Discuten cómo reformular los informes del jefe de Gabinete en el Congreso

Casi todos los meses, Guillermo Francos cumple con el mandato constitucional para el jefe de Gabinete de brindar un informe en el Congreso sobre la marcha del gobierno, y responder de manera alternada las preguntas de diputados y senadores. Una obligación a la que no todos sus antecesores se sometieron con la misma regularidad, y cuya ejecución involucra un voluminoso circuito de interrogantes y contestaciones, primero de forma escrita y finalmente de manera presencial.

Esto ocurre en una sesión que se extiende durante horas, que da lugar a punzantes y recurrentes inquisiciones, diabribas encendidas, algunos cruces picantes y muchas exposiciones tan abrumadoras como tediosas. En las que solo esporádicamente la interacción genera información de utilidad o genuino valor, y de las mayormente ambas partes obtienen escaso provecho. Salvo, precisamente, el de llevar adelante una puesta en escena para consumo mediático, o sostener con mayor o menor éxito un mecanismo protectivo de las autoridades frente a los cuestionamientos.

Antecedentes

La obligación de concurrir al Congreso fue incorporada en la reforma constitucional de 1994, junto con la incorporación de la propia figura del Jefe de Gabinete; una suerte de intento de "primer ministro" que se quedó por el camino.

Desde entonces, cada jefe de Gabinete definió su relación con el parlamento de manera distinta: algunos se sometieron a un intenso ida y vuelta con la oposición, mientras que otros buscaron reducir al mínimo su exposición. Tal como recapitula el sitio especializado Parlamentario, hubo sesiones recordadas por sus choques políticos. Jorge Capitanich, en tiempos de Cristina Kirchner, protagonizó enfrentamientos con legisladores opositores. Marcos Peña, bajo la presidencia de Mauricio Macri, fue uno de los que más informes presentó, pero también sufrió cuestionamientos por la falta de profundidad de las respuestas. En la gestión de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y luego Juan Manzur no se caracterizaron por cumplir con la manda constitucional de asistir mensualmente.

Con los años, el mecanismo se fue desnaturalizando: las preguntas se multiplicaron hasta volverse inabarcables, mientras que los pedidos de informes formales -que deberían canalizarse por resolución de las cámaras— quedaron relegados.

En un informe de 2021, ya el CIPPEC advertía que "la creciente cantidad de preguntas, que pasaron de 144 en el informe escrito durante 1995 a 4934 en 2020, funciona como un desincentivo para el cumplimiento, en tanto desafía la capacidad de producción de información del Poder Ejecutivo y hace inmanejable la lectura y el análisis de las respuestas para sacarles el jugo en el informe oral para legisladores. Además, la falta de estructura del informe dificulta su digestión social y política. Sin orden temático ni prioridades, se trata de no más que una colección de textos de cuestionable utilidad".

Proyecto polémico

Ahora, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, acompañado por más de una decena de legisladores libertarios —entre ellos el titular de la Cámara baja, Martín Menem— presentó un proyecto de ley que busca reglamentar de manera específica la obligación constitucional del jefe de Gabinete de informar al Congreso sobre "la marcha del gobierno".

La iniciativa pretende poner orden en una práctica que, desde la reforma de 1994, ha generado más tensiones que resultados. Según el texto, el objetivo es devolver a esa instancia su naturaleza política e institucional, limitando los excesos que en los últimos años la convirtieron en un espacio de confrontación estéril.

Cabe recordar que el propio jefe de Gabinete actual, Guillermo Francos, ha expresado públicamente y en el mismísimo recinto el deseo de modificar el esquema de los informes de gestión, por lo que era de esperar que más temprano que tarde este reclamo se transformara en un texto a debatir.

El proyecto establece que el jefe de Gabinete deberá acordar con la Cámara respectiva la fecha de su informe con un mes de antelación. La exposición se organizará sobre tres ejes: dos seleccionados por el propio funcionario y uno elegido por los bloques parlamentarios. La duración máxima de la sesión informativa será de tres horas.

Concluida la presentación, los legisladores podrán intervenir para realizar observaciones, solicitar aclaraciones o expresar consideraciones políticas. Finalmente, el jefe de Gabinete tendrá un espacio de cierre para responder y fijar su posición. Cuando se trate de asuntos complejos, podrá dar respuestas por escrito en una instancia posterior.

Además, el proyecto ordena la publicación de los informes en los sitios oficiales del Congreso y de la Jefatura de Gabinete, para garantizar su difusión pública. También obliga a ambas cámaras a adecuar sus reglamentos internos a estas disposiciones.

En los fundamentos, Bornoroni advirtió que la práctica actual "ha perdido eficacia política" y terminó generando un "beneficio escaso para cualquiera de las partes". La propuesta libertaria, aseguró, busca "generar un mecanismo de cooperación ágil entre poderes, con saldos institucionales positivos y ejercicio pleno de la responsabilidad política".

El legislador cordobés resaltó que la obligación constitucional del jefe de Gabinete no debe confundirse con otros mecanismos de control, como las interpelaciones o los pedidos de informes. A su juicio, la confusión actual terminó transformando estas sesiones en un escenario de desgaste para el Ejecutivo y de escasa utilidad para el Legislativo.

"La pretensión de que el jefe de Gabinete responda cualquier pregunta individual, sin límite alguno, en el marco de una única sesión, es inapropiada. Para ese tipo de requisitorias existen las vías institucionales correspondientes", argumentó.

Según el cristal

El proyecto libertario busca ahora uniformar criterios, poner límites claros y evitar que la obligación constitucional se convierta en un "show parlamentario". Sin embargo, en la oposición se descuenta que habrá cuestionamientos: para amplios sectores, la iniciativa podría interpretarse como un intento de recortar herramientas de control político al Ejecutivo.

Si el debate avanza, la clave estará en cómo se negocie la letra fina en comisiones. Si prospera, el proyecto significará un cambio en la dinámica de la relación entre el Congreso y la Jefatura de Gabinete, que desde 1994 funciona con reglas dispersas y, muchas veces, según la voluntad del funcionario de turno.