Comisiones de Diputados arrancan el debate de la Ley de Glaciares

El período ordinario de sesiones del Congreso Nacional quedó oficialmente inaugurado el domingo a las 21 con el discurso del presidente Javier Milei. A partir de ahora, una vez concluido el período de extraordinarias, que se caracteriza por el tratamiento exclusivo de iniciativas del Poder Ejecutivo, se podrán debatir en ambas cámaras proyectos impulsados por las y los legisladores.

No obstante, en la agenda de la Cámara de Diputados figura otra aspiración oficial: la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción del Senado el 26 de febrero y será debatida en plenario de comisiones este miércoles desde las 10.

Se trata de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, a cargo de José Peluc (San Juan), y Asuntos Constitucionales, que lidera el santafesino Nicolás Mayoraz, ambos integrantes del bloque de La Libertad Avanza.

Por su parte, el interbloque Unidos pidió que se realice una audiencia pública debido que se trata de “una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes”.

Así lo expresa Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien se puso a la cabeza de este pedido junto con María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Juan Brugge, Nicolás Massot y el santafesino Pablo Farías.

Los argumentos

En sus redes sociales Ferraro pidió a las comisiones que están convocadas para este miércoles que, “previo al tratamiento de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares, se garantice la convocatoria a una audiencia pública, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

El artículo constitucional que se invoca establece que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".

"El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley", añade.

"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales", señala.

"La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, insiste el legislador.

Mientras tanto, el proyecto aprobado por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.

También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial.

Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales lo podrá quitar del Inventario.

El principal argumento en contra de opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona está fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece el proyecto, queda a consideración de cada provincia.

La sesión

El debate en a Cámara alta tuvo varios contrapuntos interesantes. La senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y miembro informante, mencionó que se convocó a expertos, funcionarios y científicos para "escuchar a todas las voces y sectores, incluido el Poder Ejecutivo" y calificó de "regresivas" a las modificaciones.

Agustín Coto (LLA), también miembro informante, sostuvo que "después de 15 años estamos resolviendo dudas y normalizando una ley conforme a la Constitución Nacional y a lo que solicita la Corte Suprema. Si aquí hay una concesión, es a la ciencia y no a una industria en particular", sostuvo.

En el cierre de bloques, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) adelantó su voto positivo y recalcó la necesidad de una ley de protección de glaciares y zonas periglaciares que sea clara pero no "estática". Defendió una normativa federal basada en una "regla de oro": no afectar ninguna fuente de reserva hídrica. Finalmente, propuso que el monitoreo sea ejecutado por las provincias.

En ese sentido, el senador Flavio Fama (UCR) resaltó que el objetivo de la reforma es "compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales". Destacó, como un punto clave, que el proyecto plantee la participación de cada jurisdicción en la definición de sus recursos naturales, bajo un esquema de estándares mínimos coordinados.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Justicialista), calificó de "irreversible" el impacto de la Ley sobre el futuro del país. Reclamó la falta de tratamiento y discusión porque "en menos de 24 horas se firmó un dictamen que al comienzo del debate fue puesto sobre nuestras bancas".

Para cerrar, Patricia Bullrich (LLA) concluyó el debate manifestando su apoyo al proyecto. Durante su intervención, afirmó: "Estamos cambiando profundamente a la Argentina porque no queremos discutir más esta lógica ridícula y retrógrada entre ambiente y economía que empobrece a los argentinos".