El precio de atar la producción al vaivén del mercado mundial

El gobierno nacional tomó decisiones políticas sobre las energías en general y sobre el sector eléctrico en particular, en cuanto llegó a la Casa Rosada, que ahora muestran su costado más costoso: el de pagar las tarifas que ya no cuentan con subsidios, ni posibilidades de financiación.

El sector industrial (en especial el de las jaqueadas Pymes) sabe -incluso desde la época en que Sergio Massa intentó ordenar la relación entre costos del sector y tarifas- que para revertir el desorden anterior es necesario que el costo de ese insumo fabril tenga una valores similares a los del mercado.

Era evidentemente insostenible el festival de años anteriores, con tarifas mayoristas regaladas a todos los sectores sin importar su capacidad de pago y en favor del consumo más irresponsable. Pero ahora hay una suba de casi el 500%, en el lapso de un mes, que denuncia ante las autoridades nacionales el gobierno de Santa Fe.

Ese incremento es ciertamente capaz de poner en peligro a las empresas, más cuando las tasas de interés bancarias no han tomado nota de la baja de la inflación.

Se trata entonces de un factor de riesgo que requiere de una política anticíclica puntual que por ahora la gestión libertaria no parece dispuesta a asumir.

Curiosamente también desde la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Economía de la Nación se dispuso un generoso perdón fiscal para con las deudas por energía impaga para las distribuidoras que se han atrasado. Las privadas Edenor y Edesur que actúan en el mercado eléctrico más rentable del país son las principales beneficiarias.

Lo esperable

En pocas palabras, que haya subido a las nubes el costo de los kilovatios/hora como insumo industria es un problema, pero no una sorpresa. Todo lo hecho hasta aquí desde el regulador pone a los usuarios industriales y comerciales con más demanda expuestos a lo que suceda con los precios del mercado, que lógicamente suben cuando se debe importar combustible en invierno.

La guerra y sus secuelas sobre el precio del petróleo y el gas fueron los temas centrales de un comunicado de Cammesa, difundido dos meses atrás, en el que se advirtió que costo del megavatio hora se había disparado en la Argentina. Y que eso precios iban a llegar a las tarifas finales de quienes no cuentan con subsidios.

En junio la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico informó que el precio de la electricidad en el mercado spot había superado -durante mayo- los 105 dólares por MWh, casi el doble de los US$ 58 por MWh registrados en abril.

Y decía "el fuerte incremento está vinculado al aumento de los costos de los combustibles utilizados para generar energía, en un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente y la creciente tensión en los mercados energéticos".

"Durante gran parte del año, las centrales termoeléctricas operan con gas natural producido en el país. Sin embargo, con la llegada del invierno, una parte importante de ese suministro se destina al consumo residencial, obligando a las usinas a utilizar combustibles alternativos más costosos, como gas natural licuado (GNL) importado, gasoil y fueloil", siguió.

En realidad, esa sociedad anónima en manos del Estado nacional se quedó corta porque en junio y julio el megavatio llegó a subir a 130 y hasta 150 dólares.

Obviamente, todos los hogares (con o sin subsidio) están fuera de esa norma regulatoria que llegó a días de que asumiera su gestión el presidente Javier Milei, mediante la Resolución 976/2023 de la Secretaría de Energía de la Nación, lo mismo que la dolarización de las tarifas mayoristas del gas y la electricidad al tipo de cambio oficial.

Hoy el contexto cambiario no justifica preocupaciones inmediatas, pero ¿Qué sucederá si el valor del billete verde llegara a escaparse?

El Reporte de Tarifas y Servicios elaborado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas indica que los hogares subsidiados pagan hoy apenas el 35% del valor de mercado de la energía mayorista, mientras que aquellos que no cuentan con esas ayudas lo hacen con la totalidad de ese valor.

En promedio para la totalidad de las viviendas de la Argentina que pagan por servicio de provisión de energía eléctrica el Estado Nacional pone todavía un 37% del precio del mercado mayorista (fijado por Cammesa).

El informe de UBA- Conicet citado pertenece a su Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Y justamente, de eso se trata, de una decisión política sobre una herramienta económica.

Esos lineamientos se tomaron en diciembre de 2023. Y el país quedó aún más atado a los vaivenes del mercado mundial. Los cargos fijos de Cammesa de los que se queja la administración de Maximiliano Pullaro tienen un traslado inmediato a los bolsillos de los usuarios con mayor demanda de energía eléctrica.

Eterna emergencia

Desde el punto de vista jurídico, todo está en manos del Poder Ejecutivo Nacional y sin ninguna ley que lo respalde. La situación de emergencia en materia de energía subsiste en el país desde hace ya 25 años, y le permite al presidente Milei, como antes a los presidentes Kirchner, Macri y Fernández tomar estas y también otras medidas.

Nada se modificó del marco legal de privatizaciones de los '90, solo se acudió a decretos de prórroga. Y en diciembre de 2023 se volvió a las tarifas reconocidas en dólares como pedía todo el sector (menos los usuarios que ganan en pesos) y se decidió que de manera inmediata, mes a mes, los sectores sin subsidios deban enfrentar el costo del kw/h del mercado.

¿Por qué la Argentina, que tiene reservas de gas enormes en Vaca Muerta, debe abastecerse mediante buques de GPL importado cada invierno? La respuesta está en el atraso de las inversiones en infraestructura para su explotación.

No son suficientes los gasoductos existentes. Incluso hoy se advierte que cuando termine de desarrollarse ese yacimiento no convencional en todo su potencial harán falta más y mejores vías de comunicación vial y/o ferroviarias que no deberían demorarse para evitar un cuello de botella.

El país usa menos barcos cargados con gas licuado de petróleo que en años anteriores, pero todavía los necesita. Y hoy, conflictos bélicos e incertidumbres varias por los aranceles de los Estados Unidos mediante, el valor de esos cargamentos es mucho más alto, al igual que el barril de petróleo. Quien ata su suerte al mercado mundial está expuesto a esta situación.

Si se hubieran construido los gasoductos necesarios, el país no debería importar combustibles caros para alimentar la generación térmica (entre el 50 y el 60% depende de ella).

Mientras tanto, como se ha planteado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, pueden ofrecerse (como a los usuarios residenciales del gas natural) políticas que aplanen el actual pico en las facturas de invierno de las empresas de mayor demanda de energía eléctrica.

La principal dificultad para que se implementen estas soluciones son sus convicciones. El dogmatismo rechaza estas intervenciones que la presidencia solo reserva para los hogares más vulnerables. En el actual esquema de subsidios focalizados ya no hay lugar para colaborar desde el Estado con la clase media y sus gastos.

La ayuda es solo para las familias más pobres que logren probar esa condición y que además se ocupen de hacer los trámites necesarios, que tampoco se difunden. El caso más extremo es el de las garrafas de 10kg, cuyos potenciales beneficiarios en su mayoría lo ignoran.