El Gobierno nacional declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. La decisión fue comunicada este 31 de marzo por la Oficina del Presidente.
Decisión oficial
El Gobierno declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán y la vinculó con los ataques a la AMIA y la Embajada
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei ordenó la inclusión del organismo iraní en el RePET. La medida busca saldar una deuda de 30 años con las víctimas de los atentados en Buenos Aires.
Según el comunicado oficial, la medida se apoya en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que atribuyen a la estructura iraní participación directa en los atentados cometidos en la Argentina durante la década de 1990, a través de Hezbollah como brazo operativo en la región.
El vínculo con los atentados en la Argentina
El texto difundido por el Poder Ejecutivo recordó que el 17 de marzo de 1992 un coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. También señaló que el 18 de julio de 1994 otro atentado demolió la sede de la AMIA, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.
De acuerdo con la comunicación oficial, ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria. En ese marco, el Gobierno remarcó que la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes.
Entre los nombres mencionados aparece Ahmad Vahidi, señalado en el comunicado como uno de los iraníes alcanzados por esas alertas y recientemente designado al frente del CGRI. Ese punto fue incluido por la Casa Rosada como uno de los fundamentos centrales de la nueva decisión.
Qué implica la incorporación al RePET
La inclusión en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la organización en la Argentina. Además, busca evitar que el sistema financiero local pueda ser utilizado para canalizar fondos o respaldar actividades ilícitas.
La resolución fue adoptada, siempre según Presidencia, en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. El Gobierno sostuvo que existen informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluido terrorismo en suelo argentino.
La medida se inscribe además en una secuencia previa. El 17 de enero de este año, la Oficina del Presidente había informado la incorporación de la Fuerza Quds, una división de la propia Guardia Revolucionaria, junto con trece individuos vinculados a ese grupo.
El mensaje político del Gobierno
En el cierre del comunicado, Javier Milei sostuvo que la decisión busca saldar una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas. También reafirmó el compromiso de su gestión con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La decisión llega en medio de una etapa de fuerte tensión en Medio Oriente y refuerza una línea política que el Gobierno ya había explicitado en otras definiciones sobre organizaciones armadas y grupos señalados por actividades terroristas.
Sobre el Autor
#TEMAS:
