Caso $Libra: “El Congreso hizo su parte, ahora le toca a la Justicia”
“Durante meses no funcionó ningún resorte institucional para proteger la investidura presidencial”, advierte el legislador de Coalición Cívica, para quien investigar, en el marco de la comisión especial, fue una obligación”.
Ni el Presidente Javier Milei ni la secretaria General de Presidencia Karina Milei aceptaron dar informes ante la comisión investigadora del Caso $LIBRA. Foto: Archivo.
El 14 de febrero de 2025 no fue un día más en el país. Casi a final de esa jornada, el Presidente de la Nación promocionó (o difundió, según quién lo cuente) en X la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó horas después generando pérdidas millonarias a más de 44 mil inversores.
La revelación de que previamente había mantenido reuniones con los responsables del proyecto dio una nueva dimensión a la polémica y disparó denuncias judiciales y la conformación de una comisión investigadora en el Congreso.
Un año después, el presidente de esa comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) repasa en diálogo con El Litoral las circunstancias en las que se llevó adelante esa iniciativa, para qué sirvió y qué puede esperarse sobre el caso.
- A un año de que el caso $Libra tomara estado público, ¿qué tanto impacto considera que tuvo en la opinión pública?
- Sin lugar a dudas, tuvo un impacto enorme. Es, para mí, junto con las coimas en la Agencia de Discapacidad, el caso más relevante en la Argentina durante el último año, porque en $LIBRA se combina corrupción, alcance internacional y, sobre todo, el involucramiento directo del Presidente de la Nación utilizando su investidura para promover un emprendimiento privado que terminó en estafa.
El diputado Maximiliano Ferraro, diputado nacional de Coalición cívica, presidió la comisión investigadora del caso $LIBRA desde agosto a noviembre de 2025.
Eso lo vuelve distinto. No fue un episodio marginal, puso en discusión la responsabilidad presidencial y un patrón de conducta del gobierno que siempre confunde lo público y lo privado.
- Y se mantuvo en agenda.
- Sí. Porque cada revelación, los contratos, las reuniones entre Milei y los organizadores de $LIBRA y las transferencias sospechosas, fueron confirmando la gravedad institucional, gracias al trabajo de periodistas, especialistas técnicos y de los Diputados que integramos y promovimos la Comisión Investigadora.
A pesar de no ser un tema tan fácil o tan común, gran parte de la sociedad entendió que no era un simple escándalo más, sino un grave hecho de corrupción con impacto global, y por eso siguió presente en la agenda pública durante todo el año.
- ¿Se fue modificando a medida que circulaba más información?
- Sí. A medida que avanzaron las investigaciones del periodismo, del Congreso y de manera muy lenta de la Justicia, lo que al principio el Gobierno intentó instalar como una simple “difusión” del Presidente negando vínculos con estos personajes del mundo cripto, terminó quedando claro que había sido un proyecto planificado y premeditado en el que se utilizó la investidura presidencial para legitimar un negocio privado que terminó en estafa
$LIBRA dejó de ser un hecho aislado o como dijo el presidente una difusión de algo que vió en redes. La aparición de un contrato confidencial de asesoramiento firmado el 30 de enero de 2025 entre el Presidente y Hayden Davis, desmintió de manera directa la versión oficial de que no existía ningún vínculo previo.
Ese contrato legitimó a Davis como representante de Milei y confirmó frente a terceros la participación que iba a tener el Presidente quince días después en el lanzamiento de $LIBRA.
- ¿Considera que este episodio dejó expuestas debilidades estructurales en los mecanismos de control del Estado como tales?
- Sin ninguna duda. Lo de $LIBRA dejó expuesto al Presidente y a su círculo de funcionarios más cercanos, en su falta de integridad pero también en su irresponsabilidad. Durante meses no funcionó ningún resorte institucional para proteger la investidura presidencial; permitieron y facilitaron reuniones con dos lobbystas y pseudo empresarios crypto como fueron Novelli y Terrones Godoy, que se sospecha que cobraban decenas de miles de dólares para facilitar reuniones con el Presidente.
