La segunda jornada del debate presupuestario dejó expuesto el modelo laboral con el que el Gobierno de Javier Milei pretende impulsar en 2027.
Debate del Presupuesto
Cómo piensa el Gobierno generar empleo en 2027: las claves que Trabajo expuso en Diputados
El secretario Julio Cordero defendió la reforma laboral, los incentivos para registrar trabajadores y el nuevo fondo para indemnizaciones. La apuesta incluye un lugar creciente para monotributistas y autónomos, mientras el empleo asalariado privado acumula 14 meses consecutivos de caída.
Después de que Hacienda ratificara una expansión del PBI de 4% para el próximo año, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se presentó en Diputados continuando la proyección: cómo debería trasladarse esa recuperación a un mercado laboral que todavía muestra dificultades.
El funcionario definió como objetivos del Presupuesto 2027 sostener el equilibrio fiscal y la desinflación, pero también la “generación de empleo y crecimiento salarial”. Y aseguró que tanto la Ley de Modernización Laboral como las políticas que viene aplicando su área tendrán continuidad durante 2027.
La intención no está centrada únicamente en el empleo tradicional. “El trabajo autónomo y monotributista es trabajo formal en la Argentina”, afirmó Cordero, que reivindicó distintas formas de inserción y pidió avanzar sobre la informalidad mediante la registración.
Su explicación fue todavía más explícita durante las respuestas: hay personas, sostuvo, que “quieren tener la libertad de contar con un trabajo por cuenta propia”.
Cuestionamientos por la formalidad
Cordero llevó como uno de los primeros resultados de la reforma al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce costos laborales no salariales para determinadas contrataciones.
El Gobierno informó esta semana que el régimen llegó en julio a más de 63.000 trabajadores y 20.873 empresas, frente a 7.993 firmas que lo utilizaban cuando comenzó a instrumentarse en mayo. El 4,1% de los empleadores privados del país ya habría utilizado el beneficio.
Uno de los cuestionamientos de la oposición es que la estadística mide trabajadores alcanzados por el incentivo, no creación neta de empleo, siendo posible que mientras algunas empresas suman personal regularizado mediante el régimen otras reducen sus planteles.
Los últimos registros laborales muestran que desde noviembre de 2023, el empleo asalariado privado registrado se redujo en unos 266.000 puestos y julio completó el decimocuarto mes consecutivo de retroceso. Ante esas objeciones, Cordero puso el acento en que la fotografía laboral debe incorporar también las nuevas modalidades de trabajo y la creciente búsqueda de autonomía.
De los planes a la capacitación
Por otra parte, Cordero aseguró que se incorporaron “al mundo del trabajo” a 950.000 personas a partir de la reconversión del Volver al Trabajo y de la posibilidad de compatibilizar asistencia con distintas actividades laborales, aunque no sean en empleos privados registrados.
El Presupuesto muestra ahora una nueva etapa de esa transformación. Según el relevamiento de Presupuesto Interactivo sobre las planillas oficiales, Acciones de Empleo, donde se incluyó Volver al Trabajo, tendría unos $210.000 millones en 2027 y caería 76,6% real frente al crédito vigente de este año.
En sentido contrario, Acciones de Capacitación Laboral subiría hasta unos $290.000 millones, con un incremento real cercano al 487%, mientras Regularización del Trabajo crecería 36,8%. Presupuesto Interactivo
La reasignación coincide con la doctrina expresada por Cordero: menos peso de las transferencias asociadas a programas de empleo y mayor utilización de capacitación, incentivos y registración para vincular trabajadores con el sector privado.
El impacto del FAL
Otro instrumento central en 2027 será el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que comenzará a funcionar desde noviembre y fue defendido por Cordero como un mecanismo que permitirá facilitar las desvinculaciones y garantizar indemnizaciones cuando las empresas no puedan afrontarlas.
La Ley 27.802 establece una contribución de 2,5% de la masa salarial para mipymes y 1% para las grandes empresas. Esos recursos se detraerán de contribuciones que actualmente financian al SIPA, PAMI, asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo. La consecuencia presupuestaria ya había aparecido el día anterior: Guberman calculó que el nuevo régimen restará alrededor de 0,23 puntos del PBI a los recursos de la Seguridad Social.
El interrogante de los diputados fue si el menor costo que busca incentivar las contrataciones terminará produciendo suficiente empleo registrado para compensar aquella detracción. Cordero defendió que el sistema previsional no depende exclusivamente de los aportes sobre el empleo y que también puede financiarse con rentas generales.
Salarios sin trasladarlos a precios
La otra pata de la exposición fueron los ingresos. Cordero sostuvo que el objetivo oficial es que los salarios superen a la inflación, pero reclamó que las recomposiciones no terminen trasladándose a los precios.
Defendió para eso negociaciones más descentralizadas, por actividad, región e incluso empresa, y la utilización de componentes salariales “dinámicos” cuando una compañía tenga margen para pagarlos sin comprometer puestos de trabajo.
Según explicó, la prioridad es combinar recuperación salarial con preservación del empleo. Ese planteo deberá convivir con un Presupuesto que estima 18% de inflación punta a punta para 2027 y con una economía que, según Hacienda, debería volver a acelerar hasta 4%.
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