Tras el envío de la reforma electoral al Congreso, el oficialismo baraja posibilidades ante una eventual falta de apoyos para avanzar en la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Tras el envío del proyecto al Senado
El debate sobre la eliminación de las PASO abre otras alternativas
La reticencia de sectores aliados dificulta al oficialismo alcanzar las mayorías especiales requeridas. La ficha limpia como moneda de cambio, las opciones que operan como “plan B” y las otras cuestiones que entran en discusión.
Más allá del rechazo cerrado de la oposición, con el peronismo a la cabeza, sectores afines al gobierno también expresaron sus reservas, cuando no lisa y llanamente su desacuerdo.
Es el caso del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien no solamente avaló el mecanismo, sino que puso en duda el argumento económico que blande el gobierno, y que ante el electorado sintoniza con el “alivio” de ahorrarse una jornada comicial.
"Es una buena manera de dirimir de cara a la sociedad. Si a todos los costos de la democracia los analizamos como un gasto puro, entonces podemos llegar a la conclusión de que ni votemos", dijo Macri, a la vez que criticó el temperamento de “simplificar la discusión a cuánto cuesta".
Costos y votos
En particular, el comentario salió al cruce del ministro del Interior, Diego Santilli, también emergente del PRO, quien a través sus redes sociales estableció: “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”.
De hecho, Santilli replicará en este caso la mecánica utilizada para buscar el respaldo de los gobernadores a la reforma laboral, y protagonizará un nuevo raid por el territorio nacional.
Esto porque, por tratarse de una cuestión electoral, la iniciativa requiere de una mayoría parlamentaria especial. Inicialmente, de 37 votos en el Senado, que es por donde ingresó, y luego de 129 en Diputados. Es decir, la mitad más uno de cada cámara.
Particularmente, en el caso del Senado los violetas tienen 21 bancas. Necesitarán 16 respaldos prestados.
En ese marco, en la Casa Rosada computan de antemano el apoyo de los mandatarios con los que establecieron oportunamente alianzas electorales: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). También de Claudio Poggi (San Luis), otro mandatario cercano al oficialismo.
Es más incierto el panorama con otros gobernadores de los considerados “dialoguistas”, ya que en la mayoría de los casos la reforma electoral les complicaría el frente propio (e incluso la política de alianzas), al no contar con la herramienta de las primarias para dirimir candidaturas. La reticencia también aparece en las filas partidarias de la UCR y el PRO.
Quien gana y quién pierde
Y es que, como resulta casi “de manual”, la eliminación de un mecanismo como las PASO solamente favorece al oficialismo, donde el ejercicio del poder facilita el armado verticalista de las nóminas.
En cambio, perjudica a la oposición porque le complica armar frentes electorales. Por un lado los obliga a desplegar la logística de las internas “cerradas” o los expone a una negociación que, si fracasa, desembocará en una fragmentación (tanto de partidos como de eventuales alianzas), que a su vez también beneficiará al oficialismo.
En este escenario, quien tendrá a su cargo una vez más enhebrar las voluntades suficientes para consagrar el proyecto es la jefa de bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Y a esos efectos, si bien se sostiene la idea de máxima de concretar la eliminación de las PASO, se barajan alternativas “de mínima”.
El “plan B”
En particular, la posibilidad de tratar de “zafar” del mismo modo que en las elecciones intermedias de 2025 a través de una nueva suspensión, específicamente para esta ronda electoral, o bien quitarles el carácter de obligatorias y sostenerlas en formato optativo.
Pero el debate no queda zanjado con esta cuestión, ya que también se impulsan reformas de otro tenor. Y entre ellas, la que más interesa al Javier Milei, además de la eliminación de las PASO, es la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos, que deja sin efecto el aporte público y eleva de 2 % a 35 % el privado.
Asimismo, el proyecto contempla además cambios en los requisitos legales para presentar listas, busca suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur, e incluye Ficha Limpia, entre otros detalles.
En Balcarce 50 anticipan “guiños” en el articulado del proyecto que podrían ser leídos en como un gesto para los gobernadores aliados y entre los ejemplos figuran el casillero que se incluye en la boleta para tildar la lista completa, lo que permitiría enganchar las listas locales a las nacionales, y evitar avanzar con la idea de un sistema de “circunscripciones uninominales”.
Otros debates
En tanto, sin el filtro establecido por las PASO (la obtención del 1,5% de los votos totales para poder presentar candidatos en las elecciones generales), el proyecto incorpora la exigencia de avales de afiliados. En el caso del candidato a presidente se exige el equivalente al 0,1% del padrón nacional, mientras que para senadores y diputados nacionales se necesitará el 0,5% del padrón provincial.
En cuanto a la ley de Ficha Limpia, que el año pasado fue rechazada por el Senado, se incorpora un artículo a la ley de Partidos Políticos que prohíbe presentar como candidatos a “personas condenadas por un delito doloso”.
Según especifica el proyecto, la prohibición se aplicará en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
En caso de una condena confirmada fuera dictada durante el año electoral, la prohibición tendrá efecto una vez terminadas las elecciones.
Pero además, el Gobierno propone la eliminación del debate obligatorio de candidatos presidenciales, establecido en 2016 y realizado en las elecciones de 2019 y 2023, que es una práctica de largo trayecto en otros países y que aquí se defiende como una instancia de transparencia y orientación al electorado.
Con respecto a los parlamentarios del Mercosur, la iniciativa suspende la elección hasta que se defina una fecha de votación conjunta de todo el bloque. Mientras tanto será la Cámara de Diputados quien designe entre sus miembros a los representantes argentinos.
Junto con la eliminación de los aportes públicos a la publicidad audiovisual, el Gobierno incluyó en el proyecto la flexibilización de la campaña en medios de comunicación, que podrá realizarse sin límites de tiempo, e incluso durante la veda electoral.
Además, se reduce la prohibición de publicación de encuestas a 48 horas antes de la elección (actualmente el límite es de 8 días) y durante las 2 horas posteriores (ahora son 3 horas). Es decir que las bocas de urna y las primeras estimaciones podrán conocerse a las 20 horas.
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