La ahora ex fiscal fue apartada del Ministerio Público de la Acusación tras una acusación en su contra elevada por el auditor general del MPA, Leandro Mai, a la que Acuerdos se avocó.
La Legislatura de Santa Fe removió de su cargo a una fiscal de Tostado
Por mayoría de votos en Diputados y por unanimidad en el Senado dejó de pertenecer al Ministerio Público de la Acusación la Dra. Shirli Soledad Tomasso, que se desempeñaba en la Fiscalía Regional 5. Hubo 10 legisladores en contra de la medida, 3 abstenciones y varias bancas vacías.

Al cabo de un extenso y por momentos tenso debate y de la consideración de un dictamen que solo había logrado la mayoría (no la unanimidad) en Acuerdos, se registró la unanimidad del Senado y la votación dividida en Diputados.
La ahora ex funcionaria del órgano acusador fue apartada por demoras en las investigaciones y falta de diligencias judiciales. El diputado radical Marcelo González actuó como acusador ante la Comisión Bicameral, y su labor terminó con un dictamen de mayoría. En el recinto, durante el debate expuso extensamente sobre los motivos para esa medida extrema.

En la sesión conjunta hubo 14 senadores que al momento de votar esa cámara lo hicieron por la afirmativa: todos pertenecen al oficialismo y en Diputados, en tanto, se contaron 30 por la afirmativa y 10 por la negativa, con tres abstenciones.
También llamaron la atención las ausencias. No sesionó ningún senador provincial del justicialismo: Rubén Pirola, Alcides Calvo, Hugo Sosa, Armando Traferri y Eduardo Rosconi decidieron no concurrir. Y tampoco las diputadas socialistas que pertenecen al sector de Clara García participaron del debate. Se ausentaron, además de la presidenta de la Cámara de Diputados, las socialistas Lionella Cattalini, María del Rosario Mancini y Gisel Mahmud. Se registraron más faltas, pero resultan de menor significación política.

El debate
Como acusador actuó el diputado González, quien expuso en el recinto las razones para las que se tome esa medida. Narró detalles de su trabajo y abundó en números respecto de la conducta de la fiscal removida. Entre otros aspectos mencionó una demora de 11 meses para pedir un allanamiento a un acusado de una violación de un menor.
En otras causas aseguró que su labor derivó en consecuencias negativas sobre el funcionamiento del servicio y que dañó las chances de la persecución penal en otros expedientes judiciales.
En defensa de la Dra. Tomasso habló el diputado provincial Fabián Palo Oliver del Frente Amplio por la Soberanía, que votó de manera negativa, lo mismo que sus pares del bloque del Frente Amplio por la Soberanía.

Por momentos con argumentos similares, desde el otro extremo ideológico, defendió a Tomassi el diputado Emiliano Peralta, de Somos Vida. También los restantes miembros de esa bancada votaron por no aplicar la remoción, y recordaron que en su opinión hubieran bastado 180 días de suspensión.
A la decena de rechazos al dictamen de Acuerdos la completaron diputados del PJ, donde también hubo abstenciones y ausencias notorias, como en el oficialismo.
Oliver abundó sobre los problemas materiales que encuentran los fiscales en su labor en el norte de la provincia, en número de colaboradores y distancias y consideró desproporcionada la medida, además de arbitraria.

Una ley en su final
Oliver afirmó que Acuerdos funciona como una “Comisión Inquisidora” sobre los fiscales y esa expresión como otras críticas a la legislación vigente que permite al Poder Legislativo aplicar sanciones sobre fiscales y defensores abrió un debate más profundo.
La nueva Constitución ha previsto que un consejo de la magistratura, no ya los diputados y los senadores, tome en sus manos con la presencia de los colegios profesionales y otros actores del sistema judicial, además de representantes de los poderes, este tipo de decisiones que exceden las sanciones internas del MPA (y de la Defensa).
En la interpretación del FAS la fiscal fue removida por haber denunciado por violencia laboral al fiscal regional Carlos Vottero.
Sostuvo que hasta antes de esa denuncia, la por entonces fiscal de Tostado había gozado de buenas calificaciones internas en el MPA. Y vinculó ese hecho con las posteriores acusaciones contra Tomasso.
Al concluir la sesión, el presidente del bloque socialista Joaquín Blanco, habló del urgente final que debe ponerse a la actual potestad de la Legislatura para sancionar a fiscales y defensores, tal como ha previsto la Constitución.
Confesó, en medio de una bancada que tenía varios asientos sin ocupar, que se siente “la incomodidad” que “tenemos los legisladores” porque pasaron 14 meses “sin que hayamos legislado en la materia”.
El cambio de mecanismo previsto por la Constitución reformada tiene prevista la sanción de una ley que no tuvo avances, en una cláusula transitoria que permite hasta septiembre de 2027 debatir la nueva legislación.








