El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso al abogado y fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para asumir la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir y detectar operaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo en la Argentina.
Cambios
Juan Bautista Mahiques propuso al fiscal Matías Álvarez para presidir la UIF
El ministro de Justicia impulsó la candidatura del actual funcionario de la Procuraduría de Narcocriminalidad para conducir la Unidad de Información Financiera, en el marco de una reestructuración que alcanza a varios organismos clave del área judicial y de control.
La postulación forma parte de una serie de cambios impulsados por la nueva conducción de la cartera judicial tras la llegada de Mahiques al cargo.
Reorganización en organismos claves
La propuesta de Álvarez se inscribe en una reestructuración más amplia del área de Justicia que comenzó luego de que Mahiques asumiera como ministro en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Según trascendió, la nueva gestión solicitó la renuncia de los titulares de distintos organismos considerados estratégicos para el control institucional.
Entre las dependencias alcanzadas por esta decisión se encuentran la propia Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). La iniciativa apunta a renovar la conducción de organismos vinculados al control del Estado y al seguimiento de delitos económicos y financieros.
Dentro de este esquema, la UIF ocupa un lugar central en el sistema de prevención del lavado de activos. El organismo recibe reportes de operaciones sospechosas provenientes de entidades financieras y otros sujetos obligados, analiza la información y puede remitirla a la Justicia cuando detecta indicios de delitos financieros.
En ese contexto, la eventual designación de Álvarez buscaría reforzar el perfil investigativo del organismo y profundizar la articulación con áreas dedicadas a la persecución de delitos complejos, de acuerdo con el enfoque que pretende imprimir la nueva conducción del Ministerio de Justicia.
Perfil del candidato
Álvarez es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo diploma de honor con orientación en Derecho Penal. Además, cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.
En la actualidad se desempeña como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), una dependencia del Ministerio Público Fiscal dedicada a coordinar investigaciones vinculadas al narcotráfico y a otros delitos complejos. En ese ámbito participa en investigaciones y litigios estratégicos relacionados con la criminalidad organizada.
Su trayectoria dentro del Ministerio Público incluye cargos como auxiliar fiscal entre 2019 y 2023, además de funciones previas como secretario de fiscalía. También trabajó en el Poder Judicial de la Nación, donde integró equipos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12 de la Ciudad de Buenos Aires, primero como escribiente auxiliar y luego como jefe de despacho.
A nivel internacional, el fiscal participa desde 2017 en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde actualmente se desempeña como co-coordinador adjunto. Esta red promueve la cooperación entre fiscales de distintos países para abordar delitos vinculados al narcotráfico y a la criminalidad organizada.
Además de su actividad judicial, Álvarez desarrolla tareas académicas vinculadas al derecho penal. Es profesor adjunto de Derecho Penal —Parte General— en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y también se desempeña como jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Derecho de la UBA.
La candidatura aún debe avanzar en el proceso administrativo correspondiente para convertirse en una designación formal. Sin embargo, su postulación anticipa el rumbo que busca imprimir el Ministerio de Justicia en áreas consideradas sensibles para el control del lavado de dinero y otras formas de criminalidad económica, en un contexto de reorganización institucional dentro del Gobierno nacional.
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