El Gobierno nacional puso en marcha una revisión del lugar que ocupan los animales en el Código Civil y Comercial, con la intención de reconocer nuevas realidades familiares y establecer reglas para resolver los conflictos por el cuidado de las mascotas cuando una pareja se separa.
Revisarán el Código Civil
¿Quién se queda con la mascota después de un divorcio? El cambio legal que prepara el Gobierno
El Ministerio de Justicia creó una comisión para revisar la condición jurídica de los animales y regular su cuidado cuando termina una relación de pareja. La iniciativa busca dar respuesta a situaciones familiares que hoy carecen de una legislación específica.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 548/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por Juan Bautista Mahiques, que dispuso la creación de una comisión encargada de elaborar un anteproyecto de reforma legislativa.
La medida abre una discusión que excede la protección tradicional de los animales: hasta qué punto el derecho debe contemplar los vínculos afectivos que mantienen con las personas y qué consecuencias jurídicas pueden derivarse de esas relaciones.
De cosas muebles a una nueva condición jurídica
Uno de los puntos centrales será revisar la clasificación que actualmente reciben los animales dentro del Código Civil y Comercial, vigente desde agosto de 2015.
En sus fundamentos, la resolución recuerda que la doctrina jurídica los considera “cosas muebles semovientes”, es decir, bienes que tienen la capacidad de desplazarse por sí mismos, conforme al encuadre del artículo 227 del Código.
El Ministerio advierte que esa calificación se aparta de la evolución registrada en otros países, entre los que menciona España, Francia, Portugal y la provincia canadiense de Quebec, donde se introdujeron modificaciones para reconocer una protección jurídica diferenciada.
También recupera antecedentes de la jurisprudencia argentina. Entre ellos, los casos de la orangutana Sandra, resuelto en Buenos Aires en 2015, y de la chimpancé Cecilia, en Mendoza en 2016, en los que distintos tribunales reconocieron a determinados animales como sujetos de derecho.
Sin embargo, el Gobierno observa que esos pronunciamientos no fueron acompañados por una regulación general que consolidara sus criterios y ofreciera seguridad jurídica más allá de cada expediente.
La comisión deberá analizar ese escenario y proponer, si corresponde, modificaciones al Código. La resolución no establece todavía que todos los animales sean sujetos de derecho ni define cuál será su nueva condición legal.
Qué pasa con las mascotas después de un divorcio
La otra cuestión que el Gobierno busca abordar tiene una dimensión más cotidiana: los conflictos que pueden surgir cuando se termina un matrimonio o una convivencia y las partes no logran ponerse de acuerdo sobre el cuidado de sus animales.
La resolución reconoce que “la incorporación de los animales al núcleo familiar constituye hoy una realidad social ampliamente extendida”, caracterizada por vínculos afectivos que pueden asimilarse a los familiares.
A partir de esa observación introduce expresamente el concepto de “familia multiespecie”, utilizado para describir hogares en los que las personas conviven con animales de compañía considerados parte de su entorno familiar.
Según los fundamentos oficiales, el problema aparece particularmente ante la ruptura de una relación.
El Ministerio sostiene que existe una necesidad de incorporar una regulación específica sobre el cuidado de las mascotas en los casos de divorcio o finalización de una unión convivencial, una situación que actualmente carece de tratamiento expreso y genera litigios en los tribunales de familia.
La discusión podría alcanzar cuestiones como la atribución del cuidado del animal y las responsabilidades de las personas que convivían con él. Pero todavía no se definieron soluciones legislativas concretas, como eventuales regímenes de cuidado compartido o visitas.
Especialistas, jueces y organizaciones proteccionistas
Para elaborar la propuesta, el Ministerio de Justicia conformó una comisión interdisciplinaria encabezada por Martín Cardone, director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre sus integrantes figuran la especialista en Derecho Animal de la Universidad de Buenos Aires Edith González Silvano; representantes de organizaciones como El Campito Refugio, Callejero Casa Quiere y Pájaros Caídos; y miembros de asociaciones profesionales vinculadas con la defensa de los animales.
También participarán magistrados y representantes de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la Junta Federal de Cortes y el Ministerio Público Fiscal porteño.
La comisión trabajará mediante reuniones temáticas y podrá convocar a otros especialistas para recibir propuestas. Todos sus integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem.
Un plazo de 45 días para elaborar la reforma
La resolución establece que el anteproyecto deberá presentarse ante la Secretaría de Justicia dentro de los 45 días corridos posteriores a la primera reunión formal de la comisión.
Ese plazo podrá extenderse por otros 45 días mediante una solicitud fundada del coordinador.
El texto deberá contener las modificaciones propuestas y sus fundamentos, además de guardar coherencia con el resto del Código Civil y Comercial.
Se trata, por ahora, de una instancia preparatoria. La creación de la comisión no modifica la legislación vigente: cualquier reforma del Código deberá traducirse en una iniciativa legislativa y obtener la aprobación del Congreso.
La primera reunión tendrá una importancia adicional porque allí deberá aprobarse el cronograma de trabajo, determinarse qué temas se analizarán en cada encuentro y fijarse una fecha para concluir las tareas.
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