Tampoco hubo controles preventivos respecto de los contratos, cartas de intención y propuestas técnicas por parte de la Secretaría Legal y Técnica o de la Procuración del Tesoro. Los organismos creados justamente para evitar que el Estado asuma compromisos sin respaldo jurídico y administrativo adecuado, no funcionaron.
Todo lo que pasó fue llevado por el Presidente y su círculo con total secretismo y ocultamiento a las estructuras institucionales que debieran haber intervenido.
Y lo peor es que tampoco hubo un control posterior al escándalo que podamos decir que se haya hecho siguiendo algún estándar de transparencia o integridad pública.
Impulsaron una “auto investigación” creando la Unidad de Tareas de Investigación que jamás publicó su informe, y le pidieron a la Oficina Anticorrupción que emita un dictamen que terminó hecho a medida del Presidente para lavarle la cara en el escándalo.
Más aún, los funcionarios a cargo de estas investigaciones, se negaron a concurrir a declarar a la Comisión Investigadora.
- ¿Cómo evalúa el desempeño de la comisión investigadora del Congreso?
- Fue un trabajo de meses sumamente serio y responsable. El grupo de diputados que impulsamos la investigación dejamos de lado, por un momento, las diferencias políticas que tenemos por nuestra historia. Y lo hicimos, además, teniendo que sortear permanentemente la estrategia de obstrucción y entorpecimiento del oficialismo y sus aliados.
Aún así, nunca renunciamos ni a nuestra facultad de contralor ni a nuestra obligación de investigar para cumplir con el derecho de la sociedad a saber la verdad sobre $LIBRA.
Y lo hicimos siempre dentro de las prerrogativas que la Constitución, la jurisprudencia y el derecho parlamentario reconocen a las comisiones investigadoras. Cumplimos con nuestro deber, con responsabilidad, con firmeza y con absoluto respeto institucional.
Oscar Agost Carreño, uno de los diputados que integró la comisión investigadora y viajó a Estados Unidos para analizar documentación. Foto: Archivo.
Me parece fundamental poner en valor el gran equipo de diputados que trabajamos con tanta seriedad técnica y responsabilidad política. Juan Marino me acompañó en la Secretaría de la Comisión. Oscar Agost Carreño, Sabrina Selva, Mónica Frade, Fernando Carbajal, y, en general, los catorce diputados de la oposición que sostuvimos la investigación con templanza y compromiso.
- ¿El informe final cumplió su cometido?
-El Informe Final reconstruye los hechos con un análisis minucioso de lo ocurrido, en base a documentación probatoria que logramos incorporar a través de la participación de especialistas técnicos, periodistas y a los requerimientos de información realizados a las plataformas crypto exchanges sobre las cuentas y transacciones de los involucrados de $LIBRA.
Esto último fue fundamental porque logramos hacer la trazabilidad de la ruta del dinero entre Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales que era asesor en la Comisión Nacional de Valores. Utilizaron intermediarios dentro y fuera del país para intentar que se pierda el registro y para transformar el dinero crypto en dinero físico a través de cuevas que hacen este tipo de operaciones.
- ¿Qué conclusiones relevantes logró establecer la comisión y cuáles quedaron pendientes?
- La Comisión logró establecer que no estábamos frente a un hecho aislado sino ante un patrón de conducta reiterado, vinculado a la promoción de cripto activos por parte del Presidente. Pudimos identificar antecedentes claros como el caso de la moneda $KIP que mostró un modus operandi similar a $LIBRA, y como decía, confirmamos vínculos y transacciones crypto directas entre los principales actores de $LIBRA en la blockchain.
