En el Boletín Oficial de la República Argentina del 21 de octubre de 2025 figura la publicación de la ley 27.795 de financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente.
Largo camino en la Justicia
Financiamiento universitario: una ley ratificada por el Congreso lleva un año en suspenso
Funcionarios de Educación del gobierno nacional expusieron en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Reclamo de la oposición ampliada para que se respete la norma, una cita a Pettovello y nuevo fallo judicial.
El dato fue disparador y protagonista del debate en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que este martes tuvo como invitados al secretario de Educación Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Ambos funcionarios, que dependen del Ministerio de Capital Humano, fueron a exponer sobre uno de los capítulos más sensibles del proyecto de la “ley de leyes” que el gobierno propone para el año 2027. Fue apenas días después de la quinta marcha federal universitaria que, bajo un mismo reclamo, colmó espacios de numerosas ciudades del país.
Desde el interbloque Unidos se planteó la presencia “urgente” de funcionarios nacionales para que den las razones de este incumplimiento.
La ruta legislativa
La ley publicada en 2025 “tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”, y tuvo un largo camino en el Congreso durante la actual gestión nacional.
Comenzó en el año 2024 con la sanción de la Ley Nº 27.757 para declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario y actualizar los gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes por inflación.
Luego de la ley llegó el veto del presidente Javier Milei mediante el Decreto 879/2024, argumentando la falta de previsión de la fuente de financiamiento y la afectación del equilibrio fiscal. El veto fue tratado por Diputados aunque no se alcanzaron los dos tercios necesarios para insistir con la ley, por lo que el veto quedó firme.
Al año siguiente llegó un nuevo proyecto que recibió sanción del Congreso. Una vez más fue vetado por el Presidente mediante el Decreto 647/2025, con el argumento del impacto fiscal sin partidas previstas.
El veto fue rechazado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2025 (en coincidencia con la tercera marcha universitaria) con 174 votos a favor y el Senado confirmó la vigencia de la ley el 2 de octubre de 2025 con 58 votos (superando los dos tercios exigidos), dejando la ley firme.
Como se dijo, la publicación en el Boletín Oficial llegó casi 20 días después.
Desde entonces, el reclamo por su incumplimiento es incesante desde el Consejo Nacional Universitario (CIN) que nuclea a rectores de todo el país.
En la Justicia
En cuanto al trámite judicial de la ley, el primer paso se produjo en diciembre de 2025, cuando la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir los artículos de la ley referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a la actualización de los programas de asistencia estudiantil.
En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones confirmó esa decisión y rechazó el recurso presentado por el Estado nacional, por lo que la obligación de cumplir esas disposiciones continuó vigente.
La controversia también llegó a la Corte Suprema, ante la que el Gobierno planteó objeciones vinculadas con la intervención de magistrados en la causa. En junio, el máximo tribunal desestimó esos planteos y, semanas después, rechazó el recurso extraordinario del Estado contra la medida cautelar. Esta última decisión dejó firme la protección judicial, aunque no implicó un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del decreto cuestionado.
El avance más significativo se produjo el 6 de octubre de 2026, cuando la Justicia de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para cumplirla.
La decisión superó así el alcance provisional de las medidas cautelares y abordó el núcleo de la controversia entre el Gobierno y las universidades.
Sin embargo, el conflicto no quedó cerrado. El Estado nacional apeló la sentencia y el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para su revisión.
De este modo, la disputa ingresó en una nueva etapa judicial. Mientras continúa vigente la protección cautelar dictada durante el proceso, el alcance definitivo de las obligaciones del Estado y la validez de las condiciones impuestas por el decreto permanecen sujetos a la evolución de la causa.
En tanto, este mismo martes la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó una nueva apelación del Gobierno contra la medida cautelar.
Con esta resolución, el Estado podrá discutir ante la Cámara dos decisiones de primera instancia vinculadas con el cumplimiento de esa orden judicial. Una de ellas se relaciona con la intimación al Gobierno para que acate la cautelar bajo apercibimiento de multas diarias, que quedaron suspendidas provisoriamente el 15 de octubre. La otra, habilitada ahora, cuestiona que siga adelante el trámite de ejecución de la medida.
El fallo no se pronunció sobre el cumplimiento de la cautelar ni sobre su vigencia. Los jueces aclararon que conceder la apelación no implica “adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar”. La discusión deberá continuar en las instancias correspondientes.
Pedido del interbloque Unidos
Antes de iniciar la exposición de los funcionarios nacionales, se conoció una nota dirigida al presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch (LLA), en rechazo “al apartado (del proyecto oficial) correspondiente a educación, a fin de solicitar que se adecue el gasto previsto contemplando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria aprobado por este Congreso, y solicitar formalmente la comparecencia de las autoridades competentes del Poder Ejecutivo Nacional”.
La nota lleva la firma de 19 integrantes de la Cámara baja, entre ellos, varios santafesinos: Nicolás Massot, Ignacio García Aresca, Jorge Rizotti, Gisela Scaglia, Miguel Pichetto, Mariela Coletta, Martín Lousteau, Juan Schiaretti, Pablo Juliano, Carlos Gutiérrez, Esteban Paulón, Pablo Farías, Juan Brugge, Alejandra Torres, Carolina Basualdo, María Inés Zigarán, José Nuñez, Sergio Capozzi y Lourdes Arrieta.
En el texto se recuerda el trámite que siguió la ley en el Congreso, donde fue ratificada. “A casi un año de aquellos hechos, más específicamente 357 días, el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de la medida dictada por la Justicia que dispuso el inmediato cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma”, expresan los diputados.
“No podemos convalidar el tratamiento de un proyecto de presupuesto para el año 2027 que desconoce abiertamente las obligaciones vigentes. Asignar un monto que representa un déficit del 32% respecto de las necesidades reales de funcionamiento de las Universidades Nacionales, no es un error de cálculo, sino la ratificación de una decisión política de desarme de la educación pública”, argumentan.
Por todo lo expuesto, “no se puede discutir un proyecto de presupuesto que ignora abiertamente la manda establecida por dos poderes del Estado, en una clara e intolerable vulneración a la división democrática de poderes”.
Por ello se pide citar en forma urgente a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a autoridades del área educativa (que estuvieron este martes en la comisión) y al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, Diego Santilli, para que expliquen de manera presencial los motivos por los que no se cumple la ley.
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