ajustar el dictamen donde aún persisten diferencias internas en el interbloque de Unidos y luego intentar alcanzar un acuerdo con el resto del arco político. Si bien son tres los mensajes en discusión, los expositores apuntaron al tema de las Herramientas, solo Matilde Bruera además de cuestionar ese mensaje, en cambio respaldó otro que apunta a crear institutos propios en el sistema de Defensa Pública.

El radical Martín Rosúa y la socialista Lionella Cattalini encabezaron el plenario. Los primeros en exponer fueron representantes de los colegios de la abogacía de Rosario y de Santa Fe. Más tarde lo hicieron los representantes de la Asociación Abogados Penalistas de Rosario; Matilde Bruera por el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos, "Juan Carlos Gardella" FDER de la Universidad Nacional de Rosario. También expusieron delegados del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, de la red Puentes y de la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano de esta capital.

La regla fue que cada sector tuviera 15 minutos para exponer y en varios casos se acercaron documentos elaborados por institutos o asociaciones para sumarlos a las comisiones. En cambio, no llegaron a exponer los integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad de Rosario.

Observaciones

El rosarino Juan Manuel Fascia expuso por el Colegio de Abogados de esa ciudad y como titular de la Comisión de Justicia Penal y en base a un trabajo entregado a la Cámara. "Entendemos que son necesarias algunas herramientas, pero advertimos cuestiones sensibles que debilitan el sistema vigente", dijo para advertir que "no se pueden poner en riesgo las garantías constitucionales" para luego repasar algunas de las figuras consideradas problemáticas.

Luego, fue el turno del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Profesionales de la Abogacía local. Federico Kiener presentó a Néstor Oroño y a Ignacio Alfonso Garrone, secretario y presidente, respectivamente, encargados de presentar los cuestionamientos. Más allá de cuestionamientos puntuales, Oroño marcó que las reformas no pueden ir contra los tratados internacionales a los cuales adhirió la Argentina.

"Para darle mayores facultades a la policía, hay que formarla y profesionalizarla. Una tarea prolija de la policía es la base de todo proceso penal" aclaró. "Hay preocupación institucional en varios artículos, especialmente la declaración de un imputado sin defensor", destacó Garrone. El titular del Instituto también cuestionó incluir el juicio en ausencia para todos los delitos. Oroño retomó la palabra para considerar un retroceso la zona de intervención policial a la que -como otros participantes- la comparó al estado de sitio.

"Es una reforma innecesaria. Recuerden que cuando se otorga más poder a una institución, se lo quita a otro y ese mayor poder debe estar acompañado de mayores controles" remató Oroño.

Los abogados penalistas de Rosario dejaron extenso documento y varios de ellos expusieron, encabezados por su titular José Nanni. "La reforma esconde un menoscabo al sistema penal; no cumple con la división de poderes de toda República, y significa un retroceso de treinta años para la materia, en la provincia", subrayó.

Bruera también fue muy crítica. "El mensaje es una herramienta de persecusión, violatoria de normas constitucionales y de convenciones internacionales a las que adhirió la Argentina". La ex diputada provincial señaló que la reforma apunta a constituir un estado policial sin control judicial. También se ocupó de cuestionar el juicio en rebeldía; cuestionó la redacción del proyecto sobre dispositivos tecnológicos y avaló la creación de institutos en el servicio de la Defensa Pública.

Los representantes del Foro contra la Impunidad también se ocuparon de descalificar el proyecto tildándolo de inadmisible, retrógrado y un gran retroceso en materia penal.

Tras el encuentro, los legisladores empezaron algunos intercambios informales sobre los textos a analizar y empezaron la cuenta regresiva para llegar el jueves próximo con los dictámenes al recinto.

Hoja de ruta

Los tres mensajes que sobre seguridad tienen votado un tratamiento preferencial para el jueves venidero en la Cámara de Diputados:

• Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública: Ingresó el 14 de mayo por mesa de Entradas en Diputados, cámara de origen, y fue derivado a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales. Propone modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, la protección de las víctimas y la eficacia de la investigación penal.

El mensaje tiene 18 artículos con las reformas a cada norma vigente.

• Sistema provincial de intervención en los mercados ilícitos de dispositivos electrónicos: Ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de septiembre tras haber sido votado por la mayoría del Senado. En 24 artículos apunta a crear instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos destinados a intervenir la cadena de valor de dichos mercados mediante acciones de prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional.

• Ley de defensa del personal de las fuerzas de seguridad y otras reformas a la Defensa Penal Pública: También ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de septiembre con la previa aprobación, por mayoría del Senado. Incorpora a la Ley N° 13.014, orgánica de la Defensa, el artículo 21 bis y suma ocho cargos.