También quedó acreditado que la promoción presidencial fue determinante para el volumen de compras de $LIBRA, es decir, que sin ese impulso desde su cuenta oficial de X verificada el lanzamiento de la moneda no hubiera tenido la magnitud que tuvo.
A su vez, se constataron 16 reuniones en Casa Rosada y Olivos en las que participaron los lobistas Novelli o Terrones Godoy con alguno de los hermanos Milei, todas ellas autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia.
También se verificó que el número de contrato para comprar LIBRA fue publicado por primera vez en internet por el Presidente en el tweet del 14 de febrero. Antes esa información no era de circulación pública y hasta hoy el Presidente no puede explicar cómo accedió a ese link de 43 caracteres.
Queda mucho por investigar aún, sobre todo por la falta de cooperación y la estrategia de obstrucción del Presidente y los funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes se negaron a responder y a comparecer permanentemente ante la Comisión.
Ni Javier Milei, ni Karina Milei respondieron los requerimientos de la Comisión; le deben al Congreso explicaciones sobre dudas centrales sobre su participación en $LIBRA, algo que en una investigación de esta magnitud institucional es incomprensible.
- ¿Cree que el Congreso estuvo a la altura de las circunstancias?
- El Congreso no miró para otro lado y eso no es un detalle menor. Ahora bien, también es cierto que no todos los sectores del Congreso estuvieron a la altura con la misma convicción. Hubo bloques y dirigentes que entendimos que investigar era una obligación, y otros “republicanos de ocasión” que eligieron dilatar, poner obstáculos o minimizar los hechos.
- ¿Cómo observa hoy el curso de la investigación judicial?
- La verdad que con mucha preocupación, la investigación a cargo del fiscal Eduardo Taiano está avanzando a un ritmo demasiado lento frente a la gravedad institucional de los hechos. La Justicia tiene en su poder una enorme cantidad de documentación probatoria que en parte hemos remitido desde la Comisión Investigadora, y sin embargo, no actúa con celeridad.
Hace unos días, junto a la diputada nacional Monica Frade, le solicitamos al fiscal que incorpore formalmente la información publicada por Clarín, que confirmó la existencia y el texto completo de un contrato confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei, cuya existencia no fue oportunamente informada y habría sido ocultada por el Presidente y otros funcionarios.
Esta causa no puede quedar en un cajón ni depender de la buena voluntad o del timing político del fiscal Taiano o el juez (Marcelo) Martinez de Giorgi. Tienen que acelerar el ritmo y demostrar que pueden estar a la altura del trabajo riguroso que hicimos desde el Congreso, lo necesita una sociedad harta de la corrupción y la impunidad.
- ¿Considera que la información aportada por el Congreso fue debidamente aprovechada por la Justicia?
- La verdad que no. La Comisión Investigadora produjo un volumen de información técnica, documental y probatoria muy significativo. Todo ese material fue puesto a disposición de la Justicia.
Sin embargo, lo que vemos hasta ahora es que la voluntad de investigación judicial no refleja la magnitud de la prueba aportada. Hay elementos suficientes para avanzar con medidas más firmes y con más celeridad.
- ¿Qué perspectivas ve para la evolución del caso en los próximos meses?
- El Congreso hizo su parte, ahora le toca a la Justicia. La evolución de la investigación depende del Juez y el Fiscal. La causa debería entrar en una etapa de definiciones más concretas y no de mera acumulación en el expediente.
$LIBRA no es un tema cerrado ni del pasado; sigue teniendo consecuencias institucionales, la investigación sigue su curso en los Estados Unidos y muchos periodistas siguen investigando el caso.
"$LIBRA no es un tema cerrado", advierte el diputado Maximiliano Ferraro que aspira a que la Justicia acelere la investigación. Foto: Archivo.
Hay preguntas elementales que siguen sin respuesta, pero en cualquier escenario, la investigación es irreversible: hay responsabilidades políticas expuestas, evidencia, pruebas y un informe del Congreso muy fuerte.