La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que se reabra la investigación contra el ex juez federal Luis Zelaya, acusado de haber encubierto a policías responsables de torturas durante la causa por el secuestro de Mauricio Macri, ocurrido en 1991.
Sucedió en 1991
La Corte ordenó investigar al juez de la causa por el secuestro de Mauricio Macri
El ex presidente fue raptado en 1991 y liberado semanas después, tras el pago de un millonario rescate. Cómo fue el episodio y sus sórdidas derivaciones. Los cuestionamientos al juez que condenó a “la banda de los comisarios” y fue absuelto, y la orden de la Corte de volver a juzgarlo.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal cuestionó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había confirmado el sobreseimiento de Zelaya y compartió los argumentos de la Procuración General de la Nación, que denunció una “parcial valoración de la prueba” en beneficio del ex magistrado.
El caso tiene como querellante a Juan Carlos “Pelado” Bayarri, un ex policía que estuvo trece años preso tras ser condenado en la causa por el secuestro y que denunció haber sido obligado a confesar bajo tormentos. Bayarri acusó a Zelaya de haber protegido a los policías que lo golpearon y torturaron, entre ellos Carlos Sablich, ex jefe de la división Defraudaciones de la Policía Federal, quien años después fue condenado a 16 años de cárcel.
El secuestro
El secuestro de Mauricio Macri arrancó la noche del 24 de agosto de 1991, cuando fue interceptado al llegar a su casa de Tagle 2804. Allí, uno de los secuestradores le pegó un puñetazo que lo dejó aturdido. Inmediatamente, el entonces ejecutivo de la empresa Socma -cuyo presidente era su padre Franco Macri - fue tomado del cuello y llevado a una combi Volskwagen, donde lo encerraron dentro de un ataúd que le tenían preparado.
Cuando volvió del aturdimiento, Macri descubrió que apenas podía respirar dentro de la caja de madera en la que estaba encerrado, no tenía espacio para moverse ni luz. Dentro del ataúd, el futuro presidente de Boca y de la Argentina sólo podía escuchar el ruido del motor de la furgoneta en la que era trasladado a su lugar de cautiverio.
"Siempre vendado, me sacaron del ataúd y me llevaron caminando por la casa. Luego, abrieron una puerta y me arrojaron sobre una cama. Allí me colocaron unas cadenas en los tobillos, que estaban unidas a otra sujeta al suelo", recordó Macri frente al juez de Instrucción Nerio Bonifati cuando describió el momento de su arribo a la casona de Chiclana y Garay, en Parque de los Patricios.
Mauricio Macri nunca quiso brindar mayores detalles de sus días de cautiverio en "la caja", que era como llamaban los delincuentes a la habitación de tres por dos metros construida en el sótano de la casona. El lugar tenía un inodoro químico y un agujero pequeño en el techo por donde le pasaban la comida.
Fue liberado doce días más tarde. Su padre Franco pagó US$ 6.000.000 en efectivo como rescate. Nicolás Caputo y el chofer del mayor de los Macri trasladaron la plata hasta un terreno abandonado de la Isla Maciel. Tras recorrer algunas postas que los secuestradores colocaron en distintos puntos de Capital y Gran Buenos Aires, los pagadores dejaron el auto con los bolsos con los billetes cerca de la cancha de San Telmo. Luego cruzaron el Riachuelo en bote y tomaron un taxi hasta la casa del presidente de Socma.
Pasaron 48 horas desde que Franco Macri pagó el rescate hasta que pudo saber algo de su hijo. Entre el 3 y el 5 de septiembre de 1991, el empresario no supo que había pasado con su primogénito.
Mauricio Macri abandonó el sótano donde estuvo encerrado doce días el 5 de septiembre a las 21.30. Uno de los cuidadores lo dejó en el Bajo Flores, cerca de la cancha del Deportivo Español. Desde allí, el futuro presidente de Boca tomó un taxi hasta el hotel Plaza, en Florida Paraguay y llamó a su familia para que lo pasaran a buscar.
El derrotero judicial
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en agosto de 2001, condenó a reclusión perpetua a los ex oficiales de la Policía Federal José "Turco" Ahmed, Juan Carlos "Pelado" Bayarri y Miguel Ángel "Jopo" Ramírez. Además, sentenció a Ramón Avalos a 15 años de prisión; a Carlos Alberto Benito a 11, y a Héctor Daniel Ferrer y Raúl González a cinco años. Otro ex comisario, Alfredo Hugo Vidal, fue procesado y quedó en libertad.
Unos 27 años después, sus secuestradores, miembros de la llamada "banda de los comisarios" -por estar conformada por varios integrantes de la Policía Federal- se encuentran en libertad. Ninguno de los ocho condenados permanece actualmente en prisión.
La Corte ya había intervenido en 2014 y ordenado un nuevo pronunciamiento en la causa contra Zelaya, pero la Casación reiteró el sobreseimiento. Ahora, el tribunal volvió a revocar esa decisión, respaldando el dictamen del procurador Eduardo Casal, quien advirtió que se desoyeron pruebas y testimonios que comprometían al ex juez.
El ex juez Zelaya fue acusado por no investigar a funcionarios policiales que privaron de la libertad y torturaron a Juan Carlos Bayarri para que se adjudicase el secuestro de Macri. También, de haber favorecido a agentes de la Policía Federal que torturaron al ciudadano uruguayo Juan Francisco Bueno Alves para que declare en contra del abogado Carlos Alberto Pérez Galindo.
El juez de primera instancia había dispuesto el sobreseimiento de Zelaya en orden a dos de los hechos que le fueron atribuidos.
Los querellantes -Bayarri y Pérez Galindo- apelaron esa decisión, pero la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital confirmó la sentencia de primera instancia. Contra esa resolución, los querellantes presentaron un recurso de casación, que fue rechazado, por mayoría, por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los querellantes presentaron un recurso extraordinario, que fue denegado. Allí alegaron que la decisión de la Cámara de Casación desobedeció y dejó sin efecto el fallo de la Corte dictado el 28 de octubre de 2014, que imponía que aquel tribunal anulara la decisión de la cámara de apelaciones con el objeto de que se prosiguiera con la investigación.
Tras la presentación de un nuevo recurso de queja, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar al planteo y revocó la decisión de la Cámara de Casación.
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