La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió iniciar una nueva etapa en su defensa, luego de la condena de seis años e inhabilitación para ocupar cargos públicos que cumple en su domicilio de CABA por la denominada causa “Vialidad”.
“Proscripción política perpetua”: Cristina Kirchner lleva su condena a Derechos Humanos de la ONU
La dos veces presidenta cumple prisión domiciliaria por la causa “Vialidad”. Difundió una carta abierta en medios extranjeros y, para esta nueva etapa de su defensa, convocó a un abogado español y uno brasileño. “Responderé con más Derecho”, advirtió.

Para ello hizo una presentación individual ante el Comité Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y contrató a dos abogados de prestigio internacional: el español Javier Borrego, y el brasileño Rafael Valim, quien oportunamente ofició como defensor de Lula da Silva.
Además, publicó una columna con su firma en medios internacionales (entre ellos El País, de España) y una carta abierta en la que explica su estrategia y advierte que “el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”.
“Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, dice en la publicación, que fue difundida en sus redes sociales y recogidas por todos los medios nacionales.

“Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos”, añade.
A continuación pregunta si puede ser “casualidad” ser “la única ex presidente condenada por la Corte Suprema” y sostiene que “cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.
Para la ex mandataria, “todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política.”,
“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, evalúa.
Críticas al sistema judicial
A la vez, insiste en que “la proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino”.

Luego de advertir que “en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular”, señala que “ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales”.
Una democracia deja de ser plenamente democrática, “cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política”.
“Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”. En esa consigna se enmarca la presentación ante la ONU, “con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder”.
Escrutinio internacional
A continuación anuncia la contratación de dos abogados extranjeros “de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos”.
“Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales”, avanza en la carta abierta.
Y anticipa: “Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia”, antes de avisar que “muy pronto caminaremos juntos”.
Causa Vialidad
La ex presidenta cumple actualmente con una condena de seis años e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por la denominada causa “Vialidad”.

En ese caso, se investigó el presunto direccionamiento de 51 licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor de empresas de Lázaro Báez. Se imputó administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en tanto la acusación por asociación ilícita fue descartada por los tribunales.
Es la única causa con condena firme. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner.
La pena se encuentra en etapa de ejecución y es cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria debido a la edad de la ex mandataria.









