La infancia “desamparada” como excusa para la apropiación

Tres actividades en tres sedes diferentes desarrolló Carla Villalta, Dra. en Antropología por la UBA, a fines de agosto en la ciudad de Santa Fe.

Presentó “Infancias, violencias y derechos. Repensando categorías y prácticas en clave socioantropológica" en la Feria del Libro; disertó en la Escuela Normal en el marco del Seminario de Pedagogías de la Memoria en el que se abordó, con presencia de sobrevivientes, la Causa Laguna Paiva II, y al día siguiente participó del encuentro organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Defensoría de NNyA sobre “La protección de los derechos de las infancias y adolescencias”.

Mucha agenda para dos días, pero con un claro hilo conductor que la investigadora de CONICET y co-coordinadora del Equipo de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras (UBA) viene siguiendo desde que era estudiante: los dispositivos jurídico burocráticos que tuvieron como destinatarios a niños, niñas y adolescentes.

Lo explica así: “Para mi tesis doctoral elegí formular un problema de investigación en relación a lo que había ocurrido durante la dictadura con las infancias; cómo se había producido la apropiación y qué condiciones sociales materiales, institucionales, simbólicas y del sistema de creencias y de las supuestas situaciones de peligro que atravesaban, habían colaborado en la ocurrencia de este hecho”.

En definitiva, “qué puntos de vinculación existía entre este hecho y prácticas institucionales, rutinas administrativas, formas burocráticas de clasificar no a toda la infancia, sino a un sector”.

El abordaje, entonces, es sobre “la infancia que había sido definida por diferentes motivos, como desamparada, abandonada, falta de asistencia de los sectores más pobres de nuestra población”.

En todo su recorrido, Villalta encontró puntos de vinculación con lo ocurrido en la dictadura, “no porque haya sido una mera continuidad, pero sí para establecer que no fue un hecho ‘caído del cielo’, sino que se había anclado en elementos pre-existentes, que era necesario examinar desde una mirada antropológica”.

“Fue asomarme al ‘cómo’ de esa violencia extrema para descubrir la apropiación de niños, sustitución de la identidad, inclusión en otros medios familiares, ocultamiento perverso de una historia que en muchos casos era sabida porque los propios apropiadores habían participado en el asesinato de los padres”, agrega.

Todo esto pudo ser impugnado, cuestionado por las Abuelas del Plaza de Mayo, “demostrando que en lugar de una adopción o un acto de amor, hubo un robo, una apropiación, una sustitución de identidad; en definitiva, un crimen específico contra las infancias”.

“Condiciones de posibilidad”

Al analizar diferentes casos, Villalta concluyó en que hubo una “variabilidad de formas de tratar con los chicos”, que “no contradecían la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores”. Pero había situaciones en las que éstos, sin llegar a ser apropiados, habían transitado las instituciones del circuito de la minoridad.

“En algunos casos fue lo que posibilitó un reencuentro relativamente rápido con los familiares que los estaban buscando, pero en otros fue un reaseguro de su apropiación desde el corte de todo lazo porque fueron convertidos en menores NN abandonados, sin filiación conocida”, y así fueron incorporados a un circuito de intervención de adopción.

En Santa Fe está “el caso emblemático de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que fue dejada en un hogar de huérfanos y adoptada por padres que desconocían su historia”.

Entonces, “planteo que esas categorías preexistentes fueron condiciones de posibilidad porque colaboraron en la consumación de la apropiación de niños. A la vez, podemos pensar una condición de perdurabilidad de las prácticas”.

Frente a la imagen prototípica, arquetípica de niños apropiados por represores, “vemos que los niños después de los operativos de secuestro de sus padres, en muchos casos fueron dejados en casas cunas o en hogares de menores”.

La voz que falta

Villalta vino a Santa Fe por invitación del Defensor de NNyA, Juan Cruz Giménez, con el foco en el proceso de institucionalización de derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país que, “según una hipótesis en nuestro contexto local se liga al impacto de la apropiación criminal de niños y a lo ocurrido en la dictadura”.

“Sin ir más lejos, el derecho a la identidad reconocido en la Convención de los Derechos del Niño está presente en tres artículos (7, 8 y 11) reconocidos mundialmente como los “artículos argentinos”, en función de esta insistente a incesante lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.

Pero también entiende que hay otros derechos que se vinculan con esa experiencia histórica; por ejemplo, “el derecho de los niños a no ser separados arbitrariamente de su medio familiar; la crítica a esas separaciones compulsivas originadas en un contexto de pobreza y el derecho de los chicos a ser oídos”.

En ese punto, explica que “cuando analizamos esos casos de tránsito, de circulaciones por esta red institucional, observamos que los chicos hablaban y decían lo que estaba pasando pero, ante esos rótulos burocráticos que les imponían, trataban de homogenizarlos a una situación de abandono”.

Eran chicos “que ingresaban a una red institucional como NN, en situación de abandono, extraviados en la vía pública, desamparados. No eran solo categorías descriptivas, sino también clasificatorias”.

- ¿Por qué?

- Es una clasificación que en ese ámbito institucional resulta “productiva”, porque ante un menor abandonado, ¿qué resta? Y más en esa época histórica. Ni siquiera buscar a su familia, porque seguramente era una familia “negligente”, que lo había descuidado, no lo quería, lo había abandonado y listo. Entonces, ¿qué mejor para ese niño que la adopción por una “buena familia”?

