En una cancha, en el patio de una escuela o en una plaza, jugar debería ser una de las experiencias más seguras de la infancia. Sin embargo, un arco sin la fijación adecuada puede convertirse en un peligro.
Ley Joaquín: qué medidas de seguridad deberán cumplir los clubes y las escuelas
El Senado convirtió en ley la iniciativa que busca evitar accidentes en espacios deportivos y recreativos. Alcanza a instituciones públicas y privadas, plazas y lugares de juego, y establece condiciones de instalación, sujeción, mantenimiento y control de los equipamientos.

La muerte de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años que falleció en enero de 2026 después de que una estructura de fútbol cayera sobre él, impulsó una iniciativa que busca que ninguna otra familia atraviese una tragedia similar.
Este jueves 19 de noviembre, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad, con 68 votos, la denominada Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias de seguridad para los equipamientos deportivos y recreativos instalados en espacios públicos y privados. La norma apunta a prevenir accidentes y proteger a niños, niñas, adolescentes y a todas las personas que utilizan esas instalaciones.

Qué medidas de seguridad establece la Ley Joaquín
La ley comprende a las instituciones públicas y privadas, cualquiera sea su forma jurídica, que tengan equipamiento deportivo o recreativo en sus instalaciones. También alcanza a quienes dispongan de esos elementos en espacios públicos.
El objetivo es que las estructuras cuenten con condiciones adecuadas de estabilidad, sujeción y amortiguación, para evitar desprendimientos, vuelcos o impactos graves. Entre los elementos contemplados se encuentran los arcos deportivos, los aros, los postes y los juegos de plaza.

Esto incluye equipamientos utilizados en distintas disciplinas, como fútbol, hockey, handball, rugby, básquet y vóley, además de estructuras destinadas al entretenimiento y la recreación.
Las instituciones deberán garantizar que los elementos estén correctamente instalados, sujetos y mantenidos. Las condiciones técnicas específicas —como los requisitos de anclaje, peso y protección para cada tipo de estructura— serán establecidas mediante estándares mínimos y guías de implementación.
La iniciativa también contempla la protección de las superficies y estructuras cercanas para reducir el riesgo de golpes y lesiones. La seguridad, de esta manera, no dependerá solamente de que un arco o un juego esté en buenas condiciones el día de su instalación: deberá sostenerse a través del mantenimiento y los controles correspondientes.

Quiénes deberán controlar los clubes, las escuelas y las plazas
La responsabilidad de cumplir con las medidas recaerá sobre las instituciones alcanzadas por la norma. Sin embargo, el control no quedará librado únicamente a la decisión de cada establecimiento.
El texto establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán definir, mediante sus respectivas normas de adhesión o reglamentación, qué autoridad local estará a cargo de la aplicación, la supervisión y los controles. También deberán establecer las eventuales multas y sanciones por incumplimientos.
La Subsecretaría de Deportes de la Nación tendrá un rol de coordinación y asistencia. Entre sus funciones estará elaborar estándares técnicos mínimos y guías para implementar las medidas de seguridad. Además, deberá diseñar y coordinar una campaña gratuita y permanente de capacitación sobre seguridad en equipamientos e infraestructura deportiva y recreativa.
Otro punto previsto es la intervención de las compañías de seguros: al extender la cobertura a una institución, deberán requerir que se acredite el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.
La ley invita a las provincias a adherir y dispone que el Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentarla dentro de los 30 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. Por eso, la puesta en marcha de los controles y las exigencias locales dependerá también de las normas que se dicten en cada jurisdicción.

La historia de Joaquín que impulsó la ley
Joaquín Stefano Gatto tenía 12 años y era oriundo de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. En enero de 2026 participaba de un campamento en Junín de los Andes, Neuquén, cuando un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo cayó sobre él. Las lesiones que sufrió derivaron en su muerte.
Después de la tragedia, su familia impulsó una iniciativa para que los espacios deportivos y recreativos tuvieran condiciones obligatorias de seguridad. El pedido buscó transformar una pérdida irreparable en una herramienta de prevención para otros chicos y chicas.
El proyecto avanzó en el Congreso: obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y luego el dictamen favorable de la Comisión de Deportes del Senado. Finalmente, recibió la sanción definitiva en la Cámara alta, con el acompañamiento de los 68 senadores presentes.
La aprobación de la Ley Joaquín no puede reparar la ausencia de un hijo ni borrar el dolor de una familia. Pero convierte ese reclamo en una política pública que busca evitar que un accidente prevenible vuelva a cambiar la vida de una familia para siempre.
Porque una cancha, una escuela y una plaza tienen que ser lugares para correr, aprender, compartir y crecer. Y porque ningún chico debería correr peligro por acercarse a jugar.









