En medio de la renovada tensión diplomática con la Argentina, el gobierno británico confirmó que todas las nuevas licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del Foreign Office. La medida busca dar respaldo a las empresas tras la caída de sus acciones y el retiro de una importante compañía de servicios.
Foreign Office toma el control
Islas Malvinas: qué cambia tras la nueva exigencia de Londres para explotar petróleo
Londres asumirá el control de los permisos de hidrocarburos para respaldar a las petroleras tras la fuerte baja de sus acciones y el reclamo argentino.
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El Foreign Office toma el control
Hasta el momento, los permisos para operar en las aguas cercanas al archipiélago eran emitidos por el gobierno isleño. Sin embargo, el subsecretario parlamentario del Foreign Office, Lord Wood of Anfield, ratificó ante la Cámara de los Lores que la autorización del secretario de Estado de Asuntos Exteriores será un requisito ineludible de aquí en adelante.
La decisión asume una responsabilidad directa con el fin de fortalecer la confianza empresarial En septiembre, la escalada diplomática y el anuncio de acciones sancionatorias por parte del gobierno argentino impactaron de lleno en los mercados. En la Bolsa de Londres, la empresa Rockhopper perdió un 17,9% de su valor bursátil, mientras que Navitas cayó un 11,5% en la de Tel Aviv. Además, la petrolera estadounidense Halliburton decidió no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion.
El proyecto Sea Lion en la mira
Consultado específicamente por el representante conservador Lord Moynihan sobre la reciente prórroga de licencias en Sea Lion —cuya primera producción está prevista para 2028—, el funcionario británico evitó confirmar o negar si Londres intervino en esa autorización en particular.
Las operadoras de este yacimiento trabajan con licencias ya existentes que contaban únicamente con los contratos firmados por el gobierno isleño y el apoyo del Reino Unido.
El debate interno británico
El endurecimiento de la postura británica ocurre en paralelo a un debate económico propuesto por el Partido Conservador en Westminster. La oposición hizo pública su intención de exigir que las regalías derivadas de la explotación petrolera en las islas sean compartidas con el Reino Unido.
El objetivo es utilizar esos recursos para financiar los gastos de defensa de las islas, que representan unas 75 millones de libras esterlinas anuales cargadas al presupuesto británico. Según los conservadores, esto permitiría aliviar la carga de los contribuyentes y liberar fondos para aplicarlos al presupuesto de defensa del Reino Unido, cumpliendo así con los pedidos de la OTAN.
La decisión comunicada a la Cámara de los Comunes modifica el esquema de permisos de explotación en la región. Esta intervención centralizada de Londres representa una respuesta institucional ante los reclamos de soberanía de Argentina, marcando una política más estricta sobre el control de los recursos de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
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