La defensa de Cristina Fernández de Kirchner formalizó una nueva presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena firme dictada en la causa Vialidad.
Causa Vialidad
Cristina Kirchner llevó nueva evidencia a la ONU para cuestionar su condena
La defensa de la expresidenta presentó documentación ante el Comité de Derechos Humanos y busca que el organismo trate el caso en octubre. También pide revisar la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego incorporaron documentación que, según sostienen, demuestra que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales de la exmandataria.
El objetivo de la presentación
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. La sentencia quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema.
La defensa busca que el Comité analice el caso durante su próxima sesión y que evalúe especialmente la inhabilitación política y las condiciones de ejecución de la pena.
Los letrados sostienen que el proceso tuvo irregularidades y que la condena afectó derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esa posición forma parte del planteo presentado ante el organismo.
La nueva evidencia
Beraldi explicó que la documentación incorporada analiza la distribución de fondos destinados a obra pública durante las presidencias de Cristina Kirchner.
Según la defensa, las empresas vinculadas a Lázaro Báez habrían recibido menos del 1% del total considerado en ese relevamiento. Los abogados presentan ese dato como un elemento para cuestionar uno de los fundamentos centrales de la sentencia.
La Justicia argentina, en cambio, consideró probado en la causa que existió una maniobra de administración fraudulenta vinculada con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Qué puede resolver el Comité
El Comité de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 18 expertos independientes y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.
El organismo puede examinar comunicaciones individuales una vez cumplidos determinados requisitos procesales, entre ellos el agotamiento de los recursos internos disponibles.
La defensa pretende utilizar una eventual decisión favorable como fundamento para impulsar nuevas presentaciones ante los tribunales argentinos.
El reclamo por la inhabilitación
Uno de los principales objetivos del planteo es suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que integra la condena.
Los abogados también habían solicitado medidas relacionadas con la prisión domiciliaria y cuestionado la conformación actual de la Corte Suprema.
La presentación ante Naciones Unidas se suma así a la estrategia judicial que la defensa de la expresidenta mantiene después de que la sentencia quedara firme en la Argentina.
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