La Libertad Avanza intentará acelerar en el Senado el tratamiento del proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a pagar 171 millones de dólares a fondos buitres con sentencia en Estados Unidos contra la Argentina. La iniciativa, impulsada por Javier Milei y Luis Caputo, busca cerrar un principio de acuerdo con esos acreedores y evitar que el conflicto vuelva a judicializarse en condiciones más gravosas.
Semana clave
El Senado tratará el proyecto del Gobierno para cerrar un acuerdo con bonistas por US$ 171 millones
La iniciativa impulsada por Javier Milei y Luis Caputo será debatida en un plenario de comisiones del Senado. El Ejecutivo argumenta que el cierre de los acuerdos evitaría nuevos embargos y permitiría una quita superior al 30% sobre los montos reclamados.
El expediente será discutido este miércoles a las 15 en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda. Antes de esa reunión, se constituirá formalmente la primera de esas comisiones, que quedará bajo la conducción del libertario Bartolomé Abdala, mientras que la de Presupuesto está presidida por Agustín Monteverde.
Aunque el plazo límite para que la ley quede aprobada es el 30 de abril, el oficialismo ya asumió que no llegará a sancionarla antes de esa fecha. Por eso apunta al menos a firmar dictamen esta semana, con la idea de llevarla al recinto en la primera semana de mayo y dar una señal política de cumplimiento frente a los acreedores.
Qué busca autorizar el proyecto
La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Se trata de bonistas que litigaron contra la Argentina desde 2001 y que no ingresaron al acuerdo cerrado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo con el esquema propuesto, el Estado deberá desembolsar 67 millones de dólares para Bainbridge y 104 millones para el grupo Attestor. El pago sería realizado de manera simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen, para su inmediata cancelación y extinción.
La Casa Rosada sostiene que la aprobación parlamentaria es urgente porque los acuerdos fijan como fecha límite de cierre el 30 de abril de 2026. Si no hay aval legislativo, las transacciones se resolverían de manera automática y la Argentina debería retomar litigios en una posición financiera mucho más desfavorable.
El argumento económico del Gobierno
El Ejecutivo remarca que el entendimiento con ambos grupos permitiría resolver de forma integral varias causas abiertas en tribunales estadounidenses. Entre ellas menciona el expediente Attestor No. 14 Civ. 5849 y las distintas acciones de TRINITY INVESTMENT DAC, además de otros reclamos asociados.
En el mensaje enviado al Senado, el Gobierno insiste en que el acuerdo también serviría para cerrar pedidos de embargo sobre activos argentinos, uno de los puntos más sensibles de este tipo de litigios. Para la administración Milei, ese beneficio justifica la necesidad de avanzar con rapidez en el Congreso.
Además, Economía subraya que las condiciones pactadas incluyen una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes reclamadas. La lectura oficial es que el Estado cancelaría pasivos litigiosos por un monto bastante menor al que podría enfrentar si las demandas siguieran su curso bajo ley de Nueva York.
Una señal política en medio del reloj corriendo
Aunque el cronograma juega en contra, el oficialismo quiere dejar asentada su voluntad de cumplir los acuerdos. Por eso busca acelerar el dictamen este miércoles, aun sabiendo que la aprobación definitiva difícilmente llegue antes del vencimiento previsto para el cierre de las conciliaciones.
La apuesta es doble. Por un lado, mostrar ante los acreedores y ante la justicia estadounidense que la Argentina está intentando avanzar con el mecanismo legal necesario para pagar. Por otro, ordenar políticamente un tema incómodo en el Congreso, donde la palabra “fondos buitres” todavía conserva una carga simbólica fuerte.
El debate en el Senado, entonces, quedará atravesado por esa urgencia. No solo se discutirá una autorización de pago, sino también el costo de volver a un escenario de litigios internacionales con acreedores que ya tienen sentencia firme contra el país.
Sobre el Autor
#TEMAS:
