El fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, interpuso este jueves un recurso de amparo ante el Juzgado de Distrito en lo Civil en turno, solicitando que se ordene la inmediata suspensión de todo tratamiento legislativo vinculado a una eventual sanción o destitución.
Ante la justicia civil
Fiscal de San Jorge presentó un amparo y pidió frenar el intento de destitución
El fiscal Diego Rodríguez y Barros, investigado penalmente por supuesta estafa, recurrió ante un juzgado civil para impedir que la Legislatura santafesina avance con un juicio político que, según él, vulnera garantías consagradas por la nueva Constitución. El abogado, Martín Durando, señaló que el cambio constitucional otorgó a los fiscales garantías de juicio que antes no existían.
La acción está dirigida contra la Legislatura provincial y la Comisión de Acuerdos que preside la diputada Lionella Cattalini, por considerar que se encuentra en vías de aplicar un procedimiento que —según plantea— no se adecúa al marco institucional surgido de la reforma constitucional de este año.
El funcionario recuerda que asumió como fiscal adjunto el 19 de septiembre de 2023 y que el 23 de septiembre último juró bajo la nueva Constitución.
En ese contexto, sostiene que cualquier enjuiciamiento debe realizarse conforme a las garantías previstas en el nuevo texto, entre ellas un sistema de acusación técnica y una resolución fundada, que —según argumenta— equiparan el régimen disciplinario de fiscales al de magistrados.
Tentativa de estafa
Rodríguez y Barros expone que tomó conocimiento, el 30 de octubre, de la existencia de una investigación penal en su contra por una supuesta tentativa de estafa vinculada a un reclamo ante una aseguradora.
Afirma desconocer los hechos y niega haber cometido delito alguno. También remarca que lo investigado “no tiene ninguna vinculación con el desempeño en el cargo público”, sino que correspondería a un asunto de índole personal.
En su presentación, señala que no recibió notificaciones formales ni informales sobre eventuales actuaciones disciplinarias. Sin embargo, menciona que en los últimos días hubo versiones mediáticas y declaraciones de legisladores sobre un posible tratamiento de su situación en la Comisión de Acuerdos. Por ello solicita que el juzgado requiera información a la Legislatura.
Nueva constitución
Desde el punto de vista técnico, el escrito cuestiona la aplicación del régimen anterior (Ley 13.013), previsto en las cláusulas transitorias de la reforma mientras no exista reglamentación específica. Para Rodríguez y Barros, aplicar ese esquema sería “retroactivo, vetusto y anacrónico”, y resultaría incompatible con las garantías que la nueva Constitución ya reconoce.
Su abogado, Martín Durando, confirmó a El Litoral la presentación del amparo. Explicó que, aunque la reforma no está reglamentada, el cambio constitucional otorgó a los fiscales un estatus institucional distinto, con garantías de juicio que antes no existían.
La dificultad, reconoce, es que las disposiciones transitorias remiten a la ley previa mientras dure la falta de reglamentación. Aun así, sostiene que existe “una colisión de derechos” y que deben primar las garantías personales del funcionario.
Sanción o suspensión
Durando también señaló que circulan versiones sobre una eventual sanción o suspensión preventiva que podría implicar una reducción salarial, impacto que —afirma— alcanzaría la garantía de intangibilidad de la remuneración. Insistió en que su defendido “no tiene ninguna notificación”, motivo por el cual se recurrió al amparo.
Respecto de la causa penal, indicó que se encuentra bajo reserva en la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, y que el contenido del expediente no fue accesible por esa razón. También mencionó que habría un informe de la Auditoría General del MPA, del Dr. Leandro Mai, remitido a la Comisión de Acuerdos, cuyo contenido se desconoce.
Finalmente, Durando detalló que Rodríguez y Barros no fue imputado formalmente, aunque sí notificado de la existencia de la investigación a fines de octubre, cuando personal de Delitos Institucionales se trasladó a San Jorge para informarle sus derechos.
El juzgado civil deberá ahora resolver si admite el amparo y si ordena a la Legislatura suspender todo trámite hasta que se establezca el alcance de las garantías previstas en la nueva Constitución provincial.
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