La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció el presupuesto de gastos para el ejercicio 2026 del Poder Judicial de la Nación, fijándolo en $378.087.606.265.
Boletín Oficial
La Corte Suprema de Nación definió el presupuesto 2026 para el Poder Judicial
Fue mediante la Acordada 26/2025, fijando el monto en $378.087.606.265.
Esta Acordada 26/2025, publicada este lunes 18 de agosto de 2025, detalla la asignación de recursos para gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso, asegurando el funcionamiento eficiente del Poder Judicial.
Se prevé la creación de 4.732 cargos y se aprueba un plan de obras para la infraestructura judicial. Además, se solicita la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores y aportes del Tesoro Nacional, enfatizando la necesidad de garantizar la autarquía financiera del Poder Judicial.
El documento cuenta con las firmas de Horacio Daniel Rosatti, presidente de la Corte Suprema; Carlos Fernando Rosenkrantz, ministro de la Corte Suprema; y Gerardo Gabriel Prataviera, secretario general de Administración de la Corte.
La acordada busca asegurar la administración efectiva de justicia y atender las necesidades básicas de la Corte, impactando directamente en la calidad del servicio judicial para los ciudadanos.
Distribución de gastos y cargos
El monto total aprobado asciende a $378.087.606.265, distribuido en cuatro grandes ítems:
- Gastos en personal: $309.185 millones (82% del total).
- Bienes de consumo: $6.412 millones.
- Servicios no personales: $24.860 millones.
- Bienes de uso (equipamiento e infraestructura): $37.629 millones.
El presupuesto incluye también la cuantificación de 4.732 cargos, de los cuales 4.091 se financiarán con recursos propios de la Corte y 641 con aportes del Tesoro Nacional (DAJUDECO).
Además, se aprueba un Plan de Obras que contempla reacondicionamiento, restauración y ampliación de edificios judiciales, así como la continuidad del plan de preservación del Palacio de Justicia, declarado monumento histórico nacional por el Decreto 349/99.
La Corte justificó su decisión en la necesidad de “garantizar el accionar de la justicia” ante los techos presupuestarios impuestos por el Ejecutivo, los cuales calificó de “insuficientes para el nivel de necesidades mínimas”.
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