La Comisión de Acuerdos no tuvo quórum en la reunión de este miércoles y por ende no pudo avanzar en definiciones sobre la conducta de tres fiscales que están bajo su análisis.

La Comisión elaboró un cronograma de trabajo para discutir nueve pliegos remitidos para la justicia. La Asamblea Legislativa será convocada para el 27 del corriente.

La Comisión de Acuerdos no tuvo quórum en la reunión de este miércoles y por ende no pudo avanzar en definiciones sobre la conducta de tres fiscales que están bajo su análisis.
En cambio, la presidenta de la Comisión, la diputada socialista Lionella Cattalini confirmó que se elaboró el cronograma de trabajo para analizar los pliegos de siete candidatos a cargos vacantes en el Poder Judicial y dos como fiscales adjuntos subrogantes para el Ministerio Público de la Acusación, enviados por el Poder Ejecutivo.
La decisión de la Comisión fue solicitar a la vicegobernadora, Gisela Scaglia, la convocatoria a Asamblea Legislativa para el jueves 27 de noviembre para considerar esos pliegos. Los nueve candidatos serán entrevistados el día anterior por la Comisión de Acuerdos.

Los pliegos bajo análisis son los de María Josefina Olcese fue propuesta como jueza subrogante de 1° Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ª Nominación en Santa Fe; Nicolás Alejandro Occhi como Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito Laboral de la 4ª Nominación para Santa Fe y Federico Lema como Subrogante de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ta. Nominación de Rosario.
Además Guillermo Roldán, como Subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de San Lorenzo; Javier Pedro Bértora como Subrogante de Primera Instancia de Circuito de San Lorenzo; Carolina Burgos Grabich para Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Villa Gobernador Gálvez y María de los Milagros de la Torre como Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Sunchales.
Para el MPA, las dos propuestas son para fiscales adjuntas subrogantes. Paula Prieto para Reconquista y Brenda Baños para Rafaela.
Los tres expedientes que tiene la Comisión derivados de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación son los de los Leandro Benegas (Vera), María Verónica Ballari (Rosario) y Diego Gustavo Rodríguez y Barros (San Jorge). El caso Benegas ya tiene avocamiento de la comisión mientras que los dos expedientes restantes todavía no hubo determinación.
La ausencia de legisladores en la Comisión ayer difirió el tratamiento para dentro de dos semanas.

El diputado Miguel Rabbia (Construyendo Futuro) ingresó un pedido de informes en relación a la siniestralidad vial y las estadísticas oficiales de víctimas fatales por accidentes de tránsito en el territorio provincial durante los años 2023 y 2024.
Son tres los puntos de la minuta: cantidad total de víctimas fatales registradas por siniestros viales en la provincia de Santa Fe durante el año 2024, discriminadas por departamento y tipo de vehículo involucrado; si los datos difundidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) en enero de 2025, que informaban una reducción del 15 % respecto a 2023, corresponden a cifras preliminares o definitivas, y qué metodología y fuentes de información se emplean para el registro y consolidación de los datos sobre siniestralidad vial, y si existe articulación con organismos nacionales o municipales para la validación de dichas cifras.
Rabbia fundamenta su iniciativa ante datos disímiles sobre la evolución de la siniestralidad vial en la provincia. "Ante esta disparidad de información y la ausencia de un informe consolidado publicado oficialmente, resulta necesario que la autoridad competente aclare y precise las cifras reales, así como los mecanismos de registro, validación y control utilizados para su elaboración".
Para el legislador, "la siniestralidad vial constituye una problemática estructural en la provincia, con un impacto humano, sanitario y económico de gran magnitud. Cada víctima representa una tragedia evitable, y por ello la transparencia en los datos y la consistencia de las políticas preventivas son condiciones indispensables para abordar la cuestión con seriedad institucional".