La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó una nueva apelación del Gobierno en la causa por el financiamiento universitario.
Mientras se discute la cuestión de fondo
Ley de Financiamiento Universitario: un nuevo fallo aceptó revisar la medida cautelar
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso de la Procuración del Tesoro y se revisará la medida que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes.
La Sala III ordenó que se tramite el recurso contra la decisión del juez Martín Cormick de continuar con la ejecución de la medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles.
Con esta resolución, el Estado podrá discutir ante la Cámara dos decisiones de primera instancia vinculadas con el cumplimiento de esa orden judicial.
Una de ellas se relaciona con la intimación al Gobierno para que acate la cautelar bajo apercibimiento de multas diarias, que quedaron suspendidas provisoriamente el 15 de octubre. La otra, habilitada ahora, cuestiona que siga adelante el trámite de ejecución de la medida.
El fallo no se pronunció sobre el cumplimiento de la cautelar ni sobre su vigencia. Los jueces aclararon que conceder la apelación no implica “adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar”. La discusión deberá continuar en las instancias correspondientes.
La presentación que llegó ahora a la Cámara se originó en una providencia del 9 de octubre. En esa resolución, Cormick dispuso que se elevara a la Cámara la causa principal (en la que ya había dictado una sentencia de primera instancia) y, al mismo tiempo, hizo saber a las partes que continuaría el trámite para ejecutar la cautelar dentro de un incidente separado.
El Gobierno apeló esa última decisión, pero el juez rechazó el recurso el 14 de octubre. El Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación presentaron entonces una queja ante la Cámara para que revisara esa denegatoria. La Sala III hizo lugar al planteo y concedió la apelación, que deberá tramitarse en primera instancia.
En su presentación, el Estado sostuvo que ya había cumplido íntegramente con la cautelar. También argumentó que la medida tenía un límite temporal y que, según su interpretación, ese plazo ya había vencido. Por eso cuestionó que se mantuviera abierta la ejecución y planteó que la intimación podía obligarlo a cumplir una orden que considera ya sin vigencia.
El Gobierno también advirtió sobre las consecuencias de la decisión de primera instancia: sostuvo que seguía latente la posibilidad de aplicar sanciones conminatorias si no cumplía dentro del plazo fijado, pese a que, según su planteo, no existía una liquidación concreta de las sumas reclamadas.
La Cámara consideró que la denegatoria de la apelación podía generar un “gravamen irreparable” para el Estado y habilitó su revisión.
La nueva decisión se suma a la resolución del 15 de octubre, cuando la misma Sala III admitió una queja oficial y dispuso que se tramitara con efecto suspensivo la apelación contra las multas de $100.000 diarios impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Esa medida dejó las sanciones en pausa mientras avanza el recurso, pero tampoco resolvió si el Gobierno había cumplido con la cautelar.
La causa fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma. El Gobierno apeló esa sentencia, que tramita en el expediente principal.
La cautelar discutida en los incidentes exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y garantizar los fondos para las becas estudiantiles de acuerdo con los parámetros previstos por la ley.
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