Si bien imperaba el rótulo burocrático de NN, menor abandonado, se sabía que eran niños procedentes de operativos antisubversivos como se decía en la época.

Creo que esa perspectiva posibilita comprender cómo fue el proceso de institucionalización de derechos de los niños en nuestro país, las disputas que eso generó y cómo sigue siendo la implementación de los sistemas de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Las otras apropiaciones

- ¿Cambió en algo la situación?

- En todos estos años se creó una institucionalidad específica para no tratar a los chicos como cosas. Es un señalamiento tan fuerte que en otros países preguntan “¿qué es eso de las Abuelas?” Y para nuestra sociedad es un pasado que no pasa en verdad porque basta con observar lo que sucede con cada restitución de un nieto.

En nuestro país existen aún más de 300 personas que son desaparecidas vivas, que están siendo buscadas a 50 años de ocurridos los hechos.

Pero saliendo del tema de la dictadura, hay una movida de otros niños (hoy adultos) que fueron apropiados por fuera de ese proceso o entregados en un hospital porque “¿cómo iban a estar con esa pobre chica que no tiene un peso?”.

- ¿También abordaste ese tema?

- Me inmiscuí muy tempranamente porque la hipótesis que organizó mi indagación para la tesis doctoral era que había prácticas preexistentes justificadas en el amor, el humanismo y la comprensión por esos “pobrecitos”. Y por esa “pobre madre” a la que era mejor sacarle a su hijo.

Esas prácticas se hicieron visibles con movimiento de derechos humanos y el activismo que permite hacer una revisión sobre la adopción, la entrega directa de los niños y la sustitución de su identidad.

No quiere decir que hayan dejado de existir por completo. No es que los derechos se conquisten de una vez y para siempre, sino que están amenazados y estas prácticas que rozan el clasismo, el paternalismo y hasta el racismo siempre están a flor de piel.

El propio paradigma de derechos de los niños está siendo amenazado.

En mi trabajo intenté describir estas acciones que se desarrollaban con un formato asombrosamente vinculado con lo sucedido en la dictadura: fue el mismo procedimiento de certificados de nacimiento falsos, cuando imperaba esta idea de que la adopción para ser efectiva necesitaba imitar a la naturaleza: algunas mujeres llegaron a simular embarazos para hacer como que el niño adoptado era biológico.

Todo esto ha ocasionado grandes niveles de sufrimiento y angustia. Una investigadora que forma parte de mi equipo, Soledad Gesteira, trabajó mucho con los buscadores, que son activistas por el derecho a la identidad.

Mi tesis doctoral que defendí en el año 2006 abordaba el tema de personajes muy siniestros que actuaban en los dos circuitos, el de tráfico de niños y en la apropiación de hijos de detenidas-desaparecidas.

- ¿Por qué te interesa el tema de la identidad?

- La identidad es el primer derecho y crecer sin saber quién sos es muy duro.

No se trata de caer en el biologicismo, sino de comprender que ese sufrimiento está originado sobre la mentira y la indignidad de creer que la otra persona es un objeto, una cosa que viene a satisfacer deseos de otros o que se puede hacer con ella lo que se quiere.

A lo mejor hay situaciones en las que un niño no puede ser criado por sus progenitores biológicos, pero esa no es condición para ocultar la verdad, y no puede haber crianza con amor donde prevalece la mentira y el ocultamiento.

Tienen que estar los expedientes para que los niños conozcan su situación de adoptabilidad y reconstruir sus primeros años de vida, su nacimiento y las circunstancias que lo rodearon.

- ¿Cómo te involucraste con el juicio de Laguna Paiva II?

- Lo empecé a seguir desde el minuto uno y me hizo mucho sentido esto que decía antes, porque en mis investigaciones hice una reconstrucción genealógica de esas prácticas de adopción, de entrega de niños, sustitución de identidad, falsificación de su estado civil, y la categoría de abandono aparecía siempre.

Me parecieron muy interesantes las estrategias creativas que desarrolla la querella y activistas de este juicio para cambiar de signo esa categoría, para que el abandono nos refiera principal y primordialmente, como siempre sucede, a los padres y madres, sino que pueda iluminar la violencia del Estado terrorista que dejó en situación de abandono a esos niños a partir del secuestro de sus padres.

Este año también se cumplen 20 años de la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad (tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia debida). Precisamente, la primera condena fue en la causa por tormentos y privación ilegítima de la libertad sufrida por un matrimonio y la apropiación de la hija de ambos.

Aquello no fue daño colateral, como están planteando muchos activistas e investigadores, sino que también afectó directamente a las infancias: posar la mirada ahí permite comprender la desmesura de este poder dictatorial.

- Hay un concepto que mencionaste y quedó resonando que es la ausencia de la voz de los niños. ¿Creés que ahora hay canales para que la puedan ser escuchados?

- Creo que al menos está formulado normativamente, cosa que antes no ocurría. La Convención sobre los derechos del niño, las leyes nacionales, todas las leyes provinciales, receptan ese derecho de niños y niñas a ser oídos, a que su opinión sea primordialmente tenida en cuenta en las situaciones que los afectan.

Hay experiencias que han sido muy novedosas para que esa palabra infantil sea escuchada y otras que solo se restringen al rito formal de la audiencia con una mediación adulta de la palabra infantil que muchas veces hacen esa escucha con reparos.